Por María E. Foronda Farro(1)
En 1992 se celebró en Rio de Janeiro la cumbre Mundial del Ambiente promovida por Naciones Unidas para ratificar una alianza mundial para proteger al planeta, suscribiéndose 27 principios que con el tiempo inspiraron la promulgación de leyes y políticas de estado para el desarrollo sostenible.
Uno de estos fue el principio 10 en el cual se reconoce que la mejor manera de tratar los procesos ambientales es a través del reconocimiento del derecho al acceso de la información, participación ciudadana y justicia ambiental como derechos inherentes a las personas. En este proceso de negociación 24 países de América Latina entre ellos el Perú, con el soporte de la CEPAL, redactaron un acuerdo regional. El principal objetivo era convertir el acuerdo en un instrumento jurídico para que los estados establezcan estándares adecuados que aseguren el acceso a estos derechos en procesos ambientales.
Con el acceso a la información se genera un escenario transparente y abierto sobre los procesos de inversión que pueden generar impactos en el ambiente, de modo que los ciudadanos cuenten a tiempo con la data disponible para una adecuada decisión. Lo segundo es la participación que asegura el derecho efectivo y oportuno de los (as) ciudadanos en la toma de decisiones como la viabilidad o monitoreo ambiental de un proyecto, adecuándose a la realidad de las poblaciones y sus cosmovisiones.
Finalmente, acceso a la justicia ambiental cuando los derechos son vulnerados para acudir a las entidades de justicia dando especial importancia a los defensores ambientales quienes arriesgan su integridad personal mientras realizan acciones en defensa del ambiente. Recordemos que el Perú el tercer país con mayor cifra de muertes de activistas ambientales en la región.
Así lo entendimos y lo defendí en el Congreso de la República y por ello presenté una moción al Pleno para que se priorizara su debate y aprobación en la Comisión de Relaciones Exteriores, teniendo la férrea oposición mayoritaria del fujimorismo. Además, hicimos un debate público sobre su contenido que recibió respaldo masivo de las organizaciones sociales y academia, así como de juristas.
Ya el presidente Vizcarra envió esta iniciativa al Congreso y la obligación de los parlamentarios actuales es informarse de los procesos que nos llevó a la firma del Convenio sin dejarse intimidar por voces alarmistas que quisieran se mantengan las condiciones de inequidad, exclusión e injusticia ambiental sin reglas claras de juego, tal como se hizo en la época oscurantista del fujimorato, voces que hoy han lanzado una orquestada y millonaria campaña de desprestigio al Acuerdo de Escazú; un acuerdo que nos permitirá reducir los conflictos ambientales (más de doscientos), mejorar el acceso real a la justicia ambiental y fortalecer procesos democráticos en coherencia con el cumplimiento de la Política de Estado Nro. 19 y la frondosa legislación nacional así como acuerdos internacionales en esta materia.
No hay amenaza a la soberanía y menos al territorio amazónico, su aplicación es nacional y fortalece el sistema de gestión ambiental en todos sus niveles territorial y sectorialmente, para algunos sectores privados, militares y aliados políticos es inconveniente pues prefieren tener un país desordenado, contaminado y en conflicto -por eso hasta ahora no se aprueba la ley de Ordenamiento Territorial ni el reglamento de delimitación de cabeceras de cuencas-.
La aprobación del Acuerdo de Escazú será un hito histórico que requiere de decisiones valientes sustentadas en principio y derechos irrenunciables que guían la actuación de nuestro país en el escenario nacional e internacional siendo coherentes entre lo que dicen y hacen. Esperamos que esta vez no triunfe la intolerancia y destrucción, la pandemia que estamos viviendo nos demuestra la necesidad de tomar decisiones serias y viables no tenemos ni otro planeta otro ni país aseguremos el futuro de las actuales y futuras generaciones.
1 Política y Socióloga Peruana, ex congresista de la Republica por el Frente Amplio, entre el 2016 y 2019. Presidió la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República. El año 2003 fue galardonada con el Premio Ambiental Goldman, por sus campañas para mejorar el tratamiento de los residuos procedentes de la industria de harina de pescado del país.
