El Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos, la Mesa de Trabajo por los DDHH y la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) junto a ALBA (Suiza), Consejo Pro Bolivia Europa, Consejo Pro Bolivia (Francia), Asamblea de Ciudadanes Argentinos en Francia (ACAF), Colectivo Wiphala (Perú- Bolivia), Bolivia Solidarity Campaign (Reino Unido), Casa Nuestra América (Argentina) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. ( Argentina), exige al gobierno boliviano la otorgación inmediata de salvoconductos a las siete ex autoridades bolivianas que se encuentran desde hace más de siete meses en la residencia diplomática de la Embajada de México, donde solicitaron asilo a raíz del golpe de Estado de noviembre del año pasado.

En representación de más de un centenar de organizaciones de derechos humanos, intelectuales, activistas de derechos humanos, periodistas, de Latinoamérica y Europa, participaron de la conferencia de prensa realizada este miércoles 17 de junio, el abogado y jurista Raúl Eugenio Zaffaroni, el sociólogo, escritor y periodista Atilio Borón, la filósofa y docente de la Universidad Nacional de Lanús Isabel Rauber, los representantes de organismos de derechos humanos Eduardo Tavani y Gustavo Tisera, Patricia Moldiz, hija de uno de los asilados y la abogada Lyllan Luque, patrocinante de la familia de Sebastián Moro. 

A manera de presentación, la profesora de Historia de la  Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Córdoba, Virginia Carranza, coordinadora de este comité, hizo una breve relación de los antecedentes por los cuales se lleva adelante esta cruzada internacional y se refirió a la situación de los siete bolivianos asilados, hace siete meses, en la embajada mexicana en la ciudad de La Paz.

A pocas horas del golpe en Bolivia, ante la violencia desatada en su contra, la de sus familiares y de la población en general, solicitaron asilo en la embajada mexicana los exministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; de Defensa, Javier Zavaleta; de Gobierno, Hugo Moldiz; de Justicia, Héctor Arce; de Culturas, Wilma Alanoca; el exgobernador del Departamento de Oruro, Víctor Hugo Vásquez y el exdirector de Agencia de Tecnologías de Información, Nicolás Laguna. Desde entonces los siete ciudadanos se encuentran impedidos de dejar el país por la negativa del gobierno de facto de otorgar los salvoconductos correspondientes, vulnerando los principios fundamentales del derecho de asilo consagrados en el derecho internacional.

Raúl Eugenio Zaffaroni, reconocido abogado y jurista, actual Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirmó que en Bolivia “existe un estado de no derecho”, no sólo del derecho interno del país, sino que se ha vulnerado seriamente “el patrimonio básico del derecho internacional de todos los tiempos, el derecho de asilo”, no solo reconocido por tratados y convenciones de derechos humanos, sino que “es la base consuetudinaria del derecho internacional”. Se los mantiene como rehenes, se los hostiga, se los controla por drones, se amenaza a sus familiares, se ha expulsado a agentes diplomáticos, el ministro del interior ha dicho que va a “cazar” a los asilados, “ese es el estado de no derecho”, aseguró. Ninguno de los siete tenía ningún proceso al momento de solicitar asilo, pero se los armaron en un caso más de Lawfare, “pero más grave aún, porque no se compran jueces, simplemente se los amenaza”, sostuvo el jurista.

Recordó que hace siete meses, a pocos días del golpe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una visita “in situ” realizada a Bolivia como consecuencia de los sucesos relacionados con el golpe, aconsejó al gobierno boliviano la entrega de los salvoconductos a los asilados, no obstante hasta ahora no han atendido la recomendación, agregó. 

Recordó casos similares en la historia latinoamericana que se produjeron con Raúl Haya de la Torre, asilado en la embajada de Colombia en el Perú y con Héctor Cámpora en la embajada mexicana en Argentina, que fueron protagonizados por “estados de no derecho”.

El periodista y sociólogo Atilio Borón, reconocido conocedor de la historia y actualidad latinoamericana y, particularmente, de la boliviana, calificó como “atrocidades” los hechos que se sucedieron durante el asalto al poder por parte del actual gobierno. Dijo que pocas veces se ha visto “tal violencia, racismo, fanatismo, salvajismo y odio en contra del pueblo boliviano, que es muy difícil encontrar en otros tiempos en la historia del continente”.

Necesitamos una oleada de solidaridad internacional, no solo con los siete asilados, sino también para los centenares de presas y presos políticos, que están siendo acusados por este gobierno de la no legalidad, afirmó. Hay que forzar al gobierno boliviano a otorgar los salvoconductos que permitan a los siete salir rumbo a México , sanos y salvos, concluyó.

A su turno, la filósofa Isabel Rauber demandó la solidaridad continental a favor de los presos y presas de Bolivia y, principalmente, de los siete asilados. Mencionó que el acto de solidaridad desarrollado este miércoles, de forma virtual, coincide con el Día de la Libertad Latinoamericana, epopeya comandada por Güemes, la cual tiene precisamente mucho que ver con Bolivia. Debemos dar continuidad a esa gesta por la libertad latinoamericana, exhortó.

Demandó el respeto al derecho y la libertad de las personas, libertad de ejercer su derecho de determinación de conciencia y de acción política y que por ello no deben ser objeto de persecución. Recordó que los siete, así como muchos otros bolivianos, fueron objeto no sólo de amenazas, persecución a sus familias y quema de sus casas, entre otras formas de violencia, por lo cual solicitaron el asilo en la representación mexicana en La Paz.

Eduardo Tavani, abogado y activista de derechos humanos, señaló que su organización, la Asamblea de Derechos Humanos de la Argentina, junto a organizaciones como Abuelas de Mayo, Hijos y otras, con el Dr. Gustavo Ferreira, presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares, el pasado 10 de junio, en favor de los siete, preocupados por la extrema gravedad y la situación crítica en que se encuentran estas personas y que se espera un pronto pronunciamiento de la comisión sobre este urgente tema.

Gustavo Tissera, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba, señaló que su organización denunció el golpe de estado en Bolivia inmediatamente se produjo éste. Vimos como una Bolivia floreciente en derechos y en igualdad se ha oscurecido. Esperamos que pronto vuelva a reinar el Inti y la Pachamama, demandó.

También usó de la palabra la abogada Lyllan Luque, patrocinadora de la familia del periodista Sebastián Moro, muerto durante el golpe de noviembre en circunstancias aún no esclarecidas pese al reclamos de la familia y otras organizaciones de prensa y de DDHH especialmente de la Argentina. Habló de las responsabilidad ética y política con los derechos humanos en toda América Latina, sin distinciones de fronteras. Y, apelando al contexto que transitamos a nivel mundial por el covid19, sostuvo que » el aislamiento llegó a Bolivia antes, y ataca directamente a sus propios ciudadanos, y no podemos permitir que Bolivia siga en aislamiento»

Cerró la conferencia de prensa, la hija del exministro de Gobierno Hugo Moldiz, Patricia. Moldiz, que expresó el dolor, la incertidumbre y la angustia de los familiares de los asilados, no solo por su larga permanencia en la embajada sino porque son constantemente asediados por el gobierno de facto y pidió a la comunidad internacional se exija el cumplimiento del derecho de asilo. «Esta campaña tiene como objetivo hacer que quienes tenemos la dicha de estar libres podamos unirnos para luchar por la libertad y la entrega de los salvoconductos de los siete. Las familias ya no pueden esperar más» expresó Patricia. 

La Campaña por la Libertad y salvoconductos para lxs 7 asiladxs está conformado por más de un centenar de organizaciones y personalidades de distintos países, las cuales, en los próximos días, realizarán actividades similares en sus países, tanto en Latinoamérica como en Europa, con la finalidad de que, a través de la presión solidaria internacional, se exija al gobierno boliviano permita la salida de los asilados, otorgándoles todas las garantías para su integridad y la de sus familias, tal como lo establece el derecho de asilo.