PRONUNCIAMIENTO

La Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE), instancia que articula a organizaciones nacionales e internacionales, redes, organizaciones sociales, instituciones académicas y activistas, reconoce la Educación como un derecho fundamental y habilitante para ejercer los demás derechos humanos. En ese sentido y considerando la emergencia sanitaria que atraviesa el país por el COVID-19, la CBDE observa con gran preocupación la vulneración del Derecho a la Educación de los más de 2.9 millones de estudiantes del sistema educativo nacional y la respuesta insuficiente y de escasa pertinencia del Ministerio de Educación para hacer frente a este problema.

La suspensión de actividades educativas a causa de la pandemia, a partir del 13 de marzo, ha generado la interrupción de procesos de enseñanza y aprendizaje en el sistema educativo y con esta, múltiples consecuencias que producen mayor desigualdad y vulneración del Derecho a la Educación. La medida limita la alimentación escolar gratuita afectando la nutrición de los estudiantes, incrementa la brecha digital entre espacios urbanos y rurales y entre unidades educativas fiscales y privadas, desestructura organizaciones estudiantiles y de padres de familia y atenta contra el desarrollo humano de la población.

Otra de las consecuencias de la cuarentena y el aislamiento social por las restricciones es el alarmante incremento de las violencias que muchas mujeres, niñas, niños y adolescentes están viviendo en sus hogares (violencia basada en género como la violencia sexual, maltrato, violencia psicológica y violencia económica entre otras). Según reportes del Ministerio Público, a mayo de este año, han ocurrido 41 feminicidios, 24 infanticidios y 1.282 casos de violencia a menores de edad durante la pandemia.

El Ministerio de Educación, por su parte, no ha logrado desarrollar un Plan de Emergencia efectivo para mitigar los problemas expuestos, tanto en lo que se refiere a la vulneración del Derecho a la Educación como al desarrollo del Plan Nacional de Contingencia Educativa “Prevención de violencias en el entorno educativo” cuyo compromiso asumió en el mes de febrero en el marco del “Año de la Lucha Contra el Feminicidio y el Infanticidio” propuesto por el gobierno transitorio en ejercicio.

Esta situación se agrava cuando vemos que el Decreto Supremo 4260 emitido en fecha 6 de junio del 2020, que tiene por objeto normar la complementariedad de las modalidades de atención presencial, a distancia, virtual y semipresencial, en los subsistemas de educación regular, alternativa y especial y superior, no hace mención a aspectos específicos como la priorización de contenidos curriculares, aspectos administrativos y de gestión, reprogramación del calendario escolar y una voluntad clara de parte del Estado para realizar una inversión en favor del Derecho a la Educación en el contexto COVID 19; para todos los niños/as adolescentes y jóvenes, sobre todo, para aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, pobreza o en lugares alejados de nuestro territorio. Vemos además que este Decreto carece de consenso porque no fue elaborado con la participación de los actores educativos.

Por todo lo expuesto, la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación, ante la ausencia de un Plan Educativo efectivo para dar soluciones concretas a la educación durante y después de la cuarentena por COVID 19, y ante un Decreto Supremo que agudiza las desigualdades, especialmente, relacionadas al acceso a Internet, a dispositivos tecnológicos, a equipamiento en el área rural, a capacitación a los docentes en herramientas digitales y desarrollo de software entre otros recursos que garanticen un desempeño adecuado, tanto teórico como práctico, para el logro efectivo del aprendizaje, exhorta al Ministerio de Educación, en tanto instancia responsable de garantizar el Derecho a la Educación, a tomar las siguientes medidas de manera inmediata:

  1. Desarrollar con efectividad un Plan de Emergencia Educativa ante el COVID-19 (durante y después de la cuarentena), con lineamientos y reglamentación clara y detallada, con enfoque intercultural, intersectorial, que afirme el Derecho a la Protección Social para garantizar las condiciones necesarias del cumplimiento del Derecho a la Educación. El mismo tendrá que ser consensuado con los diversos sectores de la sociedad civil y actores fundamentales del sistema educativo, el Plan debe garantizar una educación equitativa, inclusiva y de calidad.
  2. Acompañar el Plan de Emergencia Educativa (postcuarentena) con insumos, adecuación de infraestructura y protocolos de bioseguridad que permita a las y los estudiantes, educadores y personal de centros educativos de las diferentes modalidades de educación regular, alternativa, especial y superior retornar a las clases de manera segura.
  3. Incluir en el Plan de Emergencia lineamientos que aseguren a las y los estudiantes el acceso al uso de nuevas tecnologías en todo el sistema educativo (acceso a dispositivos, Internet gratuito, cobertura a nivel nacional, desarrollo de software propio) respondiendo a la necesidad y compromiso de afirmar soberanía tecnológica en el país.
  4. Designar recursos económicos suficientes para garantizar el cumplimiento y efectividad para un Plan de Emergencia Educativa ante el COVID-19 a través de una inversión clara, transparente y progresiva, que considere la afectación generada en este contexto y la recuperación del Derecho a la Educación de forma contextualizada y focalizada en todo el territorio nacional.
  5. El Plan de Emergencia debe responder a la incertidumbre en la que se encuentran estudiantes, padres, madres de familia y directivos de centros de formación regular, alternativa, especial, de formación profesional y formación técnica tecnológica, haciendo explícita la situación de los estudiantes que se encuentran en el último año de escolaridad y de aquellos que se encuentran por egresar en los Centros de Educación Alternativa y Superior.
  6. Asumir la responsabilidad y efectivizar el Plan Nacional de Contingencia “Prevención de violencias en el entorno educativo” considerando los periodos de cuarentena y post cuarentena. La emergencia sanitaria no debe ser un justificativo para detener las acciones de prevención de violencia, feminicidio, infanticidio y maltrato en la población. El Ministerio de Educación debe informar, capacitar, sensibilizar y desarrollar acciones de prevención de violencia en el sistema educativo. El currículo educativo debe fortalecerse con contenidos referentes a Derechos Humanos, Educación Sexual Integral, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos con enfoque de género.
  7. Convocar a los diversos medios de comunicación del país y exigir que añadan a su programación espacios educativos emitidos a través de radio, televisión, prensa escrita y medios digitales en general, considerando que es vital activar todos los recursos posibles para acompañar el aprendizaje de las y los estudiantes de todos los niveles del sistema educativo cuyo Derecho a la Educación en la actualidad está siendo más afectado que nunca.

Las organizaciones de la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación consideramos que nuestro rol es contribuir al trabajo que realiza el Ministerio de Educación y poder aunar esfuerzos para que esta solicitud pueda llegar a buen fin para el bien de toda la población. Así también, convoca a autoridades educativas de los distintos niveles administrativos, instituciones, organizaciones, estudiantes, educadores, activistas y a la sociedad civil en su conjunto a fortalecer las comunidades educativas en este momento, reforzar lazos de solidaridad, no renunciar al arte y a la cultura como herramientas educativas fundamentales y también a mantenerse atentas y atentos a las medidas exigidas con el fin de afirmar el Derecho a la Educación.

La Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación se adhiere a los llamados nacionales e internacionales de educar para la solidaridad, la justicia y la equidad.