Para enfrentar la emergencia económico-social que surge de la crisis sanitaria provocada por el covid19, el gobierno chileno resolvió distribuir del orden de 500,000 cajas con alimentos no perecibles a igual número de familias que beneficiarían a 2 millones 500 mil de personas. Se invocaron tres razones para justificar la alternativa escogida.
La primera razón se centra en asegurar la provisión de alimentos ante las actuales necesidades, lo que no sucede al entregar dinero que los necesitados podrían destinar a otros fines. Este argumento revela la desconfianza imperante, fundada o no, por la cual sería necesario no dar a las familias la libertad de definir qué comprar, sino que se compra a nombre de ellas. Se ignora quiénes definieron el contenido de las cajas, con qué criterio lo hicieron y para qué tipo de familia. Pareciera algo impropio en un país que se precia de democrático, al adoptarse decisiones entre bambalinas, que afectan a terceros sin que estos participen, con recursos ajenos.
Si desconfiamos en la capacidad de las personas para decidir qué comprar, cabe preguntarse ¿por qué delegar en las personas la decisión de quienes han de gobernarnos o de legislar? Así era cuando el voto no era universal, cuando solo unos pocos podían votar, quienes tenían un patrimonio, la oligarquía, únicos iluminados de la época con derecho al voto.
Una segunda razón, viene dada porque si bien la logística asociada a la distribución es más complicada que si se otorga un bono, se asegura más contenido en las cajas o canastas familiares con menos recursos debido a las economías de escala que se alcanzarían. Desafortunadamente, las dificultades que se han puesto de manifiesto en el curso de los días dan cuenta que no se asignó el peso que correspondía al complejo abordaje logístico asociado a la cadena de abastecimiento. En efecto, la cadena vinculada al aprovisionamiento de una canasta familiar, incluye procesos que no son triviales: a) hay que definir e identificar el contenido de la canasta asociado al monto que se presupuestó; b) a quienes comprar; c) dónde almacenar la compra; d) cómo armar cada canasta; e) cómo distribuir las canastas y quiénes las distribuirán; y f) cómo entregar las canastas. Toda esta cadena tiene un costo que no es menor, tanto para el armado de las canastas como para su distribución, por más voluntariado que quieras ponerle y donaciones que logres allegar. Lo más probable es que este costo sea sustancialmente mayor que la economía de escala que eventualmente se obtenga con la compra al por mayor.
La tercera razón se basa en que evita desplazamientos de gente a comprar alimentos y por tanto, que disminuye el contagio. Lo que hemos estado viendo no es justamente eso: no se está impidiendo que las personas salgan de sus casas, ya sea a trabajar o a efectuar las compras. De hecho, en el curso de los días el contagio ha ido in crescendo y nada indica que la llegada de las cajas esté aminorando este crecimiento. Distinto sería el caso si estuviésemos viendo una sustancial disminución de salidas a comprar por parte de la gente acompañada de una baja en los contagios.
Cabe agregar algo no menos relevante: la manipulación política por parte de no pocos alcaldes, senadores, diputados, ministros, seremis y otros personeros distribuyendo cajas, algunas de ellas con los nombres de los próceres, quienes simulan ser los benefactores.
Inevitables son también las suspicacias que despierta un gobierno cuyo perfil con un fuerte sesgo empresarial le exige operar con transparencia, sobre todo cuando los recursos comprometidos son significativos. La ciudadanía tiene derecho a saber a cuánto y a quienes se compraron los productos contenidos en la canasta.
