NOTA DE POLITICA EDUCATIVA N° 3

COALICIÓN POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, ECUADOR

Apreciaciones sobre el impacto de las disposiciones educativas nacionales en el derecho a la educación de niños y jóvenes en dos cantones de la provincia del Azuay

Por Rosa Hurtado Morejón (1)

Esta Nota de Política Educativa enfoca la cotidianidad escolar en la etapa de emergencia sanitaria en el Ecuador, con el objetivo de analizar de modo sintético el impacto de las condiciones generadas por las disposiciones de la autoridad educativa nacional sobre el derecho a la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de dos cantones de la provincia del Azuay. Las conclusiones de este caso permiten extraer recomendaciones de política educativa.

Las apreciaciones y conclusiones se basan en las narraciones de primera mano de padres, madres, niños, adolescentes, jóvenes, docentes y autoridades de instituciones de Educación General Básica (EGB) (2). Sus relatos expresan las experiencias de niños y niñas y adolescentes de 4 a 17 años provenientes de familias con diferencias en sus ingresos económicos y capacidad adquisitiva, quienes asisten a establecimientos de diferente tipo: fiscal, fisco-misional, particular técnico religioso y particular laico, ubicados en varias parroquias urbanas y rurales de los cantones Cuenca y Gualaceo de la provincia del Azuay. Sus narraciones también permiten vislumbrar el día a día de maestros de EGB cuya edad promedio es 40 años.

Este aporte para la reflexión, si bien surge de un estudio de caso, constituye una referencia útil para inferir la situación actual de la educación de niñas, niños y adolescentes, en particular de las zonas rurales.

El 12 marzo de 2020 se conoció la suspensión de clases pero no se vislumbraron las características y los efectos que tendría este proceso en el futuro cercano. Según indican las y los entrevistados, pasaron entre dos semanas, en unos casos, y un mes en otros, sin recibir ninguna orientación para organizar las actividades escolares.

Luego de este primer momento sin actividad, los estudiantes recibieron a través de chats grupales de whatsapp indicaciones para la realización de tareas. Los entrevistados subrayan que la totalidad de familias de cada grado o curso interactuaron por este medio. No obstante, es unánime la opinión de que la realización de tareas sin ninguna mediación docente resultó muy difícil y poco estimulante para los estudiantes de todas las edades, mucho más en asignaturas como matemática y ciencias naturales.

En el Bachillerato General Unificado (BGU) los trabajos de Química y Física fueron imposibles de cumplir porque no se entendían el qué ni el porqué de los requerimientos. Manifiestan que en otras asignaturas como lenguaje o inglés su realización fue mecánica. Es decir, se limitaron a seguir el modelo sugerido en la tarea. Esta forma de trabajo educativo despertó en padres y estudiantes incomodidad y generó dudas sobre el valor y la pertinencia de las actividades propuestas.

Semanas más tarde, se dictó una nueva directriz para los establecimientos fiscales (3) con la solicitud de que los trabajos fueran subidos a la plataforma oficial. Para todos los entrevistados resulta claro que esta disposición, además de generar una sobrecarga de trabajo, ignoró que un grupo importante de estudiantes no disponían en su casa de internet, computador e impresora y, por lo tanto, estaba imposibilitado de cumplir con lo dispuesto. Los niños y adolescentes indicaron que antes de la cuarentena podían solventar estas necesidades con los servicios de los cyber privados o de los infocentros que, dicho sea de paso, estuvieron en la mira gubernamental para ser desmantelados. (4)

Posteriormente se dispuso la realización de video conferencias. (5) Todas las instituciones educativas del régimen sierra se sumaron a esta modalidad, unas antes que otras. Los padres y docentes consultados reconocen que esta modalidad pretendió dar respuesta a la falta de mediación pedagógica arriba señalada.

Los estudiantes en las familias entrevistadas han logrado tener las condiciones para conectarse a las videoconferencias utilizando recursos como teléfonos y computadores. Sin embargo, todas las familias han debido realizar ajustes para que sus hijos e hijas puedan cumplir con las disposiciones educativas. Una familia con cuatro hijos optó por cortar el proceso de educación inicial del último niño, y priorizó la continuidad de los que están en EGB, para quienes aseguró dos teléfonos familiares y buscó la donación de un computador. Otras familias indican que los espacios físicos dentro del hogar fueron reasignados para compartir sin interrupciones mutuas entre padre y madre con teletrabajo y dos hijos con clases virtuales.

La ausencia de estudiantes es otro de los temas que levantan las y los entrevistados, ellos recuerdan a todos y a cada uno de sus compañeros, y no se les pasa por alto la inasistencia de varios. De acuerdo con los estudiantes entrevistados, en una escuela particular laica asisten todos; en otras escuelas se estima que hay una inasistencia a las clases virtuales de entre el 20% y el 25%; y en la escuela de EGB fiscal urbana, de acuerdo con la subdirectora, el número de niños que se integran a las clases en línea se ha ido incrementando, aunque todavía persiste un 40% de inasistencia. Algunos indagan por el paradero de las familias extranjeras migrantes.

La conectividad constituye uno de los problemas mayores. Los relatos de los niños, corroborados por las madres y padres, mencionan que en los grupos de chat encuentran mensajes angustiados de muchas familias que no consiguen conectarse, entre otras razones, porque han retornado a sus lugares de origen en dónde no tienen cobertura de internet. La explicación más frecuente de la inasistencia de los estudiantes a la nueva modalidad de clase es que la familia dispone como única posibilidad de conexión, un teléfono con plan prepago que no da soporte a videoconferencias diarias, a la realización de las tareas con sus respectivas búsquedas en internet, a la subida y envío de las mismas. También se ha registrado inasistencia por “problemas familiares” no especificados.

Los datos obtenidos dan cuenta de la existencia de un amplio rango de ausencias entre el 20% y un alarmante 40% de niños, adolescentes y jóvenes que a la falta de entrega de tareas suman la ausencia a las clases en línea. Por lo tanto, se produce un desfase educativo significativo de estos estudiantes con respecto a los compañeros que han establecido una nueva regularidad de aprendizaje virtual con horarios y pautas de comunicación. No se cuenta con datos pero no es difícil concluir que esta situación será mucho más compleja para la educación rural y la educación intercultural bilingüe.

Los profesores constituyen el otro sector afectado por las dificultades de acceso a la tecnología. Una primera causa es la económica, tal como señala una docente de una institución fiscal urbana de EGB; ella no cuenta con un computador para su trabajo, tampoco ha contratado internet para su casa, solo dispone de un teléfono con un plan prepago a través del cual intenta comunicarse con sus estudiantes, lo que consigue a medias. Esta docente se encuentra muy estresada porque las continuas recargas que ahora debe hacer en su celular han rebasado su presupuesto y ha empeorado su situación económica debido a una enfermedad catastrófica que la aqueja desde hace unos años.

Una segunda causa es la brecha tecnológica; los estudiantes dicen que se puede observar fácilmente que no todos los docentes preparan material audiovisual, lo suben al youtube y luego mandan el vínculo. La subdirectora de institución de EGB manifiesta que hasta antes de la crisis sanitaria el profesorado había aprendido a moverse en la plataforma ministerial para acceder a información y a formatos para realizar búsquedas, subir informes, calificaciones, etc. La actual situación los ha llevado más allá para atender los nuevos requerimientos. Por lo menos un 60% de maestros han tenido que buscar apoyo para enfrentar su labor diaria. La misma autoridad señala que, a pesar de los esfuerzos institucionales y personales de los maestros, todavía queda un 40% de profesores que no se conecta en línea con sus estudiantes. Un dato crítico en un momento que el sistema educativo ha respondido a la emergencia especialmente a través de una modalidad virtual.

En contraste con esta compleja situación, el otro rostro de la emergencia está constituido por las redes de apoyo y solidaridad que se han creado entre familias, vecinos, estudiantes, docentes y compañeros de trabajo. Para los estudiantes hay ayudas familiares con el fin de compartir servicios y recursos tecnológicos. Este es el caso de una familia de una parroquia rural del cantón Gualaceo en la provincia del Azuay, propietaria de un cyber que, si bien está cerrado por la emergencia sanitaria, se lo facilita a varios jóvenes, respetando un horario y el distanciamiento social. Igualmente, en los relatos de padres y estudiantes se reconoce la preocupación de los docentes por encontrar ayuda para los niños que se están quedando atrás; padres y madres de familia valoran este compromiso de maestras y maestros.

La solidaridad también se expresa entre maestros, según relatan algunas autoridades de las escuelas, quienes sienten que este es un momento para “echarse una manito”. Se puede citar el testimonio de la maestra de 65 años que atraviesa por episodios de ansiedad porque le parecen insalvables los requerimientos tecnológicos actuales que van más allá de “trabajar en su cuaderno” como era su costumbre. Frente a ello, el colectivo de sus compañeros ha decidido en reunión virtual “no dejarla sola” y ha delegado a una persona para que la acompañe este tiempo.

En las narraciones de padres, madres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y autoridades educativas se puede apreciar el despliegue de acciones que nacen de su propio esfuerzo para encontrar soluciones que minimicen estas brechas. Las mismas no estarían afectando de modo tan fuerte a las comunidades educativas, si en su momento las propuestas y programas oficiales de inclusión del uso de la tecnología en la educación habrían tenido continuidad. Estas iniciativas no prosiguieron porque la política pública no valoró su importancia; hoy, esta necesidad se volvió condición fundamental para ejercer el derecho a la educación. Por tanto, la inversión pública constituye una obligación ineludible.

Algunas decisiones de política son fundamentales y urgentes. En primer lugar, una decisión explicita de política pública que comprometa al Estado, al Ministerio de Telecomunicaciones, al Ministerio de Educación y a los gobiernos locales, como garantes del derecho a la educación para apoyar a este 40% de niños y jóvenes que no están siguiendo las clases de sus profesores.

En segundo lugar, se requiere que el Gobierno con el liderazgo del Ministerio de Educación haga un acuerdo inmediato con las empresas operadoras y proveedoras para asegurar conectividad, equipos mínimos, acceso a internet por computadora, tabletas o celular, planes accesibles, y otros, para garantizar que todos los estudiantes accedan a la educación y los profesores puedan desempeñar su trabajo en condiciones adecuadas. En medio de las actuales circunstancias6 no se tiene conocimiento sobre si el sector gubernamental y/o las empresas del campo tecnológico y de telecomunicaciones hayan concretado un plan de respuesta urgente a estos factores que hoy condicionan el acceso y la calidad educativa.

En tercer lugar, resulta importante que el Ministerio de Educación valore, articule y potencie las iniciativas ciudadanas encaminadas a asegurar el acceso a la educación e impedir que las brechas educativas aumenten aún más.

Finalmente, resulta crucial dar soporte a los docentes, apoyarlos para que puedan disponer de equipos y conectividad, valorar y destacar su aporte en la búsqueda de soluciones para sus estudiantes, sus compañeros y para sí mismos.

 

1 Educadora e Investigadora. Suscriptora de la Coalición por el Derecho a la Educación. Ecuador.
2 La identidad de las personas entrevistadas se mantiene en reserva.
3 La autoridad entrevistada indica que estas directrices constan en el Plan Educativo Covid-19 elaborado por el Ministerio de Educación del Ecuador para enfrentar la emergencia, el mismo que se presentó el 16 de marzo 2020 y se actualiza conforme evoluciona la situación en el país. https://educarecuador.gob.ec/comunicado-oficial-plan- educativo-covid-19

4 El 12 de marzo 2020 el Ministerio de Telecomunicaciones hizo pública su decisión de concluir el convenio con la Corporación Nacional de Telecomunciaciones -CNT- por el cual funcionaban 888 infocentros ubicados en 685 parroquias en todo el Ecuador. El 15 de abril 2020 a través de Diario El Telégrafo se informó que dicho convenio se mantendrá.

5 Plan educativo covid 19. Ministerio de Educación Ecuador.