Por Samira Sadeque
La combinación de inseguridad generalizada, carencia de alimentos y más de 7,5 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria definen la crisis en que está hundida la región del Sahel y que va a exacerbarse por los impactos de la pandemia del coronavirus.
Este miércoles 10, Amnistía Internacional pintó el prisma de las varias caras de la inseguridad en el Sahel, en la que la población civil “vive atrapada entre los ataques de los grupos armados y las operaciones militares en curso».
La organización humanitaria presentó un informe titulado “Ejecutaron a algunos y se llevaron al resto con ellos: Las vidas de civiles en peligro en el Sahel”, en que detalla la grave realidad en la región, especialmente en Malí, Níger y Burkina Faso.
Esa situación crítica incluye al menos 57 casos de ejecuciones extrajudiciales o asesinatos ilegales, y al menos 142 casos de desapariciones forzadas «que supuestamente han sido cometidos por soldados entre febrero y abril”.
El Sahel es una franja semiárida que atraviesa horizontalmente África, desde el océano Atlántico al mar rojo y se interpone entre el desierto del Sahara y las sabanas y bosques del centro del continente. Está compartida por 11 países y en parte de ellos unos cuatro millones de personas viven sometidas al hambre, una cifra que podría cuadriplicarse en breve, según agencias de las Naciones Unidas.
En ese contexto, Amnistía Internacional dijo que en Malí y Burkina Faso el asesinato deliberado de ciudadanos desarmados por las fuerzas de seguridad ha alcanzado un nivel que podría considerarse como crímenes de guerra.
El Sahel occidental ha estado bajo una crisis de seguridad desde 2012, cuando los rebeldes tuareg en Mali se agruparon en un intento de administrar un nuevo estado del norte llamado Azawad.
El intento fracasó, después de la intervención de las tropas francesas en 2013. Sin embargo, los grupos locales vinculados a Al Qaeda y al Estado Islámico continúan propagando la violencia en toda la región.
Una fuerza militar multinacional de los países del llamado Grupo de los 5 del Sahel -Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger- ha intentado controlar la violencia desde 2017, mientras que Francia, antigua metrópoli colonial en la región, mantiene una presencia militar en la zona.
Una variedad de preocupaciones
El pronunciamiento de Amnistía sigue a una reunión virtual de alto nivel del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (Ecosoc) sobre la región.
En ella, Ramesh Rajasingham, el coordinador de la Oficina de las Naciones Unidas de Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) de las Naciones Unidas, dijo que la situación actual en la región del Sahel se resumía «en todos los sentidos de la palabra crisis».
Rajasingham señaló que entre 2019 y ahora, la región experimentó un aumento exponencial en su necesidad de asistencia humanitaria: 7,5 millones de personas en Burkina Faso, Níger y Malí necesitaron asistencia, en comparación con los 6,1 millones de hace un año.
Agregó que cuestiones como la inseguridad alimentaria y el desplazamiento de personas se sumaban a esta necesidad, y que 5,5 millones de cada 12 millones de personas en el Sahel grande están «a un paso» de los «niveles de emergencia de inseguridad alimentaria».
«Estos son el nivel más alto de inseguridad alimentaria que hemos presenciado en esta región en una década», añadió Rajasingham . «Es probable que las consecuencias socioeconómicas de la covid-19 dupliquen estos números», se lamentó.
Según Ousmane Diallo, investigador del Sahel en Amnistía Internacional, la pandemia de la covid-19 «constituye otro desafío que los diferentes gobiernos deben enfrentar» aunque estén atrapados en sus demás crisis.
«Algunas de las medidas que se tomaron, como las restricciones a la libertad de reunión o la continuación de las medidas de confinamiento y el toque de queda, generaron muchas tensiones, políticas, económicas y también en materia de derechos humanos», dijo Diallo a IPS.
Achim Steiner, administrador del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), recordó durante el encuentro de Ecosoc que «ya antes del inicio de covid-19, la región central del Sahel estaba atrapada por un conflicto prolongado, un extremismo violento, la competencia por tierras y agua accesibles y el cambio climático, con temperaturas que aumentan una vez y media más rápido que el promedio mundial».
Según el Centro de Estudios Estratégicos de África, la actividad violenta que involucra a grupos islamistas armados en el Sahel se ha duplicado cada año desde 2015. La institución académica señaló que desde 2013, Malí, Burkina Faso y Níger han duplicado sus presupuestos militares, lo que equivale a unos 600 millones de dólares.
«Los gobiernos de Malí, Burkina Faso y Níger han movilizado sus estructuras de seguridad en un esfuerzo por responder al aumento de la violencia militante del grupo islamista», dijo por su parte el Centro Africano de Estudios Estratégicos.
Suma y sigue en violaciones de los derechos humanos
Por su parte, Diallo remarcó que esta no es la primera vez que Amnistía Internacional ha documentado violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, y que los actores internacionales deben actuar rápidamente para exigir el fin de la práctica.
«Ha habido anuncios sobre investigaciones que [nunca] han sido concluyentes o han conducido a sanciones», aseguró.
Uno de esos incidentes fue el arresto y ejecución de civiles el 9 de abril en la provincia Soum de Burkina Faso, en una actuación realizada por soldados que llegaron a la ciudad de Djibo en un largo convoy de camionetas y motocicletas.
«Arrestaron a varios jóvenes que estaban alrededor de un pozo, regando animales», dijo a Amnistía Internacional un testigo presencial.
Aunque los soldados luego liberaron a varios otros jóvenes, incluidos menores de edad, tres personas quedaron retenidas.
«Horas después, escuchamos disparos pero no nos atrevimos a preguntar hasta que el ejército se fue. Perdí a un primo paterno y dos tíos maternos ese día», dijo un testigo ocular de uno de los arrestos.
Los arrestos habían llevado a la ejecución de 31 residentes por el militar Grupo de Fuerzas Antiterroristas.
El 20 de abril el gobierno reconoció los asesinatos extrajudiciales y aseguró que la Dirección de la Justicia Militar tenía órdenes de investigar el caso, pero no ha habido ninguna información sobre los avances al respecto.
Soluciones inclusivas
Mientras tanto, Rajasingham, de Ocha, compartió posibles soluciones para abordar la crisis actual.
«La inversión sostenida en el desarrollo es clave para fortalecer los servicios básicos: la seguridad alimentaria y el desplazamiento de la nutrición exigen todo nuestro apoyo de atención», dijo. Agregó que las mujeres y los niños y niñas deben mantenerse como la máxima prioridad en cualquier enfoque.
Cessouma Minata Samate, comisionada de Asuntos Políticos de la Unión Africana, destacó la necesidad de cooperación de todos los niveles de la sociedad, así como la inclusión de las comunidades locales porque cualquier enfoque para que tenga éxito, subrayó, “debe ser inclusivo”.
