El 5 de junio, la asamblea de los municipios de Turín Metropolitana rechazó la propuesta de remunicipalizar el agua de Turín. Es la enésima expresión de la perseverancia con la que los grupos sociales dominantes siguen negándose a respetar la voluntad de la inmensa mayoría de los ciudadanos (más de 26 millones de votantes) que los días 12 y 13 de junio de 2011 se expresaron a favor del agua «derecho humano» y «res publica», y no de una fuente de beneficios y de la privatización del poder político.

La demolición del agua «derecho humano» y «bien público» no es sólo un hecho italiano. En 2012, 1,9 millones de ciudadanos europeos firmaron una propuesta dirigida a la Unión Europea, la denominada Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), un instrumento jurídico establecido por la propia UE para promover la participación de los ciudadanos en las decisiones europeas. En la propuesta se pedía que la UE reconociera el derecho humano al agua potable en la legislación de la UE y que promoviera, de conformidad con ella, la gestión pública del agua como un «bien común». La respuesta dada por el ejecutivo europeo fue indigna. Según el ejecutivo, la política de la UE ya era una prueba de que Europa estaba promoviendo las condiciones necesarias para lograr el acceso al agua potable para todos los ciudadanos europeos. Después de unas cuantas escaramuzas, no hubo ningún problema: el derecho al agua a nivel de la UE se puso en el ático, y desde entonces la Comisión ha seguido adelante tranquilamente con la mercantilización, la privatización y la tecnificación del agua, como ha demostrado recientemente la revisión de la Directiva Europea de Agua Potable. El examen se aprobará en estos días y los intentos de incluir una referencia al derecho al agua y a la necesidad de una participación real de los ciudadanos en la gestión del agua han sido inútiles.

Lo mismo ocurre con las posiciones impuestas por los gobernantes internacionales y mundiales. Tanto en la Agenda de las Naciones Unidas 2000-2015, bajo la consigna de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, como en la de 2015-2030, bajo la consigna de los Objetivos de Desarrollo Duradero, la estrategia establecida se centra en el principio del acceso al agua potable para todos de manera justa y asequible, es decir, de forma que se acepten las desigualdades y se imponga un precio de mercado, por modesto que sea. Aquí también se suprime toda referencia al derecho humano universal al agua y al saneamiento. La negativa a mencionarlo es especialmente lamentable, sobre todo en lo que respecta a la Agenda 2030, porque mientras tanto, gracias a la acción eficaz del Gobierno boliviano de entonces, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció inesperadamente el derecho humano al agua potable y al saneamiento el 28 de julio de 2010. El hecho es que la resolución fue votada por 141 Estados miembros de las Naciones Unidas – la abrumadora mayoría de los cuales son del «Sur» – mientras que 41 de los Estados más poderosos y ricos del mundo votaron en contra. Así, desde 2010, estos últimos han dejado de referirse sistemática y excesivamente al derecho al agua en todos los documentos, resoluciones y programas de las Naciones Unidas. El principio de referencia se ha convertido en «acceso equitativo a un precio asequible», principio que también se ha ampliado a otros derechos que también están comercializados, privatizados y son tecno críticos, como el derecho a la salud.

¿Por qué? ¿Son las personas, los ciudadanos, plumas en el viento? ¿Sería éste el fenómeno debido a la traición y al oportunismo de los grupos sociales llamados «progresistas» (socialdemócratas, socialistas, liberal-sociales, mundo cristiano…) que se convirtieron en presa del culto al dinero y al enriquecimiento en la era de la globalización capitalista imperial? ¿O la causa residiría en el cansancio y la resignación de los pueblos ante las dificultades de la lucha contra los poderosos y su poder abrumador? Sin duda, hay un poco de eso. Sin embargo, me parece que lo anterior nos empuja a realizar un hecho fundamental: no aceptar nunca un principio, un objetivo, una institución, una forma de actuar que se aparte, ni siquiera parcial o temporalmente, del imperativo/obligación colectiva de salvaguardar, cuidar y promover los derechos universales y la verdadera democracia representativa/directa. Cada vez que una sociedad ha aceptado excepciones, delegaciones, correcciones, invocadas en nombre de la nación, de la seguridad «nacional» del Estado o de la clase, de la competitividad, de Dios, de la riqueza, del PIB, de la eficiencia… la sociedad ha encontrado cada vez más dificultades para liberarse de los encarcelamientos y de la violencia que acompañan a la esclavitud de esa «legitimidad».  La historia del agua es paradigmática en este sentido. Por ello, hoy en día la batalla por el derecho al agua tiene una importancia histórica particular en un momento en que el derecho a la salud también está en juego. Nunca acepte que el derecho universal a la salud se reduzca a un problema de acceso justo y asequible. El agua y la salud son y deben ser defendidas como «derechos universales» sin condiciones y como «bienes públicos mundiales».

Traducido del italiano por Estefany Zaldumbide