Por Samira Sadeque
En su nuevo informe sobre Libia, la Corte Penal Internacional (CPI) subió el dramatismo de sus denuncias sobre los crímenes de lesa humanidad y las ilegalidades que se cometen en ese país del norte de África.
Fatou Bensouda, la fiscal jefe de la CPI, denunció que las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, los discursos de odio, los ataques contra civiles y el grave maltrato de los detenidos son delitos masivos el país, atrapado en una guerra civil desde 2014, con dos administraciones enfrentadas, las de Trípoli y Bengasi.
En una informe por videoconferencia ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el martes 5, Bensouda advirtió sobre la violencia grave debido a un conflicto armado en la región, que resultó en un gran volumen de víctimas civiles por ataques aéreos y bombardeos. También demandó «reformas serias y urgentes» con respecto a la situación carcelaria en el país del Magreb.
La CPI es el primer tribunal internacional de carácter permanente encargado de juzgar a los responsables de crímenes contra la humanidad, de genocidio, de crímenes de guerra y, desde 2010, del crimen de agresión. Es independiente y autónomo de cualquier Estado, según el Estatuto de Roma, que le dio vida.
«La detención arbitraria y el maltrato grave de los detenidos afecta no solo a los migrantes y refugiados, sino también a miles de otras personas detenidas en las cárceles y centros de detención en toda Libia», dijo Bensouda desde La Haya, durante la sesión informativa virtual y abierta.
«Muchas personas son detenidas sin una base legal o se les niegan sus derechos procesales fundamentales», explicó.
Además, detalló que los detenidos, muchos de los cuales son mujeres y niños, corren el riesgo de sufrir abusos como asesinatos, violaciones por tortura y otras formas de violencia sexual.
Esto se ve reforzado, dijo, por el testimonio de los detenidos formales que han afirmado que fueron sometidos a «métodos brutales de tortura».
Muchos han muerto después de ser sometidos a tortura y por no tener acceso a atención médica oportuna.
También señaló que «el lenguaje despectivo y deshumanizante» ha permeado las redes sociales y tradicionales.
«Esto es motivo de preocupación», dijo Bensouda. «Este tipo de lenguaje genera odio y miedo en la comunidad y profundiza las divisiones dentro de la sociedad. Siembra las semillas de los crímenes contra grupos específicos de individuos y fomenta las condiciones en las que pueden ocurrir crímenes de atrocidades masivas», añadió.
A su juicio, «los líderes y los miembros prominentes de la comunidad tienen la responsabilidad especial de predicar con el ejemplo y abstenerse de hablar de odio». «Cualquiera que incite al miedo, el odio y la división en la comunidad causa daño no solo a los objetivos sino también a la sociedad en general», agregó la fiscal.
Poco después del pronunciamiento de la CPI, Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de las Naciones Unidas, dijo que la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas para Libia (UNSMIL) «sigue preocupada por la continua lucha en el país y reitera su llamado para el cese de las hostilidades durante el mes sagrado del Ramadán».
Dujarric agregó que la representante especial interina de la UNSMIL, Stephanie Williams, sigue comprometida en los esfuerzos de divulgación con mediadores y otros socios internacionales, incluidos los países participantes en la Conferencia de Berlín, celebrada en enero.
Los Estados miembros especialmente involucrados en la crisis de Libia (Alemania, Egipto, Estados Unidos, Francia, Italia, Rusia y Turquía, entre otros) se comprometieron en esa reunión a promover un consenso entre ellos para, entre otros objetivos, eliminar la injerencia extranjera en esa nación con su gobernabilidad colapsada.
«Es importante que todas las partes involucradas, ya sean libias o que tienen influencia sobre esas partes, se muevan en la misma dirección, y eso es hacia conversaciones políticas», dijo Dujarric durante la sesión informativa del martes 5.
El informe de la CPI llegó poco después de cumplirse el primer aniversario de la ofensiva del Ejército Nacional de Libia (LNA), un grupo rebelde que controla parte del territorio desde Bengasi, que intentó expulsar de Trípoli, la capital libia, al Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA), el reconocido por las Naciones Unidas y la mayoría de los países.
Dado que la pandemia de coronavirus se ha convertido en una prioridad para los gobiernos de todo el mundo, los expertos temen que esto pueda poner la crisis en Libia en el asiento trasero de la diplomacia internacional y, a su vez, acentuar la crisis del país, planteó en abril la Base de datos sobre localización y eventos de conflictos armados (Acled, en inglés).
«A medida que los funcionarios europeos evitan el conflicto de Libia para abordar la pandemia en casa, existe la preocupación de que los esfuerzos para asegurar una solución política al conflicto se debiliten severamente», dijo entonces Acled.
A fines de marzo, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, solicitó un alto el fuego mundial en todas las zonas en conflicto, para poder atender la contención de la covid-19.
El rebelde LNA anunció una «tregua» antes de comenzar el mes sagrado musulmán del Ramadán, el 23 de abril. Sin embargo, según los informes, las fuerzas de GNA dijeron que no se adherirían a este alto el fuego temporal ya que desconfiaban que se cumpliese realmente.
