Chile: ¿Error político, homicidio involuntario o… genocidio?

Por Manuel Acuña Asenjo

PRELIMINARES

El día sábado 13 del presente mes, el médico Jaime Mañalich Mixi puso fin a su labor como ministro de Salud del segundo gobierno de Sebastián Piñera y, a la vez, cabeza visible de la política sanitaria aplicada durante la pandemia del Coronavirus en 2020.

No fue sorpresiva la salida de aquel galeno como muchos pudieron suponer. Por el contario, la medida se había planteado ya antes del cambio de Gabinete, el 4 del presente, y comentado en los días y semanas posteriores. Una publicación, al respecto, señala que ya, a fines de mayo,

“[…] Mañalich habló con el presidente Piñera para manifestarle que era mejor abandonar su cargo, asunto que el mandatario habría asentido, pero sin precipitar un cambio de gabinete inmediato”ⁱ.

Por lo mismo, en el diseño estratégico que se comenzó a implementar —para salir de la situación a la que había llevado la política de tratamiento de la pandemia hasta esa fecha—, se estableció que

“[…] la idea no era mezclar las polémicas que provocaría la salida del ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel —asunto que se habría gestado en torno a los roces y equilibrios entre partidos del oficialismo— con algo tan distinto como la salida de un ministro que todavía goza de una buena relación con Piñera y que había errado en las directrices tomadas para esta enfermedad”ⁱⁱ.

Y era tan manifiesta esta opinión que, antes

“[…] de que se produjera el cambio de gabinete, el presidente Piñera se reunió en un despacho con Mañalich y con su reemplazante, Enrique Paris”ⁱⁱⁱ. 

En las redes sociales, del mismo modo, se señala que el Gobierno también conversó al respecto con el médico de INDISA Sebastián Ugarte quien presumiblemente se negó a aceptar la oferta. Por consiguiente, no fue —como muchos suponen—la aparición del informe de CIPER lo que provocó su salida sino un acuerdo tomado en las altas esferas de Gobierno donde no estuvo ausente la opinión del grupo asesor del segundo piso del cual formaban parte el propio Mañalich, el presidente Piñera y Cristián Larroulet; tampoco lo fue la posible acusación constitucional que preparaban algunas parlamentarias opositoras en su contra. Ni siquiera su fracaso al encabezar lo que él mismo bautizó pomposamente´, al más bélico estilo piñerista, ‘la batalla de Santiago’^iv.

POR QUÉ SALE UN MINISTRO Y NO SU MANDO SUPERIOR

La política no es el arte de administrar o dirigir un país. Jamás la política ha sido un arte. Si se entiendiese por arte la habilidad de una persona para realizar determinada acción, hasta los actos más abominables, cometidos con la más perversa ejecución, deberían ser considerados como tal. La política es, simplemente, la capacidad que tiene un conjunto organizado de personas (y/o sus agentes) para imponer los intereses propios sobre otros grupos sociales dentro de la estructura estatal.

La acción de un presidente, de un partido, de los ministros, no son acciones inocentes o casuales sino políticas destinadas a imponer los intereses determinados de unos por sobre otros. Desde ese punto de vista, la política a aplicar para enfrentar la pandemia por parte del Gobierno de Sebastián Piñera no ha sido sino la acción consciente y deliberada, tanto suya como de quienes se encuentran en su entorno, orientada a imponer los intereses del sector social que representa, sobre los intereses de otro grupo social, más grande, más vasto, pero carente de poder. Ello se ha realizado con el apoyo irrestricto de un eficiente aparataje estatal heredado de la dictadura y perfeccionado en los gobiernos que la sucedieron, que involucra a muchas personas, a una estructura estatal que, por lo mismo, ha de asumir la responsabilidad de sus actos cuando corresponda.

La idea según la cual hay un ministro bueno, generoso, tremendamente sensible, que va a derramar gracias y bendiciones sobre el cuerpo social llenándolos de amor y sabiduría no pasa de ser una ingenua idea ingenua anidada en mentes igualmente ingenuas y hasta una broma de mal gusto para quienes pierden familiares y amigos en el curso de la pandemia. Porque los ministros no se nombran sino para hacer política.

No debe, en consecuencia, sorprender el uso del ocultamiento y de la propaganda política e, incluso, de la mentira, en el desarrollo de la estrategia para hacer frente a la pandemia. En Chile se acostumbra a decir, al respecto, que ‘no hay que dar puntada sin hilo’. Y eso es lo que sucede en el campo gubernamental.

Podemos comenzar a entender por qué en los reportes diarios comenzó a usarse la mentira y la ocultación de las cifras. Por qué no se siguieron las directrices de la OMS ni los protocolos de los organismos especializados. Por qué no se aplicaron, incluso, los propios protocolos de los ministerios. Se necesitaba mostrar al país manejado por la más eficiente dirección política mundial. La política se hizo en La Moneda. La manera de cómo fue diseñada corresponde explicarla al grupo de asesores que deambulan por el segundo piso de La Moneda. Implicaba aquella cuidar la marcha imperturbable del modelo heredado de la dictadura pinochetista que, para ellos, había hecho grande a Chile. En otras palabras se trataba de privilegiar el mercado por sobre el cuidado de la población. O, dicho de otra manera, usar como excusa el cuidado de la población de manera tal que no afectase el curso de crecimiento sostenido que mostraban ‘las variables macroeconómicas’ de la nación. Dice una analista, sobre el particular:

“[…] había que cuidarlas grandes cifras, la macroeconomía, para que el FMI y el Banco Mundial nos sigan aplaudiendo. Que no subiera demasiado el déficit fiscal que toda catástrofe exige como peaje”^v.

No existe casualidad en los actos de un Gobierno que cambia a sus ministros. Sin lugar a dudas, tal circunstancia obedece a una voluntad explícita de modificar determinado rumbo político, una ruta equivocada que debe ser alterada, pero cuyo resultado puede afectar gravemente la figura del factor de unidad del estado/nación, que es el presidente. O el primer ministro, en su caso. Entonces, el cambio de secretarios de Estado se realiza para los efectos de proteger al factor de unidad de ese estado/nación, es decir, al presidente o al primer ministro en su caso. Ese sujeto es el único que no ha de tocarse porque, de hacerlo, se conmueven hasta los cimientos mismos del país. Ergo, siempre han de caer los que están a su alrededor; jamás él cuya figura ha de proyectarse hacia el futuro como el generoso ‘pater familiae’ que derrama sólo bendiciones sobre sus ‘hijos’. Esto es un axioma. Si no se entiende, quiere decir que no se entiende lo que es la política.

Podemos, en consecuencia, señalar que la responsabilidad política ‘electoral’ se hace recaer sobre una persona que no puede ser el presidente; aunque su índice de aprobación esté por los suelos. En el caso chileno: Piñera jamás habrá de ser tocado. Las responsabilidades se personalizan en quienes se encuentran bajo su lugar en la escala jerárquica estatal.

NIHIL NOVA SUB SOLE

Se puede tener el control de determinado segmento social pero jamás de la naturaleza, de la cual solamente hay que aprender; nunca doblegar. Porque la naturaleza puede acarrear problemas.

Por eso, pudo creerse en algún momento que una pandemia —como la que iba a asolar (y asola, actualmente) a Chile— pondría límites a los movimientos sociales que habían conmovido a la nación a partir del 18 de octubre. Y, consecuentemente, facilitar el reagrupamiento de las fuerzas que conformaban (y conforman) el Bloque en el Poder. Pudo creerse así, efectivamente.

Creer, sin embargo, no es saber sino, simplemente, dejarse llevar por ilusiones. Por lo que es necesario recordar lo que señala aquel brillante espía que fue Richard Sorge: “Cuando se ama una ilusión, se ha amado toda la vida una mentira”.

La pandemia desnudó al verdadero Chile, a ese ‘jaguar’ que no pasaba de ser más allá de un gatito castrado. Podíamos, por el contrario, haber hecho nuestra aquella frase lapidaria de Enrique Lafourcade cuando exclamaba, en plena dictadura pinochetista:

“¡Venid a ver cómo se pasea la miseria por las calles!”

Y era natural que así sucediera, porque las clases sociales que conforman el Bloque en el Poder no tienen conocimiento de la miseria que existe bajo sus pies. No hay que olvidar las expresiones del propio Mañalich cuando confesó no haberse percatado de la pobreza existente en el país, y que una empresa internacional haya reflexionado en torno al tratamiento de la pandemia que el Gobierno chileno

“[…] siguió el ejemplo de las naciones ricas sólo para darse cuenta, una vez más, de que un gran porcentaje de sus ciudadanos son pobres“^vi.

Una temeraria política gubernamental diseñada por sujetos ambiciosos e inescrupulosos, con escaso conocimiento acerca del país que ellos mismos habían construido, debía ceder espacio a otra no menos inexperta política sanitaria diseñada igualmente por ellos. La pandemia no iba a ayudar a las clases dominantes. Por el contrario, tan sólo iría a develar, descubrir, poner de manifiesto al verdadero Chile construido bajo los parámetros pinochetistas.

ENFRENTANDO LA PANDEMIA

En las altas esferas del Gobierno se sabía ya que la mejor forma de enfrentar la pandemia era echar mano al bolsillo y decretar una cuarentena obligatoria, inmediata, vigilada, seria. Lo que implicaba sacar dinero de las arcas fiscales y ayudar, precisamente, a quienes no tenían como ‘irse a sus casas’ y ‘lavarse las manos cada tres horas’. Pero semejante acción iba contra la aplicación ‘in extremis’ del modelo económico. Por eso, nada se hizo al respecto. Importaba más el mercado, la aplicación literal del modelo económico heredado de la dictadura pinochetista que la vida de los chilenos pobres.

‘Todos nos vamos a enfermar’ había dicho el ministro Mañalich, frase que ponía al descubierto la idea de quienes dirigían el país en torno, únicamente, a cuidar que no se sobresaturara la capacidad de los centros hospitalarios. Y volver, con ello, prontamente a la normalidad. Se trataba de aplicar la llamada ‘estrategia de rebaño’, similar a la aplicada en Suecia pero controlada en determinadas áreas poblacionales. ‘Cuarentenas dinámicas’, se las llamó. Semejante estrategia, sin embargo, estaba condenada al fracaso.

CARÁCTER ‘CLASISTA’ DEL VIRUS ‘CORONA’

Marvin Harris nos enseña que si bien, en la antigüedad, algunos pueblos (como los griegos) no sólo respetaban a su población anciana sino, atendido el saber y experiencias que otorgan los años, elegían entre ellos a quienes habían de gobernarlos en la calidad de ‘Consejo de Ancianos’, otros (más bárbaros) acostumbraban a abandonar a esa población en los bosques para que fuesen devorados por las fieras, tan costoso resultaba para ellos mantenerlos.

El virus corona ataca, fundamentalmente, a personas de mayor edad y a estratos de menor edad; se salvan quienes integran los grupos etarios intermedios, como ya es de público conocimiento. Por eso, no deja de ser sorprendente la existencia de un virus tan selectivo. Como si supiese que la Organización Internacional del Trabajo OIT ha fijado la edad para trabajar entre 16 y 65 años. No toca el virus la fuerza de trabajo ‘principal’ que es aquella que brindan las personas comprendidas en ese rango de edades, sino la fuerza de trabajo ‘subsidiaria’, que es aquella que se emplea cuando la ‘principal’ escasea (en otras palabras, mujeres, niños y ancianos).

No afirmamos aquí, en modo alguno, que el sistema capitalista haya experimentado regocijo al comprobar que un virus de esta naturaleza se preocupa diligentemente de exterminar a quienes no poseen sino fuerza de trabajo deteriorada; tampoco que las AFP pudieren lucrarse tomando para sí los fondos de los afiliados que habían de fallecer. Esas son afirmaciones tontas. Porque el capitalismo es sabio. Hace años que descubrió el enorme potencial que reviste la acumulación de experiencias, y muchas empresas proceden hoy a la contratación de fuerza de trabajo pensionada con excelentes resultados; por otra, porque también ha descubierto en los pensionados son una fecunda clientela para las empresas de turismo.

Hay, no obstante, un aspecto ‘clasista’ del virus Corona que sí nos va a interesar. Lo ponen de manifiesto las palabras de Claudia González, investigadora del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Universidad del Desarrollo quien señala, al respecto:

“Lo que hemos visto es que el coronavirus entró a niveles socioeconómicos más altos por una razón muy sencilla: porque son los que viajan. Son las personas que tenían más dinero, que se fueron de vacaciones, estuvieron en Europa y trajeron el virus para acá. Los primeros patrones de contagio son en este grupo que viven en comunas del sector oriente de Santiago. Ahí empieza el contagio […]”^vii

En efecto. Fueron las clases de altos ingresos quienes trajeron esos virus a Chile; fueron ellas quienes contagiaron a quienes les prestaban sus servicios, desencadenándose la pandemia en los barrios populares, que tienen mayor cantidad de habitantes y están más desprotegidos.

“Si bien el primer notificado en el país —el 3 de marzo—  residía en Talca, se trataba de un médico de 33 años que venía llegando de un viaje de luna de miel por el sudeste asiático. Diez días después, el Ministerio de Salud informaba que en el país se habían confirmado hasta entonces 43 casos de Covid-19, de los cuales 29 pertenecían a la Región Metropolitana. Y esas 29 notificaciones fueron realizadas en clínicas privadas de Santiago Oriente como Clínica Alemana, Clínica Las Condes y Clínica Santa María”^viii.

Por supuesto, mientras los que tenían dinero podían encerrarse en sus casas, lavarse las manos y realizar la tarea de aislarse, otros debían trabajar. Era lógico que el virus atacara a los sectores populares, a vendedores potenciales y efectivos de fuerza o capacidad de trabajo. Sobre este sector recaería con fuerza la pandemia, lo que así ocurrió.

Pero para evitar que la responsabilidad de la política aplicada en el tratamiento de la pandemia recayera sobre el palo mayor del bergantín gubernamental, se necesitaba recular, echar marcha atrás. Lo primero era encontrar un culpable y para salvar la honorabilidad del presidente, ¿quién mejor que el encargado de la salud pública, el cómplice y encubridor de las maquinaciones del poder? Mañalich, testaferro, comodín, personaje elegido para recibir los golpes que debían ser propinados al verdadero artífice y responsable principal de todo, debía irse. De esa manera, la responsabilidad colectiva del Gobierno se particularizaría en un solo sujeto , y el presidente podría decir, con desparpajo, a la ciudadanía —que poco o nada entiende de los avatares de la política—, ‘Borrón y cuenta nueva’, sentencia en la que sí cree gran parte de aquella.

La particularización de la responsabilidad no se emplea solamente en estos casos; de ella se nutre, igualmente, el derecho penal en donde la aplicación de la sanción al que se sindica como culpable exime de responsabilidad al cuerpo social. Así, los conflictos de interés que se dan entre las diversas fracciones que componen las clases sociales se dejan de lado, se ignoran, para que el sistema, basado precisamente en la satisfacción de esos intereses a los grupos minoritarios pueda seguir reproduciéndose a lo largo de la historia y los ejes sobre los cuales se asienta la estructura social se mantengan incólumes.

RESPONSABILIDAD DE LA ESTRUCTURA SOCIAL

La forma de organización que presenta la moderna sociedad humana es el Estado, estructura que presenta una división tripartita (cuatripartita, si consideramos al ‘poder’ Contralor) de ‘poderes’ correspondiendo al Ejecutivo el rol de administrador, que se ejercita en virtud del derecho a sufragio o, lo que es igual, a través del ‘voto’.

Pero, ese ‘voto’… ¿cuáles son sus límites? ¿Qué facultades entrega a quien resulta electo? ¿Se puede decir que la elección confiere al elegido una sumatoria de facultades omnímodas? Hablando más directamente, ¿tiene el Ejecutivo, por delegación de quienes lo han elegido, derecho a poner en riesgo la seguridad de toda o parte de la población nacional, cualquiera sea el caso? Es un hecho cierto que, para gobernar, el Ejecutivo tiene que conformar un Gobierno, es decir, un grupo de personas que va a secundarlo en su labor de administrar el país. Ese grupo ha de actuar políticamente, es decir, en defensa de sus intereses y, presumiblemente, del de aquellos que lo eligieron. Pero ese ‘voto’, ¿le confiere la facultad de decidir sobre la vida o muerte del resto de sus connacionales? O, más directamente, ¿le confiere el derecho de distinguir entre quienes van a quedar más expuestos al riesgo de muerte (lo que yo denomino ‘síndrome de Urías’) y quienes no? ¿Existe responsabilidad no sólo política sino penal (criminal) en autoridades que, a sabiendas de lo que han hecho en defensa de sus propios intereses, aplicaron medidas temerarias que pusieron no solamente en riesgo la vida de toda la población nacional sino enviaron a la muerte a miles de compatriotas? ¿Cuáles, en definitiva, son los límites de un Estado sobre sus nacionales? ¿Puede un presidente (sus ministros y colaboradores), convertirse en una maquinaria productora de ‘errores’ en perjuicio de otros connacionales y en beneficio propio? ¿Está implícito, en el derecho a voto, que el elegido, por el simple hecho de ser tal, va a tener el derecho de disponer de la vida y de la muerte de toda la población que lo ha elegido?

LOS CASOS DE ITALIA Y FRANCIA

Con posterioridad a la pandemia, a fines de mayo, la Fiscalía de la ciudad de Bérgamo (Italia) inició acciones tendientes a determinar las responsabilidades del gobierno del Primer Ministro Giuseppe Conte en torno al manejo de la crisis, citándolo el día 12 del presente a declarar acerca

“[…] sus decisiones al inicio de la pandemia y aclarar por qué no se aisló inmediatamente la zona de Bérgamo (norte), de las más azotadas por el coronavirus”.

“La Fiscalía trata de dilucidar las razones por las que la región de Lombardía (norte) se convirtió en la más afectada por la pandemia de todo el país, especialmente su provincia de Bérgamo, y si detrás de esta tragedia hubo algún tipo de responsabilidad política^ix.

Se supo, además, que

“[…] el organismo judicial también llamó a la ministra de Interior, Luciana Lamorgese, y al titular de Sanidad, Roberto Speranza, entre otras autoridades que estuvieron a cargo de tomar decisiones para contener la emergencia”^x.

La demanda pudo llevarse a cabo luego que un grupo de personas, organizadas en torno a una agrupación denominada “Denunciaremos. Verdad y Justicia para las víctimas del Covid 19”, presentaran una denuncia en contra del Gobierno al que hicieron responsable de no haber aplicado las medidas correspondientes en el momento que correspondía. Esta misma medida se ha dirigido en contra del gobernador de Lombardía, Attilio Fontana, y su consejero de la Salud, Giulio Gallera^xi.

No ha sucedido de manera diferente en Francia, nación en la que el Fiscal General de Paris Remy Heitz anunció, según lo informara la Radio France Internationale, la apertura de

“[…] una amplia investigación preliminar sobre la criticada gestión de la crisis del Covid-19 en Francia, centrada en particular en las acusaciones de “homicidio involuntario” o de “poner en peligro la vida de otras personas”^xii.

De la misma manera que sucediera con Italia, la acción de la Fiscalía de París tuvo origen en las gestiones judiciales interpuestas por familiares de las víctimas de la pandemia.

“La investigación es una primera respuesta judicial a unas cuarenta denuncias, más o menos detalladas, recibidas por el Ministerio Público de París durante la cuarentena en Francia. Las demandas fueron presentadas por familiares de las víctimas, organizaciones profesionales o, en un “proceso de petición”, a través de quejas estándar publicadas en el sitio web plaintecovid.fr.

Estas denuncias se dirigen a veces a funcionarios administrativos por su nombre, en particular al Director General de Sanidad de Francia Jérôme Salomon, que estuvo en primera línea de los medios de comunicación durante la epidemia en Francia, o a la Santé Publique France, la agencia nacional de salud pública. La administración penitenciaria y el Ministerio de Trabajo también están en el punto de mira, entre otros”^xiii.

LO QUE PUEDE SUCEDER EN CHILE

En los innumerables casos de enfermeras que han atendido a los enfermos del Corona virus, a lo largo y ancho del planeta, muchas de ellas no pidieron resistir el fallecimiento de los pacientes que estaban a su cuidado. Ver a una persona sufrir un colapso cardíaco ante la imposibilidad de respirar no es un espectáculo gratificante. Algunas optaron por el suicidio, otras enfermaron gravemente y fueron puestas en manos de psiquiatras. Si esas personas, que vieron el sufrimiento ajeno y decidieron terminar con su propia vida ante la desgracia de los demás, ¿qué queda para personas que jamás han derramado una lágrima ni, menos aún, se conmueven por la suerte de sus semejantes, que nada hacen por remediar las interminables filas de quienes esperan por horas, días o semanas, ante organismos privados como las AFC para que les otorgue un certificado que las habilite a cobrar la cesantía sino, por el contrario, perseveran en sus directrices y medidas? ¿De personas que impiden el alargamiento de un postnatal y criminalizan a quienes salen a las calles a buscar el sustento diario?

En nuestro documento anterior^xiv, recordábamos que el Poder Ejecutivo, encargado de administrar el país, no tiene facultades para crear figuras delictivas, materia que sólo compete al Parlamento. Su tarea consiste en encerrar a los condenados en cárceles dignas; no en crear nuevas y sucesivas sanciones en contra de éstos originadas en el hacinamiento, en el mal trato o en la suciedad.

Una pandemia mal administrada conduce a la sobresaturación de los recintos hospitalarios y, en algunos casos, coloca a las autoridades sanitarias en la difícil disyuntiva de quién salvar. Es lo que se conoce bajo el nombre de ´’dilema de la última cama’, que es una forma encubierta de practicar la eutanasia. Dado que al paciente a quien se va a privar de atención médica se le aplican sedantes para que no experimente los dolores que acarrea la muerte por corona virus —acción que el propio ex ministro Jaime Mañalich denominara ‘muerte piadosa’— ¿tiene el Ejecutivo, en determinados casos (como en el caso de pandemia), potestad constitucional para establecer la eutanasia como forma de muerte para quienes no puedan atender los servicios? ¿Puede aplicarse la pena de muerte a miles de personas, por vía administrativa, a quienes se les priva de atención médica por defender una política interesada de las autoridades gubernamentales? ¿Son, tanto el Gobierno como todos sus colaboradores, responsables de la muerte de quienes fueron contagiados por el virus Corona y no pudieron ser atendidos? En los momentos en que se escriben estas páginas se sabe de la existencia real de más de 5 mil muertes provocadas por la acción torpe de un Gobierno al que se le había advertido lo que podría suceder. Cinco mil muertos provocados por la voluntad inequívoca de privilegiar la ‘economía’ por sobre la salud de la población. Si la Fiscalía Nacional quisiese, a petición expresa de parte, procesar a los gobernantes por estos hechos ¿podría concluirse, como sucediera en Italia o Francia, que el Gobierno solamente cometió homicidios ‘involuntarios’? ¿O tal vez, señalarse que estamos en presencia de un genocidio?

Necesario es dilucidar tales interrogantes. En ese sentido, no es inútil intentar una acusación constitucional en contra del ministro saliente, aunque mejor sería intentarla en contra del responsable mayor. A la manera que lo hiciera el CODEHS en febrero pasado. Y hasta es posible que pueda encontrarse una mejor acogida en el Senado que la que tuvo esa organización durante la presidencia anterior, abiertamente comprometida con el Gobierno.