Por fin después de tantos años de posdictadura, una política chilena se atreve a declarar que para ella primero están las demandas populares que el apego irrestricto a la Constitución. Se trata nada menos que de la actual presidenta del Senado, la que ha debido soportar una andanada de críticas por el “sacrilegio” cometido contra nuestra Carta Fundamental vigente desde 1980. Esto es, el texto constitucional legado por Pinochet que se ha prometido mil veces derogar y reemplazar por otro. Políticos de derecha y de la auto denominada centro izquierda han denostado a la blasfema parlamentaria y le exigen que renuncie a su cargo.

Ojalá que la senadora Adriana Muñoz resista a las presiones de quienes en 1973 no trepidaron en violar la Constitución de 1925 y materializar un cruento golpe de estado y magnicidio presidencial. Deseamos que también se imponga a los propios políticos de su sector que la están censurando, seguramente en la esperanza de reemplazarla en un cargo muy apetecido. Porque, como se sabe, acumular cargos y prebendas es el principal oficio de nuestros “servidores públicos».

Unos y otros podrían recordar las famosas declaraciones de quien se considera el “forjador de nuestra República” y que no tuvo inconveniente alguno en decir que “la Constitución es una señora que hay que violarla cuando las circunstancias se extremen”. Sin duda se trata del ministro conservador Diego Portales  a propósito de la Constitución de 1833 que el mismo contribuyó, curiosamente,  a definir y dictar.

En efecto, parece que buena parte de nuestra clase política se olvidó que su primera responsabilidad es la de satisfacer las demandas del pueblo y cumplir con sus promesas electorales una vez en posición de los altos cargos del Estado. Efectivamente, lo que nos parece una vergüenza es que los miembros del Ejecutivo y del Parlamento juren respetar la Constitución y las leyes y se avengan con la legislación que nos rige y que, en ningún caso, se trata de normas aprobadas por los ciudadanos. Tanto así que, antes de la pandemia del coronavirus, el país estaba a punto de concurrir a un plebiscito y aprobar la realización de una asamblea constituyente para fundar una profunda reforma de nuestra institucionalidad. Itinerario político que fue suspendido por Sebastián Piñera con la dictación de un estado de emergencia para inhibir el ejercicio de derechos que como el de asociación  hoy tienen a millones de chilenos confinados, en el desempleo y  el hambre. En virtud, justamente, de una Carta Fundamental que le otorga poderes abusivos al Jefe de Estado y a La Moneda, facultades que, para colmo, no han demostrado hasta aquí ningún avance importante en la mitigación de un contagio. Al contrario de lo sucedido en otros países que acotan la acción de los gobernantes y no renuncian a respetar los Derechos Humanos consagrados universalmente.

Es evidente que en Chile la distancia entre el poder político económico respecto de la realidad de la población ha llevado a reconocer al propio Ministro de Salud que no tenía idea de que en Chile existiera tanta desigualdad y hacinamiento en las poblaciones pobres, las que con las cuarentenas han estado obligados a contagiarse y morir como moscas. Por estos días, otros descubren que el número de los indigentes supera el 25 por ciento de la población y, después de tanto tiempo, se conviene que cientos de miles de chilenos padecen hambre.

Vaya qué hipocresía la de algunos columnistas impactados por las expresiones de una parlamentaria mientras en otros de sus escritos alientan la desestabilización de algunos gobiernos de América Latina y se hacen cómplices de las acciones de Donald Trump para bloquearlos y derribarlos. Países que, sin duda, también tienen sus propias constituciones muchas veces refrendadas por sus pueblos. Lo que aquí en toda nuestra historia jamás ha ocurrido.

Vaya qué vergüenza, asimismo, que sectores e izquierda no hayan reaccionado como se merece el sincero reconocimiento de la Presidenta del Senado. Muchos de ellos, plenamente conscientes de que la Constitución de 1980, en su origen y contenido, no se aviene con principios democráticos, provocando en Chile una desigualdad extrema, además de una concentración escandalosa de la riqueza. Junto con abrirle las puertas de nuestra economía al enseñoramiento de las empresas extranjeras, lo que en otras circunstancias sería tildado de traición a la patria.

Sin embargo, En el mismo matutino de extrema derecha que se consignan las opiniones de los más críticos y cínicos detractores de la postura de la senadora Muñoz, se editorializa para fustigar cualquier posibilidad de un impuesto patrimonial a favor de los más afligidos por la pandemia. Un gravamen sugerido solo para la extrema riqueza y limitado en el tiempo hasta que el país recobre su “normalidad”, tal como se asegura.

Ello demuestra a plenitud que pese a la tragedia y los despropósitos políticos y económicos revelados por la Pandemia, quienes nos gobiernan y forman parte de la clase hegemónica no tienen voluntad alguna de que se alteren los actuales preceptos constitucionales que tanto los han favorecido, como garantizado en su impunidad. De allí la necesidad de que los chilenos recuperen su movilización y mantengan su arrolladora voluntad de desbaratar el que llaman “estado de derecho”.