La crisis sanitaria a nivel mundial dejó en evidencia que los sistemas de salud han recibido poca atención, pero no se ha dicho nada sobre la población indígena afectada con creces por este abandono estatal. En conferencia de prensa en línea, la FILAC (Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe), presentó el primer informe regional: Los Pueblos Indígenas ante la pandemia del COVID-19, con el fin de visibilizar la problemática a la que se enfrenta esta población.
La COICA (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca de la Amazonia), luego de sus investigaciones, reveló que existen 679 personas con COVID-19, de las cuales 40 fallecieron. Estos casos fueron descubiertos en los nueve países que conforman la cuenca: Brasil, EP Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Guayana, Guyana Francesa y Surinam. La Dra. Mirna Cunningham, Presidenta del Consejo Directivo de la FILAC, Álvaro Pop, Secretario Técnico de la FILAC y Amadeo Martínez, Coordinador General del FIAY (Foro Indígena de Abya Yala), coinciden en que la pandemia ha vuelto a dejar al descubierto la desigualdad a la que se enfrenta el pueblo indígena.
Tal es el caso del pueblo Siekopay, con una población 744 personas, se ha visto en la obligación de llevar a sus mayores selva adentro para evitar más contagios, esto a causa de la falta de respuesta del estado. Este no es el único caso, la pandemia y la negligencia ponen en riesgo colectivo a las poblaciones indígenas.
En EP Bolivia y la región autónoma de Nicaragua, las mujeres se reúnen con la población, visitan las comunidades y ayudan a tomar medidas preventivas. Por otro lado, en México, Costa Rica, Panamá y otros sitios de la Región Andina y el continente, los pueblos indígenas toman medidas de protección, como es el control de ingresos a sus comunidades, el uso de medicina ancestral y más. Con esto queda demostrada la capacidad de reacción de los pueblos indígenas ante esta emergencia y la rápida respuesta de los colectivos y organizaciones indígenas.
El informe realizado por la Plataforma Indígena Regional, Abya Yala y FILAC, muestra ambas realidades: el efecto devastador de la enfermedad sobre los pueblos, pero también la acción de los pueblos frente a la emergencia. Es necesario que toda la población entienda que esta capacidad de reacción y actuación de los pueblos indígenas, ha sido vital para el bienestar del continente, por lo que proteger a los pueblos indígenas es un imperativo humano y ético. Es una obligación de los estados y una necesidad social.
Por otro lado, según el Mecanismo de Expertos de la ONU, la población indígena se enfrenta a otro problema: el hambre. No es algo nuevo, pero con la COVID-19 se ha acrecentado a causa de la desigualdad y la discriminación. La población indígena representa el 10% de la población total de América Latina y corre el riesgo de ir disminuyendo, no solo por la pandemia, sino por las consecuencias que se derivarán de ella como es la depresión y recesión económica a nivel mundial.
Ante este panorama es que la FILAC y la FIAY, crean la Plataforma Indígena Regional frente a la COVID-19: “Por la Vida y por los Pueblos”. A través de esta plataforma se pide que los estados de la región, desarrollen mecanismos formales y eficientes de diálogo entre los Pueblos Indígenas y las autoridades estatales para tomar acciones interculturales, coordinadas y eficientes ante los impactos actuales y futuros de la pandemia.
