Las Organizaciones No Gubernamentales abajo firmantes expresamos nuestro profundo pesar con aquellas familias que perdieron a seres queridos y también con aquellas que atraviesan la difícil situación de haberse contagiado o tener familiares contagiados con COVID 19. Enviamos a estas familias un abrazo solidario en el marco de esta pandemia que enluta a todo el país y al mundo.
Ante la dolorosa situación por la que atraviesa el pueblo ecuatoriano y frente a las medidas que están siendo adoptadas por el gobierno nacional para enfrentar esta crisis humana, social y económica: Consideramos que:
1. La profundidad de la crisis ecuatoriana actual, aunque se ha agravado por los problemas provocados por el COVID 19, no puede ser atribuida únicamente a la pandemia. Esta crisis es la expresión de un modelo de desarrollo con profundas desigualdades que ha provocado que la mayoría de la población no alcance una vida digna y acorde a las aspiraciones de bienestar y crecimiento que todos los pueblos demandan y ha desencadenado extremas amenazas para la vida en la Tierra.
2. La crisis sanitaria que estamos viviendo es una faceta de la crisis global, es una crisis de bio-seguridad, que tiene que ver no solo con la salud, la infraestructura sanitaria, los recursos económicos, humanos y técnicos, sino con la soberanía alimentaria, la seguridad, la información, la educación, la conciencia colectiva, la sostenibilidad ambiental, la solidaridad y, lógicamente, con el ordenamiento nacional y territorial, la participación política, empresarial y de la sociedad civil.
3. La crisis nos ha demostrado que es fundamental poner a la vida del ser humano al centro de todas las acciones y propuestas, esto en relación con las estructuras, instituciones, empresas, organizaciones, partidos, planes, programas, leyes, tecnología, etc. No actuar de esta manera ha generado el descuido de las relaciones familiares, del bienestar personal no individual, de la austeridad, del cuidado de los recursos, del bien común.
4. Esta crisis ha demostrado que el Estado debe tener un rol principal como garante de bienestar colectivo en: provisión de servicios de salud, educación, vivienda, alimentación y servicios públicos de calidad a todos los ecuatorianos, para lo cual se requiere de acuerdos democráticos amplios, especialmente sobre como el país debe generar y redistribuir la riqueza y como se deben garantizar los sistemas de representación y participación social, política y económica, que deriven en políticas públicas centradas en la vida.
5. La crisis nos ha develado la falta de coordinación y articulación de los diferentes sectores, público (gobiernos), privado y tercer sector, para sumar esfuerzos en la construcción del bien común basado en principios éticos. No hemos superado las visiones parciales y rentistas de corto plazo centradas en ganancias individualistas por lo que no se ha articulado una propuesta de generación de riqueza que contribuya a crear escenarios sociales que generen oportunidades a toda la población en su conjunto.
6. La crisis ha demostrado que tanto discurso y teorización sobre el diálogo no ha llevado a acciones concretas en favor de la construcción del bien común. Los diálogos propuestos entre sectores no han generado aún un pacto nacional sobre los principios que deben orientar nuestro modelo de desarrollo político y económico y sobre los objetivos, los resultados y la forma en que debemos medir los impactos de nuestro modelo de desarrollo para poner la vida en el centro de toda propuesta de acción para enfrentar el escenario actual de crisis y el escenario post crisis.
7. La situación actual ha evidenciado que las acciones que se desarrollan en la emergencia sanitaria deben demostrar transparencia y honestidad como lo señala la advertencia realizada por Transparencia Internacional ante la pandemia covid19 en la compra de suministros médicos, el gasto público, las acciones de solidaridad como la entrega de kits y bonos, los precios, el no monopolio o colusión.
En ese marco proponemos:
1. Es urgente hacer propuestas de un nuevo modelo de desarrollo que se base en los objetivos del bien común, una vida digna para todos, la superación de las pobrezas (no sólo la material), la recuperación de la dignidad de todas las personas, la equidad de género, la diversidad, la participación, el ejercicio de derechos, el cuidado de la naturaleza y de la vida. Estas propuestas deben venir de todos los sectores y deben ser consideradas equitativamente en las leyes, en las instituciones, en la estructura, en las prácticas, en todas las esferas (política, económica y social) y en la cultura nacional.
2. Lo anterior demanda exhortar a todos los sectores, público, privado, ONG, organizaciones sociales, academia, organizaciones políticas, organizaciones de la economía popular y solidaria a unirnos en lo que algunos han llamado un “gran pacto nacional” para construir ese nuevo modelo de desarrollo, que pone al centro al ser humano y se construye sobre los pilares de la justicia, la libertad, la verdad, la equidad, la participación y el bien común. Como parte del tercer sector nos comprometemos a promover, animar y defender este gran pacto nacional.
3. Para superar esta crisis sanitaria, debemos desde todos los sectores contribuir y comprometernos con la aplicación de nuevos protocolos definidos para proteger a grupos prioritarios y la población en general que empiecen por la salud, la educación, el trabajo, la seguridad, y continúen con la soberanía alimentaria, la bioseguridad, la información, la sostenibilidad ambiental, la solidaridad, la no violencia y convivencia pacífica, el ordenamiento de acciones a nivel nacional y territorial, la participación política, empresarial y de la sociedad civil.
4. En línea con lo anterior, cualquier medida o propuesta en relación con la etapa actual y post emergencia deben poner al ser humano y la defensa de la vida como valor central, por tanto, en la definición de las políticas públicas debe considerarse la equidad, la justicia social y no discriminación, la transparencia e integridad, la participación ciudadana, la solidaridad social, la innovación, el respeto y fomento de la diversidad.
5. El Estado debe recuperar el rol de garante del bienestar colectivo para lo cual, desde el Gobierno Nacional, se debe promover urgentemente acuerdos democráticos amplios, especialmente sobre como el país debe generar y redistribuir la riqueza y como se deben garantizar los sistemas de representación y participación social, política y económica, que deriven en políticas públicas centradas en la vida.
6. Debemos llamar a establecer una coordinación y articulación de los diferentes sectores, público (gobiernos), privado y tercer sector. Siendo el tercer sector (constituido por organizaciones no gubernamentales y un conjunto amplio y diverso de formas de organización social) un actor importante para enfrentar esta crisis, se lo debe considerar por su experiencia y capacidad técnica y profesional en el trabajo por la preservación y ampliación de derechos de las poblaciones, la generación de puentes entre diferentes sectores y diferentes áreas geográficas, la promoción de la participación de la comunidad, la implementación de proyectos de desarrollo y asistencia social, la generación de investigación, la promoción de alternativas de economía popular y solidaria y emprendimientos, la defensa de la naturaleza y los recursos naturales, la atención a las poblaciones más vulnerables, la generación de empleo, etc., para incidir de forma positiva, junto a la academia y el sector privado, en las políticas públicas y el impulso de diálogos con resultados concretos.
7. Bajo ese marco exhortamos al Gobierno Nacional para que se consideren las afectaciones causadas por la crisis a las organizaciones de la sociedad civil. Estas afectaciones incluyen: vulnerabilidad para sostener nuestro trabajo de servicio a los grupos más necesitados, la ausencia de normativa y poca atención desde el Estado para establecer mecanismos que estimulen el sector sin fin de lucro. Como se observa de las contribuciones mencionadas arriba, del trabajo de nuestro sector dependen un sin número de grupos de atención prioritaria siendo para estos grupos una fuente de generación de múltiples beneficios y valor agregado. Además, el sector genera empleo y tiene un importante papel para el desarrollo de procesos de participación ciudadana y veeduría social de las acciones que el Estado realiza para una correcta utilización de fondos públicos.
8. Es por lo anterior que pedimos al gobierno que se considere al sector de la sociedad civil en la construcción y ejecución de nuevas propuestas, lo que implica la posibilidad de que este sector pueda acceder con agilidad y sin trabas, a los fondos, medios, recursos y espacios destinados para superar la crisis y la garantía normativa de sostenimiento de las OSC en el trabajo de servicio a los grupos más necesitados, resguardando los empleos que éstas han generado, devolviéndoles el IVA retenido por pagos adelantados sin la demora tenida por años y permitiéndoles entre otros acceder a créditos en condiciones favorables que permitan a sus organizaciones sostener empleos y sus programas productivos o de autogestión y establecer estímulos que permitan motivar a que la empresa privada realice inversión social a través de nuestro sector.
9. Que se establezca canales para apoyar a las organizaciones del tercer sector para que participen activamente en proyectos, contratos, convenios en los que el Estado no cuenta con personal o experiencia suficiente. Esto permitiría al país aprovechar las raíces ciudadanas que las organizaciones tienen en todo el territorio nacional. La mayoría de las organizaciones ya estamos aportando de acuerdo a nuestras posibilidades en acciones locales y nacionales ante la emergencia. Además, contamos con técnicos preparados para el desarrollo de acciones en los diferentes niveles que demanda la crisis y tenemos talento humano y estrecha vinculación con la ciudadanía que en este momento es clave para las intervenciones. Este es precisamente el momento de redireccionar recursos para trabajar por las poblaciones incluyendo a organizaciones no gubernamentales y de sociedad civil.
10. Debemos fomentar con urgencia el desarrollo de procesos de veeduría social de las acciones que el Estado realiza para una correcta utilización de fondos públicos, garantizando la transparencia y honestidad, tanto en casos de emergencia como en la post – emergencia, publicando información clave en formato de datos abiertos, accesibles a cualquier ciudadano de modo que se pueda dar seguimiento a las acciones públicas y privadas relacionadas a la emergencia y enfrentar posibles aumentos de precios y acaparamiento que afectan el suministro de bienes y servicios. Las ONG hemos nacido para complementar los esfuerzos de los gobiernos en la construcción y defensa del bien común, el impulso de la no violencia y la convivencia. el desarrollo de todos los pueblos, la defensa y promoción de los derechos humanos de todas las personas y el cuidado de la naturaleza, nuestra tierra, la plurinacionalidad y la pluriculturalidad y seguimos con nuestras manos y esfuerzos siempre abiertos al servicio de todos.
Suscribimos las siguientes organizaciones:
