Con el «borrador de mayo», el «decreto de abril» parece haber llegado a la recta final. De hecho, en los próximos días (tal vez ya mañana), el hilvanado de medidas gubernamentales sobre el «paquete de trabajo», tan esperado por quienes se han visto abrumados por la cuarentena en los últimos meses, debería ponerse en marcha para dar respuestas al recrudecimiento del malestar social, como efecto devastador causado por la crisis del sistema económico bajo el impulso exógeno de la emergencia pandémica.
El conflictivo decreto, de larga duración, ha sufrido varios aplazamientos debido a las fricciones en el interior de la mayoría, en particular entre el M5S y el resto de la coalición PD-IdV-LEU (aunque esta última con diferentes sensibilidades de mérito y estilo). Como era de esperarse, el objeto de la controversia gira en torno a la cuestión de los ingresos de emergencia: por un lado, los que piden su introducción con un enfoque más estructurado (M5S); por otro lado, los que quieren limitar la incidencia con un subsidio único (los otros de la estructura gubernamental).
En realidad, los indicios de la oposición entre las fuerzas de la mayoría se hicieron evidentes desde el comienzo del debate sobre la medida, a partir de la previsión oscilante de los gastos del fondo que se destinará a cubrir los ingresos de emergencia (RdE), estimados inicialmente en 3.000 millones y luego -a finales del mes pasado- reducidos en un 1,3%. De ello se desprende claramente que el límite máximo de ingresos (menos de 15 mil euros-EEE) necesario para acceder al beneficio de la RdE (400.800 euros x 3 meses) se determinó más en función de los recursos efectivamente cubiertos por la subvención, que del estado de necesidad generalizada real generado por la cuarentena.
De hecho, del esquema del proyecto de la nueva medida gubernamental se desprende que la acción de apoyo se dirige casi exclusivamente a abordar la crisis sistémica empresarial como una prioridad, en un intento de sacar al país de la recesión -como si ésta fuera una de las muchas crisis capitalistas de carácter cíclico conocidas en el pasado, mientras que el enfoque político de la actual crisis social es uno solo, determinada por la emergencia de la pandemia, se basa en mecanismos residuales y transitorios, ya que una vez que los factores de producción se restablezcan «rápidamente», se piensa que todo volverá a la «normalidad» de las relaciones de intercambio.
El reconocimiento del enfoque «obrero» del decreto de iure condendo viene dado por el hecho de que el paquete financiero se dirige esencialmente a los sectores productivos: supone un gasto de 25.000 millones de liras, de los cuales 13.000 millones se destinan a la refinanciación equitativa de las prestaciones de seguridad social para los empleados (fondo de despido hasta julio-agosto). Además, se han reajustado los subsidios para los «autónomos» y se han previsto medidas para la galaxia del empleo precario, es decir, para la generación JobsAct (estacional, intermitente, ocasional, etc.).
Sin embargo, en última instancia, este decreto-ley volverá a reproducir el mismo modelo jerárquico de necesidad social, marginando todo lo que no se puede remontar a la mediación de la relación de intercambio capital-trabajo, estableciendo en forma de salario -como quieren las federaciones de empresarios y los sindicatos- la única clave para acceder a los ingresos. La justa batalla por la renta básica incondicional, universalmente reconocida a todo individuo como un derecho «que permite a los individuos elegir su propio camino de vida y autodeterminación» (*), debe ser afirmada por un poder de conflicto social antagónico, culturalmente alternativo al paradigma dominante: es ilusorio esperar un cambio de rumbo de la clase política, ni siquiera en presencia de los irrefutables desfallecimientos del sistema neoliberal ante la emergencia de la pandemia.
Frente a este cuadro compuesto de sujetos, ciertamente en condiciones de sufrimiento, el público interesado en la ayuda de emergencia (RdE), el que se encuentra en la pobreza absoluta, es considerado como un fenómeno marginal y residual, cuya resolución debe buscarse en el desarrollo económico y la expansión de las actividades productivas. Se trata, en efecto, de las mismas consideraciones hechas en el momento de la introducción de la Renta de Ciudadanía, contra la cual se había abierto un aluvión de críticas que implicaba no sólo a toda la oposición, sino incluso al propio gobierno, que obtorto collo (a regañadientes) presentó la medida, concibiendo su eficacia como una política activa de asistencia laboral.
Según esta lógica, rebus sic stantibus (el enigma), incluso la expectativa de ingresos de emergencia, con la que el tan esperado decreto debe dar respuestas a los «pobres de la cuarentena», debe cumplir consistentemente con los supuestos del lado económico, en el sentido de que deberá limitarse a los límites de la temporalidad (trimestral a partir de julio) con todas las condicionalidades ya previstas para la «renta de ciudadanía» (cuyas correcciones de los techos de renta y patrimoniales de los hogares (declaración-EEI) son irrelevantes y no alteran en nada la estructura diabólica anterior).
En resumen, lo que prevalece en la dinámica de gestión de la crisis es la centralidad paradigmática de la Economía, en la que convergen -con diversos matices de grises- el gobierno, las oposiciones y los fantasmas «Partidos Sociales» (sindicatos y patronales), cada vez más enemigos de cualquier forma de apoyo a la renta autónoma de la relación de intercambio. Y, de hecho, se oponen firmemente también a una deseable introducción legislativa sobre el «salario mínimo», a fin de mantener el monopolio de la representación en el contexto de la compatibilidad contractual. Por el contrario, son partidarios de legislar sobre la representatividad en materia de negociación de las políticas económicas (así como sobre la representatividad contractual en las categorías únicas), tratando de bloquear las nuevas insurrecciones de la cooperación social que presionan por un vértigo en la distribución de la riqueza (también con la repartición de las tasas del sistema fiscal, imaginando formas de drenaje fiscal que vuelquen la pirámide social, pidiendo algún sacrificio extra a ese 3% de la población que posee alrededor del 50% del patrimonio nacional).
En conclusión, creemos que, sin menoscabar la estabilidad del sistema y la necesidad de estímulos financieros para promover la recuperación económica, existe una subestimación sustancial de la emergencia social en la clase política, convencida de su reabsorción inmediata en el modelo de producción una vez que se reinicie la máquina. ¿Pero es realmente seguro que una vez que la tormenta haya pasado – se preguntan los sociólogos – muchos volverán a su propia ocupación? Registramos, como indicador de la grave crisis social, los datos proporcionados por Caritas: las personas asistidas en el mes de abril, en comparación con los primeros meses del año, se han más que duplicado, pasando de unas 19.000 a más de 38.000. Estas cifras, evidentemente, deben añadirse a las de las más de 200.000 personas asistidas cada año que se encuentran en estado de pobreza; entre estas nuevas personas hay pequeños empresarios, artesanos, comerciantes, muchos de los cuales son propietarios de empresas familiares (una forma muy extendida en el sur de Italia), que hoy en día se han deslizado repentinamente por debajo del umbral de la pobreza absoluta.
(*) ver la entrevista de Pressenza.com con Sandro Gobetti
Traducido del italiano por Estefany Zaldumbide
