Que Madrid sea la región con más muertes por el Covid-19 en España y de las más afectadas en el mundo, y que la mayoría de los fallecidos sean mayores que viven en residencias, no es casual o por mala suerte. La explicación es muy clara, se llama especulación y tiene cómplices: el gobierno regional. Es urgente la concreción de un modelo sociosanitario y una ley estatal de residencias que lo ampare, pensada por todos los sectores implicados, que obligue a las comunidades y que ponga como centro la vida de nuestros mayores.

Por Sara Tajuelo

La escasez de personal antes y durante la pandemia.

A nivel nacional el 75% de las plazas en residencias de mayores está en manos privadas, sólo el 25% son públicas.[1] En la Comunidad de Madrid (CM) es casi el 80% lo que está en manos privadas[2].

La ratio fijada en el 2008 por el Consejo Territorial[3] para grandes dependientes es de 0,47 e incluye al personal sanitario, auxiliares de enfermería y geriatría, fisioterapia, terapia ocupacional, trabajador social y psicólogo cuando lo haya. Esta ratio se reparte entre la mañana, tarde y noche, quedando así reducida a una ínfima cantidad de personal por turno que realizará tareas de gerocultura y hostelería. Esta cantidad de personal de atención directa no solo ha de aumentarse, sino que debe cuantificarse para mostrar las escasas cifras reales que se ocultan tras la ambigüedad y la inespecificidad. Se necesita un método transparente de cuantificar el personal que indique con claridad la cantidad de residentes que corresponden por gerocultora, detallando también el resto del personal de atención directa. De esta manera habría transparencia en el recuento y se podría comprobar la escasez de personal. También habría que dotar a las residencias de personal suficiente de hostelería, destinando así a las gerocultoras a la tarea para la que en su esencia fueron concebidas, reconociéndoles el valor vocacional que sienten por su profesión.

Respecto a los técnicos, el acuerdo marco establece que cada 50 plazas ha de haber 4 horas diarias, de lunes a viernes de fisioterapia y de terapia ocupacional. Esta escasez de horas explicaría la insuficiencia de las terapias, que no llegan a ser acordes con las patologías y enfermedades a las que nos enfrentamos en cualquier residencia, máxime cuando hay mayores derivados de hospitales que requieren un tratamiento de rehabilitación y que en la mayoría de los casos se realiza someramente.

Si además las bajas provisionales y vacacionales no se cubren, estamos ante un grave problema que dificulta una atención digna y de calidad.

Según el informe del 2012 de la Sociedad Española de Psiquiatría Geriátrica (SEPG) el 90% de los mayores sufre depresión, deterioro cognitivo o demencia.[4] Sabemos que en la actualidad estamos ante un incremento de mayores grandes dependientes cognitivamente y por lo tanto la ratio del 2008 ha quedado obsoleta. Así pues queda patente la imposibilidad de cubrir la demanda de asistencia a la dependencia, en las residencias de mayores, antes de la pandemia.  Siendo difícil implementar el Plan de Atención Centrado en la Persona debido a la elevada escasez de personal especializado y de atención directa que lo haga posible.

En las residencias privadas por regla general, no se contratan Auxiliares de Enfermería, pese a tener en algunos casos ésta titulación, sino que el personal es contratado como Auxiliar de Geriatría. El motivo es abaratar el coste del salario ya que una Auxiliar de Geriatría cobra menos. Además el convenio de Auxiliar de Geriatría obliga a realizar múltiples tareas de hostelería tales como: camas, recogida de toallas y baberos de lavandería, servir desayunos, comidas, meriendas y cenas, distribuir zumos y jarras de agua, entre otras funciones. Por tanto de una jornada de 7 horas la balanza se inclina más hacia las tareas de hostelería que hacia las actividades y cuidados de atención directa. Este convenio no termina de reconocer la valía sanitaria, dado que no hay formación respecto a las diferentes patologías y cómo afrontarlas, recayendo este conocimiento solamente en el personal sanitario. Así, habitualmente en las residencias privadas, las Auxiliares de Geriatría no son informadas de las enfermedades que cursan los residentes, tales como infección de orina, gripe, catarro, gastroenteritis, etc. Esta falta de información hace que en la atención directa, las Auxiliares e incluso personal técnico, carezcan de datos suficientes para contrastar la evolución y prever una estimulación adecuada.

En síntesis, las residencias privadas prefieren hacer los contratos como Auxiliares de Geriatría porque el salario es menor y además las pueden destinar a tareas de hostelería que no revierten en trato directo con los residentes, agravándose esta situación de soledad y carente de atención durante la pandemia al estar aislados en sus habitaciones. Si antes del Covid19, muchos mayores trasladados al hospital presentaban deshidratación, desnutrición, infección de orina e infección de úlceras por presión, ya con el virus dentro de las residencias todo esto se ha visto agravado debido a la ínfima cantidad de personal destinado a las ingestas, cambios posturales y cambios de pañal, a cada residente aislado. Además la cantidad de bajas de trabajadores en cuarentena, da una visión caótica y escalofriante de la desatención que han sufrido muchos mayores.

La baja ratio unida a la multitud de tareas hosteleras, que ya antes de la pandemia se venían denunciando por el desmedro atencional hacia los mayores en residencias, se ha acentuado durante la pandemia, no sólo porque las residencia no están medicalizadas, sino además porque la escasez de personal y las múltiples tareas hosteleras han privado de una atención humana y sanitaria a los residentes aislados en sus habitaciones.

Utilizando en la mayoría de los casos la frase “daño colateral” como justificación de la falta de atención directa, que ya los familiares veníamos denunciando con multitud de reclamaciones a la CM.

Previamente al Covid19 los familiares veníamos reclamando la atención precaria de los mayores en las residencias, no sólo en tareas básicas de higiene, cambios de pañal, cambios posturales, alimentación e hidratación, sino el escaso contacto humano con los más de 25 residentes “vigilados” por tan sólo 2 auxiliares o tan sólo 1 en diversos momentos, haciendo mella día a día el deterioro ocasionado en gran parte por la falta de interacción y estimulación.

Estas empresas sin escrúpulos, la mayoría propiedad de fondos de inversión, justifican las úlceras por presión, las infecciones de orina, la desnutrición y la deshidratación, la pérdida de masa muscular, el trastorno en el habla, el aumento de la depresión y del deterioro cognitivo, como “daños colaterales” que se desprenden del Covid19. Cuando sabemos en realidad que esto ha sido causa de la mala gestión y la mala fe de empresarios que han especulado y racaneado hasta la saciedad. Han evitado invertir económicamente en la prevención de equipo sanitario, epis y test, y aumentar el personal para atender con frecuencia a los residentes aislados, que en la época de mayor mortandad por Covid19 un elevado número de trabajadores fueron dados de baja y otros, siendo positivos asintomáticos, siguieron trabajando eludiendo nuevas contrataciones, argumentando además que no encontraban personal para suplir las bajas.

Esta justificación por parte de las empresas, que han esperado las ayudas de la administración pública, pese a que ellos pueden invertir una parte de sus grandes beneficios en material y personal sanitario, ha ocasionado no sólo la muerte de miles de mayores sino que también ha mostrado la cara más cruel del negocio de la geriatría: la desatención que han sufrido muchos mayores fallecidos en el más absoluto abandono durante la etapa más dura de la pandemia.

El ocultamiento de información a los familiares antes y durante la pandemia

Otra situación que hemos denunciado durante años ha sido la escasa información a los familiares, tanto en el seguimiento de patologías y enfermedades adquiridas como en el conocimiento de la vida social y emocional de los mayores en las residencias.

Habitualmente las residencias no tienen un mecanismo fluido para informar a los familiares. Esta circunstancia se ha visto agravada durante el Covid19. Las directivas han argumentado que el personal estaba sobrepasado y no podía coger el teléfono, mucho menos dar información específica de los residentes. Tampoco han informado sobre la situación sanitaria de la residencia durante la pandemia, excusándose en la “protección de datos”. Sabemos que la mayoría de las residencias han ocultado información para salvar a la Compañía.

Han sido los grupos de familiares, organizados antes de la pandemia, quienes han recopilado datos de fallecidos e infectados gracias a la colaboración de trabajadores que han decidido saltar por encima de la cláusula de confidencialidad en sus contratos, siendo coherentes ética y moralmente consigo mismos; siendo a su vez víctimas de este sistema neoliberal, movidos por el sufrimiento y el afecto que sienten por los mayores a los que cuidan.

La ausencia de una normativa donde los familiares tengan mecanismos para influir en la toma de decisiones de las residencias

Al día de hoy los familiares no tenemos poder de opinión ni decisión en las residencias. Siempre hemos defendido que en la futura Ley de Residencias se recoja una cláusula que defienda la formación de Consejos compuestos por residentes, trabajadores y familiares.

En la actualidad existen los Consejos de Usuarios, donde pueden participar residentes y sólo aquellos familiares que tienen la tutela de su mayor, sin embargo antes de la pandemia son muy pocas las residencias que lo han implementado.

Esta ausencia de participación y control de los familiares en la vida de las residencias agrava el problema, dejando el campo libre a la especulación y la degradación de la atención al mayor.

El desamparo institucional

Qué amparo podemos esperar de un gobierno regional que insta a las Auxiliares de Enfermería, en las residencias públicas de gestión directa, a la realización de tareas de hostelería en desmedro de una atención directa a los residentes.

Qué confianza podemos depositar en una normativa donde la balanza se sitúa a favor del beneficio económico del empresario.

Cómo es posible que tan sólo haya tres inspectores para las residencias de toda la CM y que en la mayoría de los casos las inspecciones sean avisadas previamente a los directores.

No es fácil comprender por qué las reclamaciones son archivadas sin que se la Comunidad de Madrid reconozca en sus respuestas lo que denunciamos en ellas.

Sabemos que la Consejería de Políticas Sociales el día 8 de marzo, a pesar de presuponer lo que se venía encima, hasta el 19 de marzo no inicia la recogida de datos de Covid19, en las residencias de Madrid.

Sabemos que la Consejería de Sanidad, demoró la medicalización de las residencias hasta el punto que hoy en día distintos ayuntamientos y el TSJM (Tribunal Superior de Justicia de Madrid) siguen presionando a la Consejería de Sanidad para que dote de recursos técnicos y de personal sanitario.

Ni que decir tiene que a día de hoy, aún hay residencias que no cuentan con EPIs (equipos de protección individual)  para la prevención y test para proceder eficazmente en el aislamiento de residentes.

Dudamos que la protección a los mayores durante la crisis sanitaria haya sido una prioridad para la Administración. Muestra de ello es que ante la imposibilidad de trasladarlos a los hospitales públicos, no se pusieron al servicio de los mayores, en estado grave, las camas libres en hospitales privados. Si se hubiesen realizado estos ingresos hospitalarios, seguramente muchos residentes hoy estarían vivos.

Ambas Consejerías han facilitado poca información a los familiares, acerca de la situación de las residencias y de nuestros mayores, dejándonos en la desazón del desconocimiento.

¿Cómo se puede permitir a una empresa no facilitar una información que por derecho nos corresponde tener, dado que ésta afecta directamente a los mayores que viven en ella? ¿Cómo puede ser que ni la CM ni el gobierno nacional tomen cartas en el asunto? ¿Cómo es posible que se priorice el negocio privado por encima del derecho a la información?

No comprendemos como la Administración, sabiendo que hay empresas que alcanzan un millón de euros de beneficio anual, no promueva una ley que ampare a los mayores de esta monstruosa especulación. Una ley que obligue a destinar una parte de su pingüe beneficio en la adquisición de material sanitario tanto humano como técnico.

Una ley que proteja a los mayores de los fondos buitre y los empresarios que solo miran por el rédito económico. Cómo puede ser que la CM consienta esta situación lamentable en sus propias residencias de gestión indirecta, entregándolas a la gestión de gente sin escrúpulos.

¿Cómo puede ser que haya directores sin la formación adecuada, sin experiencia y sin pericia gestione una residencia, poniendo en peligro la vida de los mayores y la salud física y psicológica del personal que les cuida?

Antes de terminar queremos recalcar cualquiera sea el color del gobierno nacional, si realmente tiene el punto de vista puesto en el bienestar de los ciudadanos, no deberá escatimar en destinar el dinero que sea necesario a la Ley de Dependencia. Deberá poner las condiciones para concretar el modelo sociosanitario al que se aspira, presionando a las autonomías en la ejecución de una Ley de Residencias donde se ejecute dicho modelo sociosanitario, en cuyo diseño y ajuste deberán intervenir no sólo sanitarios y técnicos especializados, sino también representantes de Auxiliares de Enfermería y Geriatría, así como asociaciones y agrupaciones de familiares que conjuntamente contemplen los aspectos que venimos reclamando.

Para finalizar, toda la ciudadanía debemos cuestionarnos qué significado tiene la vejez en nuestras vidas, siendo de vital importancia la conexión humana con los mayores, muchos deteriorados por la edad, que son igual de importantes que cualquier otra persona. Esto será posible sólo si conseguimos que el ser humano sea la prioridad en esta sociedad. Instalándose así una mirada humanizadora de la vejez en los programas de estudios de geriatría, de la rama socio sanitaria, de la dirección de empresas, ciencias políticas y sociales, así como en todos y cada uno de los ciudadanos que conformamos esta sociedad.

Mientras tanto, hasta que este cambio de mirada humanizadora se instale en la sociedad, estaremos dando palos de ciego, desvirtuando el objetivo, equivocando la dirección y pasando por alto la prioridad de morir dignamente en paz y sin el clamor desgarrador, que nos facilite a cada uno de nosotros, en la recta final de nuestras vidas, poder centrarnos en el restablecimiento afectivo y espiritual que nos impulse en el viaje hacia otro tiempo y espacio.

 

Sara Tajuelo es participante de la agrupación de familiares URL – Unión Residencias Leganés (unionresidenciasleganes@gmail.com)

 

[1] https://www.dbk.es/es/detalle-nota/residencias-tercera-edad-2019

[2] https://www.publico.es/sociedad/mortalidad-residencias-mayores-madrid-10-veces-superior-canarias-andalucia-galicia.html

[3] Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad.

[4] https://www.infosalus.com/mayores/noticia-90-mayores-viven-residencias-sufren-depresion-deterioro-cognitivo-demencias-20120720143628.html