Magaly Robalino Campos (2)
Coalición por el derecho a la educación. Nota de política educativa Nro. 2
El 90.2% de la población estudiantil en 191 países en el mundo están afectados por el cierre de escuelas y universidades debido a la pandemia causada por el COVID-19. Frente a este hecho sin precedentes, que agrava las desigualdades y afecta de manera desproporcionada a la niñez y juventud más vulnerable, los Estados deben asegurar la continuidad, la inclusión y la equidad en educación (UNESCO, 2020)(3). “La educación y la salud están íntimamente unidas, los datos que lo demuestran son abrumadores”.(4)
En Ecuador, cerca de 1’900.000 estudiantes del régimen Sierra y Amazonia ingresaron de modo inesperado el 16 de marzo a una modalidad en línea, y alrededor de 2’400.000 estudiantes del régimen Costa iniciarán su año lectivo el próximo 1° de junio bajo un régimen virtual según lo ha anunciado el Gobierno(5). Estas medidas, si bien expresan la decisión del Estado ecuatoriano de mantener la continuidad de la educación aún en condiciones extremas de confinamiento, como lo están haciendo casi todos los países de América Latina, contrastan con los recortes presupuestarios dispuestos por el Ministerio de Finanzas(6) y anunciados por la SENESCYT(7) y el Ministerio de Educación(8).
El recorte de casi 100 millones de dólares afecta a 31 universidades públicas y un organismo del sistema de educación superior. Varias de ellas han anunciado que tendrán que suspender contratos de docentes y programas de postgrado incluyendo a las áreas de la salud(9). Diferentes sectores han expresado su desacuerdo porque esta medida violenta principios constitucionales, legales y éticos. Rectores de 8 universidades públicas y privadas han presentado una demanda ante la Corte Constitucional(10) instancia a la cual también se dirigió la Defensoría del Pueblo para solicitar un pronunciamiento “ante la reducción presupuestaria del sector educativo, decisión que vulnera la Constitución, pues en un estado de excepción, la salud y la educación son prioritarios”(11).
El Ministerio de Educación, por su lado, procedió a la suspensión del Servicio de Atención Familiar para la Primera Infancia (SAFPI), los programas de Alfabetización, y Post- alfabetización, debido a la supresión de los presupuestos desde el Ministerio de Finanzas e inició la reclasificación de contratos para reducir los salarios en algunos niveles.
“La educación no puede parar” ha reiterado la más alta autoridad del Sector. En efecto, el Estado está obligado a asegurar el derecho a la educación de toda su población, cuidando especialmente a la población más desprotegida. Paradójicamente, el recorte presupuestario del Ministerio de Finanzas elimina los programas que atienden a población altamente vulnerable y pone en riesgo la educación universitaria de miles de estudiantes, en especial de los estratos más pobres.(12)
Esta medida va en dirección contraria a las decisiones que varios países han tomado para fortalecer la educación, la investigación, la ciencia y la tecnología en temas relacionados con la pandemia y la reconstrucción de las sociedades, a través de alianzas con sus comunidades académicas y científicas. Dos ejemplos cercanos: en Perú, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC)(13) destinó un fondo de cerca de 2 millones de dólares para financiar “proyectos de muy corta maduración ́(1 a 3 meses) y alto impacto en áreas de detección masiva, telesalud, salud digital, desarrollos tecnológicos, estudios epidemiológicos y sociales, y tratamiento” que serán desarrollados mayoritariamente por las universidades. Argentina ha ido en la misma dirección a través de la convocatoria IP Covid 19 que seleccionará las Ideas-Proyecto (IP) de mayor interés para la formulación y financiamiento de proyectos de investigación, desarrollo e innovación orientados a mejorar la capacidad nacional de respuesta a la Pandemia en el país(14). Medidas similares se avanzan en Colombia, Panamá, Uruguay.
Los países comprometidos con una reconstrucción social proyectada al bienestar de toda la población están buscando respuestas integrales en las áreas sociales para atender la coyuntura, el mediano y el largo plazo. La salud, la educación y la protección social son pilares del desarrollo y el crecimiento económico inclusivos y deben ser abordados de modo articulado en la política pública y la gestión del Estado y, en condiciones de emergencia su prioridad es aún mayor.
Algunas decisiones de política pública son imprescindibles en este momento, entre otras: 1) mayores inversiones en los sistemas públicos de salud, educación y protección social; 2) valoración y reconocimiento social al personal de salud, de seguridad y a los profesionales y funcionarios de la educación, velando por el pago puntual de sus remuneraciones como primera medida básica; 3) aseguramiento de sus condiciones de trabajo y acompañamiento técnico y emocional para ejercer su labor en un contexto de enorme desgaste emocional; 4) inversión para el cierre de brechas en el acceso a la conectividad y a la comunicación para proteger el derecho de toda la población a acceder a educación, salud, información y conocimiento; 5) implementación de medidas de soporte para la alimentación y el cuidado de las familias sin recursos económicos.
El Ecuador está frente al desafío de avanzar hacia un modelo de sociedad basado en políticas de inclusión, igualdad y equidad social y educativa. La educación, salud, alimentación, protección social son prioridades ineludibles. Es urgente la rectificación de medidas que contrarían principios constitucionales, legales y éticos y que afectan directamente derechos humanos universales que deben ser garantizados por el Estado.
