Por Jorge Escobar Banderas
Durante el 2020, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), ya son 104 las víctimas mortales que dejan los ataques en contra de activistas y defensores de DDHH en Colombia. Sólo en el tiempo de la cuarentena decretada por el Gobierno por causa de la pandemia, han sido asesinados 24 líderes sociales. Muchos sueños han sido interrumpidos, pero son muchas las personas que mantendrán viva la memoria de aquellos que se atrevieron a construir un mejor país desde sus saberes, en medio de un conflicto que no cesa.
Un gran muro verde se erige al oeste de la “sucursal del cielo” y su inmensidad deja perplejo a más de uno cuando llega a la ciudad de Santiago de Cali en Colombia. El Parque Nacional Natural Farallones de Cali, sin embargo, pasa actualmente por una crisis silenciosa que está a punto de llevarlo a su fin. Detrás de estos estrechos caminos que se abren entre la vastedad de la montaña, se encuentra Villacarmelo, un corregimiento ubicado a tan solo 15 minutos de la cabecera urbana de Cali, un enclave a más de 2000 metros sobre el nivel del mar, que reúne ciertas características especiales que lo han puesto en el ojo y la acción de grupos ilegales.
Ese salto a la fama se ha dado por el hecho de contar con una gran cantidad de recursos minerales que pueden ser utilizados en el proceso de extracción y procesamiento del oro que, paradójicamente, ahora amenaza el ecosistema de los Farallones, expuestos a la deforestación y el desvío de sus cuerpos acuíferos. Alzar la voz sobre las actividades de minería ilegal y la utilización de semillas transgénicas en este territorio, al parecer se convirtió en la sentencia mortal para Jorge Enrique Oramas, un sociólogo que abanderó las causas de preservación ambiental, de agricultura orgánica y soberanía alimentaria con su proyecto Biocanto del Milenio, iniciado hace cerca de 10 años.
El sueño de Jorge
Pedro Villarreal compartió 15 años de amistad con Jorge Enrique. El primer sentimiento que se distingue en su voz es la frustración por la pérdida de un amigo cercano, quien durante gran parte de su vida se dedicó a enseñarle a la comunidad de la vereda La Candelaria, del corregimiento Villacarmelo, las prácticas de la agricultura ancestral y la alimentación sana, además de la necesidad de proteger la naturaleza de prácticas depredadoras del medio ambiente.
Villarreal lo recuerda como un hombre apasionado por lo que hacía y, en más de una oportunidad incluso, le invitó a ser parte de su emprendimiento, lo cual aceptó tras las múltiples muestras de productos ofrecidos por Jorge, en su mayoría, alimentos de origen orgánico elaborados en la finca, como la quinoa, el amaranto, la sal y un conjunto de semillas nativas.
Biocanto está ubicado en una vereda La Candelaria y, desde allí, se erigió como un campo experimental donde se integran distintas prácticas y saberes vinculados a la agricultura ancestral, investigación y cultivo de especies orgánicas. Por lo tanto, “El homenaje es seguir sus enseñanzas y obras”, afirma Pedro, al recordar el gran esfuerzo realizado por su amigo durante muchos años para sacar adelante este emprendimiento, sin importar las dificultades y con la misma pasión lo llevó a dejar su profesión a un lado para dedicarse al trabajo ecológico. 
Con este asesinato, Cali pierde otro líder social que luchaba en contra de la depredación de los Farallones. Jorge Enrique se caracterizó por su actitud positiva ante los desafíos que aparecían en su territorio y por crear conciencia social con proyectos para beneficiar a su comunidad, enseñanzas que hacen parte de ese legado con el que buscó transformar su territorio y su entorno más cercano.
Según la organización Global Witness, en su informe “¿A qué precio?”, publicado en 2018 y actualizado en enero de este año, señaló que el actual momento político ha generado el ambiente más peligroso para quienes se involucran con reivindicaciones relacionadas con los conflictos medio ambientales. Según esa organización, tan solo en el año 2017, 207 activistas fueron asesinados y más de la mitad de esos casos ocurrieron en países latinoamericanos. Entre estos, la cifra más alta la presentó Brasil, (57), y le siguen Colombia (24), México (15), Perú (8), Honduras (5), Nicaragua (4), Guatemala (3), Argentina (2) y Venezuela (1). En total, la región aportó 119 de los 207 activistas asesinados (1).
Notas:
- Tomado de Indepaz: http://www.indepaz.org.co/paz-al-liderazgo-social/
- Tomado del informe: Resiliencia Democrática: activismo político en contextos de violencia, editado por Asuntos del Sur. Tomado de: https://asuntosdelsur.org/resiliencia-democratica/
