Analistas consideran que en la actual crisis sanitaria que vive el país, el Ministerio Público no ha investigado o procedido judicialmente contra funcionarios sospechosos de corrupción.
La pandemia del Covid-19, ha generado múltiples denuncias sobre el manejo de los fondos de emergencia, ante tal situación los funcionarios mencionados no han sido sometidos a una investigación seria por parte de las autoridades de la fiscalía.
El abogado Eduardo Martell, del Central Ejecutivo del partido Liberal de Honduras, se refirió al tema y afirmó que el Ministerio Público sigue respondiendo a intereses políticos partidarios, es por ello que el silencio y la omisión se imponen en esta situación. Martell dijo que los funcionarios mencionados de cometer corrupción en la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y en Invest-H, en este momento deberían estar bajo investigación. «Es lamentable el papel de esta institución, la cual ha sido secuestrada por los políticos y hoy tenemos una fiscalía dependiente de los poderosos», enfatizó Martell.
Por su parte las autoridades del Ministerio Público han dicho que siguen trabajando amparados en la Ley, y ponen de ejemplo el proceso de investigación abierto en la Alcaldía de El Progreso, Yoro, la cual surge a partir de denuncias en el manejo de fondos de emergencia.En su momento el vocero del Ministerio Público, Yuri Mora habló del caso y manifestó que es un deber de la institución actuar ante las denuncias o en su defecto de oficio ante una irregularidad.
Entre tanto, el abogado penalista Keneth Madrid, se refirió a estos temas y su principal conclusión es que es urgente fortalecer al Ministerio Público. Para Madrid el fortalecimiento va en dos ejes: en lo administrativo y también en la independencia de los políticos.El abogado considera que, para cambiar esta situación hay que aplicar cambios profundos, de lo contrario seguiremos con esta constante.El abogado Eduardo Martell habló de la relación que va a tener el accionar del Ministerio Público amparado en la entrada en vigencia del nuevo Código Penal. Martell cree que ambos asuntos se complementan para generar impunidad en el país, pues la vigencia de la nueva normativa solo busca otorgar legalidad a lo ilegítimo.
Para el abogado se mantiene la constante del dominio político partidario en la justicia y el nuevo Código es una prueba de ello, pues busca proteger a los corruptos. “Ahora con una normativa que fortalece la impunidad, se convierte en un elemento clave y cómplice de una institución como el Ministerio Público que se mantiene al margen de investigar, cuando los sospechosos son personas afines al Gobierno de turno.
