La semana pasada, el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), el Equipo Jurídico por los Derechos Humanos y Women’s Link Worlwide solicitaron al máximo órgano judicial hondureño un informe sobre el trabajo de atención a casos de violencia doméstica, que deberían estar desarrollando los Juzgados de Paz mientras dure la suspensión de labores en el poder judicial por la pandemia de Covid-19.

La decisión tomada por la presidencia de la Corte Suprema de Justicia fue plasmada en el Acuerdo No. PCSJ 16-2020[1], donde se instruye a los jueces de paz recepcionar denuncias e imponer medidas de seguridad, velando por su cumplimiento.

Uno de los efectos más graves de la pandemia es la profundización de las desigualdades que ya existen en la sociedad. En este contexto, la cuarentena se convierte en fuente de mayor amenaza para muchas mujeres, niños y niñas.

Desde la entrada en vigencia de las medidas restrictivas, el Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del CDM[2] ya reportó 26 femicidios – 12 de ellos en lo que va del mes de mayo -, 3 intentos de femicidio y 10 casos de violencia sexual. En total se registran 95 femicidios desde enero.

Miedo e impunidad

Hasta el 30 de abril, el Ministerio Público reportó más de 300 casos de violencia doméstica, aunque todo apunta a que la situación sea más grave por el miedo de muchas mujeres a denunciar a su agresor.

En Honduras son más de 20 mil las denuncias de violencia doméstica que cada año ingresan a la Corte Suprema de Justicia. Solamente el 22 por ciento de los casos terminan con una sentencia favorable para la víctima.

El Movimiento de Mujeres “Visitación Padilla” asegura que entre marzo y abril registró casi 13 mil llamadas de mujeres pidiendo auxilio, y más de 32 mil denuncias desde el inicio del año.

Según el Observatorio sobre la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma (UNAH) en 2019 al menos 406 mujeres fueron asesinadas. Una cada 22 horas. Más del 90 por ciento de los crímenes quedan en la impunidad.

Es por eso que, ante esta difícil situación, las organizaciones firmantes solicitaron al máximo órgano judicial un informe sobre la implementación del Acuerdo PCSJ 16-2020.

En especial pidieron conocer la cantidad de denuncias domésticas recibidas, la cantidad de Juzgados de Paz abiertos al público y si se han realizado campañas informativas dirigidas a las mujeres.

También solicitaron conocer qué tipo de medidas de protección se están brindando a las víctimas de violencia intrafamiliar y sexual, y de qué forma están monitoreando su implementación.

Nuevo Código Penal

La situación de vulnerabilidad de mujeres y niñas en Honduras podría hasta empeorar debido a la entrada en vigencia del nuevo y muy cuestionado Código Penal, que estaba prevista para el 10 de mayo.

Las muchas críticas, la presión popular y la crisis sanitaria de estos meses hizo que los legisladores aprobaran extender por 45 días más la vacatio legis.

Entre otras críticas que le han llovido al nuevo Código Penal a nivel nacional e internacional, destacan las del CDM y otras organizaciones de mujeres y feministas que, en reiteradas ocasiones, ha denunciado el retroceso en la defensa de la vida de las mujeres.

El nuevo texto, por ejemplo, baja de entre 30 y 40 años a entre 20 y 30 años la pena para el femicidio. Asimismo, disminuye de entre 10 a 15 años a entre 9 y 13 años la pena por violación. También desaparece el concepto de “violación especial” (pena de 15-20 años)[3].

Notas:
[1] http://www.poderjudicial.gob.hn/SiteAssets/Paginas/NoticiasAbril2020/AcuerdoPCSJ16-2020.pdf
[2] https://derechosdelamujer.org/observatorio-2/
[3] Cuando la víctima es menor de 12 o mayor de 70 años o si la violación se comete por más de una persona o hay reincidencia

Fuente: Rel UITA