Según una investigación publicada por la revista Semana, miembros del Ejército espiaron hasta hace pocos meses a por lo menos 130 personas, entre ellas periodistas nacionales extranjeros, defensores de derechos humanos, sindicalistas e incluso generales y miembros del Gobierno, al parecer mediante el desvío de recursos de la cooperación estadounidense.
Asociaciones de periodistas, entes de control, partidos políticos y líderes de opinión condenaron las actividades con las que unidades militares hicieron perfiles de los afectados que incluyen gráficos sobre sus contactos, movimientos y trabajos periodísticos.
“Estas acciones infringen las obligaciones del Estado colombiano en materia de libertad de prensa, son propias de regímenes autoritarios y ponen en cuestión el derecho a una sociedad informada y las garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país”, manifestó la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en un comunicado.
La tentación de hacer seguimientos a la prensa es recurrente en unidades de inteligencia y contrainteligencia del Ejército, pero esta vez llama la atención la amplitud de la operación, llevada a cabo entre febrero y diciembre de 2019.
Garantías para una prensa libre
Aunque más de un centenar de personas fueron “perfiladas”, el foco de los seguimientos está puesto en la prensa, en especial en corresponsales de medios estadounidenses, como Nick Casey, de The New York Times.
La revelación Semana incluye a otros periodistas como Juan Forero, del Wall Street Journal; John Otis, corresponsal en América Latina para National Public Radio (NPR) e investigador del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), sigla en inglés), la fotoperiodista Lynsey Addario y el fotógrafo Stephen Ferry.
“Las carpetas secretas son un atentado a la libertad de prensa, de opinión y a la intimidad de las personas. Eso no puede pasar en una democracia”, escribió en su cuenta de Twitter el director de Semana, Alejandro Santos Rubino.
En ese mismo sentido, la Asociación de Prensa Internacional de Colombia (APIC) y la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) rechazaron “la interceptación ilegal y seguimiento a periodistas nacionales e internacionales”, y pidieron garantías de seguridad para los corresponsales perseguidos.
Rechazo de partidos políticos
La denuncia de Semana también reveló que el espionaje fue realizado cuando el comandante del Ejército era el cuestionado general Nicacio Martínez, que pasó a retiro a finales de ese año, después de doce meses de una gestión marcada por constantes denuncias de presunta falta de compromiso con los derechos humanos.
Por eso, este sábado partidos como la FARC, condenaron “que mientras los líderes sociales y exguerrilleros se encuentran en total desprotección, los organismos de inteligencia militar se ocupen de indagar como ‘blanco legítimo’” a estos ciudadanos.
Lo mismo hizo el senador Gustavo Bolívar, que aparece entre los perfilados, quien aseguró que una operación de este tamaño debió constar miles de millones de pesos y que un movimiento como ese no se realiza “sin que el Estado sepa”.
En las carpetas hay igualmente perfiles de políticos de oposición y de defensores derechos humanos, como el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, o el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar).
“Es de suma gravedad que en el interior de las Fuerzas Militares varias unidades continúen realizando labores de espionaje ilegal contra las organizaciones que documentamos o acompañamos víctimas de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de estas instituciones”, manifestó el Cajar en un comunicado.
Llamados de organismos de control
Ante las denuncias, la Procuraduría General (Ministerio Público) anunció que asumirá el proceso disciplinario que lleva a cabo el Comando de las Fuerzas Militares por presuntos seguimientos por parte de miembros del Ejército a estos ciudadanos.
Según el ente de control, este proceso se suma a la indagación que inició en enero contra miembros del Ejército por los hechos derivados de un allanamiento hecho en diciembre de 2019 en las instalaciones de un cantón militar en Cundinamarca.
El viernes, horas antes de que Semana publicara la investigación, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció la desvinculación del servicio activo de 11 oficiales y el retiro voluntario de un brigadier general, como parte de las investigaciones por las denuncias que hizo la misma revista enero.
Sobre esto, el procurador general, Fernando Carrillo, designó a un funcionario especial para que evalúe los hechos que dieron lugar al retiro de esos funcionarios.
Ante la denuncia, el presidente colombiano, Iván Duque, subrayó que su Gobierno no tolerará “a quienes deshonren el uniforme o realicen prácticas contrarias a la ley” y por eso encargó a su ministro Trujillo una “rigurosa investigación de las labores de inteligencia de los últimos 10 años”.
