Por Maxine Lowy*

El aroma a madera quemada envuelve La Pampa, igual como lo ha hecho, en ocasiones, desde hace mil años. Después de subir cargados de su cosecha del mar para intercambiar con pueblos del interior, los changos encendían fuego para ahumar pescado, y secar pieles de lobo marino. En el siglo XV, los incas trepaban cuesta arriba hacia la mina de plata de Huantajaya, y al llegar se fortalecían con charqui de llama alrededor del fogón. Más tarde lo harían los chilenos que subían por el camino serpentino, con mulas y carretas que cargaban el salitre, entibiándose alrededor de las fogatas al llegar a la planicie.

Desde el siglo XIX esta extensión de tierra árida a 700 metros sobre el mar, con cerros de la Cordillera de la Costa que superan mil metros de altura, como telón de fondo, tiene como nombre Alto Hospicio, lugar histórico donde aliviarse de la fatiga.

Esta tarde, el humo se desprende de la leña, sobre la cual posa una olla enorme, donde se cocina el almuerzo para 270 (8.100 almuerzos mensuales) personas. Es el Comedor Mink’a, de la Toma La Dignidad, ubicado en un rincón de siete hectáreas dentro de la gran Toma Tercera Esperanza del sector llamado La Pampa, comuna de Alto Hospicio, que alberga 700 familias. Por la falda del cerro, hasta el horizonte, arriba en lo que antes fue un vertedero, en 40 hectáreas subsisten 4000 familias, que viven en construcciones armadas de madera, cartón, y plástico, que a veces se mimetizan con el ocre del desierto.

En el año 2004 Alto Hospicio se convirtió en comuna con su propio gobierno municipal. Poco a poco se fue poblando masivamente, producto de ocupaciones de terreno – “tomas”, en jerga chilena- que partieron en los últimos años de dictadura. Las tomas y los campamentos siguieron desplegándose en Alto Hospicio y el resto del país masificándose en los ’90, en pos-dictadura, al permanecer políticas estatales que no ofrecían solución adecuada frente a la carencia de vivienda digna. La pobreza extrema en Alto Hospicio golpea al 25% de su población actual de 100.000 personas.

Estudios del 2019 dan cuenta del aumento de campamentos, con más de 47.000 personas que habitan 800 campamentos por toda la geografía diversa de Chile. Un catastro del Ministerio de Vivienda muestra que entre 2011 y 2019 se cuadriplicó el número de familias que viven en campamentos en la provincia nortina de Tarapacá, donde se ubican las comunas de Iquique y Alto Hospicio. No obstante, el gobierno no ha traducido esta constatación en programas sustanciales, que produzcan un cambio en esta situación.

Toma la Dignidad es un retrata de la realidad que se viven en los campamentos de Chile ante los desafíos que representa la emergencia sanitaria mundial del nuevo coronavirus.

Ante la falta de una respuesta gubernamental efectiva, surgieron el comedor y dos organizaciones sociales. En febrero nace el Comedor Mink’a, fundado por Enrique Solis, con apoyo del Comité Ciudadano de Solidaridad del Comité Ciudadano de Solidaridad de Tarapacá y la Brigada Dignidad. Estas organizaciones canalizan ayuda solidaria de parte de universidades, activistas de derechos humanos, y otros sectores para abastecer al Comedor Mink’a y responder a otras necesidades de quienes habitan el campamento.

Rosario Barbosa, revuelve la gran olla mientras otras cinco mujeres ayudan en la cocina improvisada en el antejardín de la casa de Enrique Solís, coordinador del Comedor Mink’a. Hoy la carta ofrece lentejas y arroz; la próxima semana, tal vez tallarines, o guiso de pollo, según las donaciones conseguidas por las dos organizaciones. El 15 de mayo el comedor recibió 460 kilos de pescado corvina, donación de la Universidad Arturo Prats. El Rotary Club de Iquique, algunos colegios, y particulares también han hecho sus aportes.

El agua para preparar los almuerzos la trae un camión aljibe de una empresa privada, que les cobra para llenar un bidón gigante de mil litros cada día, – que dura dos días – además de los bidones chicos de los vecinos. A pesar de salir arenosa, la gente lo toma igual, aunque se sospecha que es la causante de las diarreas que padecen algunos niños.

Rosario, 40 años y madre de dos hijos, lleva cinco años en la Toma la Dignidad. Los primeros dos años vivió sin electricidad ni agua, y en 2016 sufrió el desalojo violento del campamento, pero la presencia del Covid-19 ha sido “bastante pesado”. “Antes, salía a vender comida a la playa, y al terminar el verano iba a vender a las constructoras y a los colegios. Pero ahora no se puede salir. Uno como grande puede aguantar no comer, pero mi hijo no. Para subsistir apoyo al comedor. No solamente para mí, si no, para todas las familias.”

En esta comunidad viven muchas familias migrantes que no cuentan con el permiso definitivo de inmigración para acceder a beneficios como los bonos municipales para obtener agua potable.

En la cocina junto a Rosario está Luisa Fernanda Molina, 23 años, con cinco meses de embarazo. Lava la loza, hace el aseo y ayuda a repartir la comida. Desde que le abandonó su pareja, tiene que valerse por sí misma y por la imposibilidad de pagar un alquiler, vino a vivir en la Toma. Es enfermera profesional formada en su país natal de Colombia, y se hace cargo de primeros auxilios. “Mi anhelo es tener mi niño en Chile, seguir adelante, y poder ejercer mi profesión en ayuda de los chilenos”, señala.

Luisa cuenta que la Cruz Roja vino a tomarles la presión y a orientarles sobre como protegerse del nuevo virus, pero no se han visto autoridades de gobierno. “Si sabemos que en cualquier momento podemos contagiarnos, uno mismo tiene que auto-cuidarse”, acota Rosario.

Cerca de Toma la Dignidad hay obras en construcción: viviendas sociales y, más al oeste, está el hospital, que fue motivo del desalojo hace cuatro años. Muchos jefes de hogares de la Toma fueron empleados en las constructoras, hasta que éstas empezaron a cerrar o declararse en bancarrota, a causa de la pandemia.

Además de quienes estaban empleados por las constructoras, hay otro segmento que eran vendedores ambulantes, mientras que otros más tenían trabajo formal en una casa, una empresa o minera. La mayoría de todos ellos ha quedado cesante. “Exponencialmente cada semana la cocina aumentaba en 20 raciones,” dice Victoria Espinoza Guzmán, 29 años, coordinadora de la Brigada por la Dignidad, conocida como “la Profe” por las clases para adultos que enseñaba el año pasado.

“Desde el estallido social y la pandemia, la población de esta Toma ha subido muy rápido, afirma la Profe. “Ni siquiera se les pide una inscripción previa. Antes, tenían que venir con recomendación a la toma. Ahora básicamente el que llega con familia, se ve donde ubicarlo.”

Victoria Espinoza conoce de primera mano como es vivir pobreza, en este lugar inhóspito. En 1998 llegó con sus padres y hermana a vivir en una de las primeras casas entregadas como vivienda social. Alto Hospicio era prácticamente baldío, con cultivos, un vertedero, y de propiedad parcial del Ejercito. De su padre y madre asimiló el hábito de ser solidaria. “Uno se cría en ese contexto de ayudar al otro, de siempre tener proyectos sociales, que se organizan, de manera de no depender tanto de un estado invisible.”

Afuera del comedor, vecinos, con mascarillas puestas, se han puesto en fila, con una olla y otros recipientes en la mano para recibir el almuerzo para sus familias. Alguien les pasa alcohol gel y les recuerda mantener distancia, concepto complejo, sino ajeno, para quienes viven aglomerados en una choza.

No muy lejos, donde antiguamente volaban cóndores, aventureros se deslizan por el aire en parapentes, por un valor ($50.000 CLP; US$61) que equivale al sueldo quincenal de un vecino de la Toma la Dignidad,

Todo lo descrito arriba fue anterior al 15 de mayo. En esa fecha en Chile sumaron 1886 nuevos casos de Covid-19 en 24 horas por un total de más de 41.400 positivos en todo el país. En la región de Tarapacá se constató el aumento a 306 casos positivos en Iquique, y 186 casos en Alto Hospicio. Se impuso cuarentena total en la capital y también en la región de Tarapacá. En la Toma un vecino que vive cerca del Comedor testeó positivo, por tanto varios voluntarios del comedor están en cuarentena en sus casas.

El anuncio del gobierno de 2,5 millones de cajas de víveres como plan de mitigación nacional es poco consuelo para quienes tienen por delante otro invierno sumergidos en la camanchaca, neblina espesa que intensifica el frío. Pero sí cuentan con la solidaridad de los propios vecinos y otros ciudadanos, esa fuerza latente que surge en tiempos apremiantes en los sectores marginalizados de Chile.

No obstante, Carolina Vargas Bruna, profesora de la Universidad Arturo Prat e integrante del Comité Ciudadano de Solidaridad de Tarapacá, afirma que con la solidaridad ciudadana no basta para resolver la gama de carencias interconectadas que afecta a la gente de la Toma. “Hace falta reconocimiento de la legitimidad de estos derechos humanos: el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, además de vivienda digna. Hay que interpelar al Estado, a la municipalidad, y otras autoridades que han tenido a esta población en una marginalidad, que no viene solo con el Covid sino que es de una precariedad sistemática que está instalada desde décadas”.

 

*Con colaboración valiosa de Rita Villacorta Sánchez y Victoria Hinojosa Guzmán.