Por Ana Riaño, trabajadora cuidadora sin papeles. Plataforma Diverses8M
La actual crisis sanitaria ha mostrado que existe una crisis de cuidados donde, cada vez más, aumentan las injusticias, las desigualdades, las violencias y los maltratos; donde las políticas sociales en vez de ser fortalecidas se han disminuido; donde olvidamos a las personas mayores porque “ya no aportan”, donde sólo se piensa en consumir y creemos que la felicidad nos la dan las cosas materiales y no el compartir y el vivir bien entre las personas.
En medio de esta situación, somos miles las mujeres que estamos en el sector laboral del hogar y los cuidados sin reconocimiento de ciudadanía, sin papeles, olvidadas en la irregularidad, no reconocidas como trabajadoras esenciales y sin derecho a la seguridad social; trabajando largas jornadas sin descanso, con vivencias de maltrato, acoso y violencias por parte de los empleadores. La causa: la Ley de Extranjería, una normativa inhumana que viola nuestros derechos y que no debería existir en un Estado que se dice democrático y del bienestar.
Denunciar esta realidad desde nuestra propia voz es importante, para que no hablen por nosotras.
No tengo papeles y no es un delito. No tengo papeles porque hay un Estado que me niega ese derecho, a ser reconocida mi ciudadanía. Llegué a Barcelona el 23 de octubre de 2019 desde Colombia huyendo de la violencia política y buscando una oportunidad para mejorar la economía de mi familia. Recuerdo las primeras búsquedas de trabajo, tan duras para las mujeres como nosotras. Insultos, propuestas denigrantes, indecentes y tareas más propias del trabajo sexual que de la limpieza. Me decían que me pagarían más, pero debía exponerme a esas violencias por ser mujer, por no tener papeles y por ser migrante. Me tocó quedar callada y huir de esos lugares con temor a que me hicieran algo.
Ahora, cuido temporalmente a una persona mayor, pero sino tengo papeles no hay contrato ni acceso a la seguridad social. Ha sido muy difícil conseguir este trabajo porque en España nos cierran las oportunidades debido a la Ley de Extranjería. Con la pandemia, muchas compañeras se quedaron en la calle, sin trabajo, sin ningún ingreso, sin un lugar donde pasar el confinamiento. Otras estamos con trabajos temporales. Antes de la emergencia veníamos sufriendo racismo, desigualdades, discriminaciones e injusticias y con la emergencia empeoró.
Quédate en casa, dicen. ¿Dónde nos quedamos las que no tenemos casa? Las personas que nos alquilan las habitaciones para vivir nos humillan por no tener papeles, nos tratan como animales. Son habitaciones sin ventana, oscuras, muy pequeñas; no nos dejan cocinar, ni lavar nuestra ropa, ni tenemos conexión a internet, como tampoco podemos empadronarnos allí.
La precariedad que pasamos se agudiza con esta crisis. Por eso demandamos al gobierno que asuma su responsabilidad de proteger y garantizar los derechos de todas. Nuestra demanda de regularización para todas no es un pedido de favor, estamos exigiendo un derecho: dejar de estar como irregulares y tener las mismas oportunidades para salir de esta precariedad y de las injusticias. Se trata de reconocer que las personas migrantes somos parte de la sociedad, donde aportamos y queremos construir un futuro mejor.
Tener papeles nos permite exigir un contrato de trabajo, mejores condiciones laborales y, sobre todo, contribuir a darle un mejor vivir a nuestra familia. Todas somos importantes, pero el cuidar la vida es fundamental. De esta pandemia no podremos salir sino cuentan todas las vidas en esta sociedad. Regularizar nuestra situación es reconocer nuestra dignidad e iniciar un buen vivir para todas las personas, dejar de vernos como diferentes y construir otras prácticas basadas en el cuidado y en el compartir desde lo común.
