En numerosos países, las medidas de contención del COVID-19 no pueden ser aplicadas eficazmente porque estas personas necesitan trabajar para alimentar a sus familias. Esto compromete los esfuerzos de los gobiernos dirigidos a proteger a la población y puede ser fuente de tensiones sociales.

Los 2000 millones de trabajadores del sector informal tienen ante sí un dilema durante la pandemia del coronavirus que no pueden resolver: ir a trabajar o morirse de hambre.

La mayoría labora en los sectores más afectados por las medidas de confinamiento o en pequeñas unidades económicas más vulnerables a la crisis desatada en todo el mundo por el coronavirus.

Entre los trabajadores más afectados están los de los servicios de hostelería y restauración, la industria manufacturera, la venta al por mayor y al por menor, y los más de 500 millones de agricultores que abastecen los mercados urbanos. Las mujeres se ven especialmente dañadas en los sectores de alto riesgo, según un nuevo documento informativo  publicado por la Organización Internacional del Trabajo.

Los países con las economías informales más grandes donde han sido aplicadas medidas de confinamiento total son los que más están sufriendo las consecuencias de la pandemia.

El porcentaje de trabajadores de la economía informal gravemente afectados por el confinamiento va desde el 89% en América Latina y los Estados Árabes, al 83% en África, el 73% en Asia y el Pacífico y el 64% ciento en Europa y Asia Central.

Por todo ello, las medidas de confinamiento y de contención para hacer frente al COVID-19 amenazan con aumentar los niveles de pobreza y la vulnerabilidad de los trabajadores de la economía informal a nivel mundial.

En los países de bajos ingresos, el aumento de la pobreza relativa entre los trabajadores del sector informal puede alcanzar hasta un 56%. Pero ningún país se libra. En los de ingresos altos, el porcentaje será también muy grave, alrededor del 52% mientras que, en los países de ingresos medios-altos, el aumento se estima en el 21%.

En riesgo la protección de toda la sociedad
Debido a esa necesidad de tener que ir a trabajar para sobrevivir y alimentar a sus familias, en numerosos países, las medidas de contención del COVID-19 no pueden ser aplicadas eficazmente.

Esto compromete los esfuerzos de los gobiernos dirigidos a proteger a la población y luchar contra la pandemia y, además,puede convertirse en fuente de tensión social en países con una importante economía informal, sostiene el informe.

Más de 75% del total del empleo informal tiene lugar en empresas con menos de diez trabajadores, incluido un 45% de los trabajadores independientes.

Toda esta situación se ha exacerbado también por las perturbaciones en el suministro de alimentos que han afectado especialmente a los trabajadores de la economía informal.

UNICEF/Eyas El BabaUn niño de 13 años en Palestina recoge escombros cerca de la ciudad de Gaza para transportarlos en burro al mercado y venderlos.

Los trabajadores domésticos entre los más expuestos.
Para los 67 millones de trabajadores domésticos del mundo, 75% de los cuales lo hacen en el sector informal, el desempleo representa una amenaza tan grande como el mismo virus.

Muchos no han podido trabajar, bien sea por solicitud de su empleador o por cumplir con las medidas de confinamiento.Aquellos que siguen trabajando enfrentan un riesgo elevado de contagio, al cuidar de familias en su domicilio privado. Para los 11 millones de trabajadores domésticos migrantes, la situación es aún peor.

“La crisis del COVID-19 está exacerbando las vulnerabilidades y las desigualdades existentes”, observa Philippe Marcadent, jefe del Servicio INWORK de la Organización Internacional del trabajo. “Las respuestas políticas a la pandemia deben garantizar que el apoyo llegue a los trabajadores y a las empresas que más lo necesitan”.

Los países deben adoptar una estrategia múltiple que combine diversas líneas de acción en relación tanto a las repercusiones de la pandemia sobre la salud como sobre la economía.

Entre sus recomendaciones, el informe destaca:

  • la necesidad de adoptar políticas que reduzcan la exposición de los trabajadores informales al virus
  • garantizar que las personas contagiadas tengan acceso a la atención médica
  • proporcionar un ingreso y una ayuda alimentaria a las personas y sus familias
  • prevenir los daños causados en el tejido económico de los países

 

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