El miércoles pasado la Comunidad Buenuleo fue violentamente agredida en su territorio, próximo a Bariloche, provincia de Río Negro. La agresión sucedió, “curiosamente”, cuando se había retirado del predio la guardia policial que tenían asignada por haber denunciado amenazas previas. La Comunidad lleva adelante un largo proceso de recuperación, cuyos antecedentes están claramente relatados en esta nota de enestosdías.
Siguen detalles de los últimos episodios ligados a la agresión.
Por enestosdias
El Ministerio Público dispuso las detenciones, luego de tomar las primeras declaraciones y observar las fotos y videos sobre el ataque la patota contra integrantes de la Comunidad. Greenpeace repudió las agresiones y criticó el avance privado sobre los bosques naturales en el lugar.
No fue el primero, pero el nivel de agresividad y coordinación del ataque contra la Comunidad Buenuleo provocó este miércoles la detención de cuatro personas, y la apertura de una investigación por parte del Ministerio Público Fiscal.
La familia Buenuleo y sus abogados ya habían advertido que la custodia policial dispuesta por la Justicia se había retirado, dejado sin protección a la Comunidad.
Las 90 hectáreas del territorio en la zona de la ladera del cerro Ventana fue recuperado por los Buenuleo en septiembre de 2019, y si bien inicialmente la Justicia ordenó el desalojo de los mapuches, una serie de apelaciones derivaron el expediente a los tribunales Federales, donde se encuentra sin avances.
“Emilio Friedrich y Víctor Sánchez acompañados de su abogada Laura Zanoni, ex Presidenta del Instituto de Tierras municipal de Bariloche, junto al empleado Alejandro Vera comandaban un grupo de personas que persiguió, golpeó a mujeres, niños, jóvenes y adultos, lastimando con cuchillos e hiriendo a Ramiro Buenuleo”, detalló sobre lo sucedido Deolinda Buenuleo, integrante y werken (vocera) de la comunidad mapuche.
Por su parte el Ministerio Público Fiscal de Bariloche informó sobre la detención de cuatro hombres a los que se le formularán cargos en audiencia que será fijada por la Oficina Judicial.
El Fiscal Tomás Soto y el Fiscal Adjunto Gerardo Miranda “se hicieron presente en el interior de un lote en el predio conocido como Pampa de Buenuleo, luego de ser notificados por la Comisaría 42, de la comisión de diversos delitos, donde se pudo constatar que resultaron tres víctimas, un hombre y dos mujeres”, señaló el Ministerio Público Fiscal a través de un comunicado.
El organismo agregó que “se entrevistaron con las personas que resultaron víctimas a quienes les tomaron declaraciones testimoniales; a fines de determinar las circunstancias en las que sucedieron los hechos. Se suma a ello la intervención del médico de la Policía de Río Negro, para determinar el carácter de las heridas recibidas”.
La agresión contra la Comunidad Buenuleo fue repudiada por diversos sectores de la comunidad, organizaciones de derechos humanos, otras comunidades mapuches, y hasta la entidad ambientalista Greenpeace.
Esa organización informó que pudo comprobar, “mediante la comparación de imágenes satelitales, que entre 2014 y 2019, los años de ocupación de los empresarios de esas tierras, se realizó el desmonte ilegal de casi una hectárea de bosque de lengas”.
Precisamente entre 2014 y 2019 el territorio estuvo ocupado por los privados -con Friedrich a la cabeza-, que iniciaron un proyecto de desarrollo turístico en el lugar.
“La mayoría de las comunidades indígenas no han obtenido la titularización de sus tierras y en las últimas décadas, con el avance de la frontera agropecuaria y de los negocios inmobiliarios aumentaron la destrucción de los bosques y las agresiones de empresarios hacia sus históricos habitantes”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
La entidad recordó que “apoya el acuerdo justo y equitativo de derechos indígenas pendientes y cuestiones relacionadas con los títulos como fundamentales para desarrollar sociedades sustentables y hace referencia a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, incluso el derecho específico de autodeterminación, libertad, paz y seguridad, como individuos y colectivamente como pueblos distintos, y al consentimiento libre, previo e informado para las decisiones que los afectarán, incluso cualquier proyecto en sus territorios tradicionales”.