En la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética no se ha contemplado el cierre de las centrales nucleares, lo que deja el futuro a merced de las grandes compañías energéticas.

«La política nuclear es silenciada, no hay debate público, ni información, ni transparencia, ni participación en la toma de decisiones, principios que la propia Ley de Cambio Climático recoge como fundamentales».

En el mes de mayo de 2020 el Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (PLCCTE), y lo ha remitido a las Cortes, para su tramitación en parlamentaria. Se trata de un marco jurídico que da respuesta a las exigencias del marco internacional definido por el Acuerdo de París de 2015, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, el marco regional de la Unión Europea con el Pacto Verde Europeo, y la Estrategia Europea de descarbonización al año 2050.

Los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), publican periódicamente los riesgos de un calentamiento global de 1,5ºC sobre los niveles preindustriales y el camino para evitarlo. En sus últimos informes, desde el Acuerdo de París, advierten que no vamos por la senda de cumplir el acuerdo global de disminución de emisiones. Por ello, hay que implementar el Acuerdo de París en este año 2020 y todos los países deben presentar nuevos compromisos de reducción de emisiones y planes de lucha contra el cambio climático más ambiciosos.

Con esta primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética, nuestro país trata de responder al compromiso y la responsabilidad con la salud amenazada de nuestro planeta y sus habitantes. El objetivo principal de esta ley es que España logre la neutralidad de emisiones antes de 2050, para ello trata de activar una acción climática trasversal con medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, un cambio en el modelo económico basado en tecnologías renovables y una transición energética justa hacia las energías alternativas.

La Ley recoge los objetivos de reducción de emisiones de gases de efectos invernadero, energías renovables y eficiencia energética de la economía para los años 2030 y 2050: en el año 2030 deberá alcanzarse una penetración de energías de origen renovable de, al menos, un 35%, un sistema eléctrico con, al menos, un 70% de generación a partir de energías de origen renovable, y mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en, al menos, un 35. Para alcanzar el objetivo de neutralidad climática en 20250, de acuerdo con la estrategia de descarbonización de la Unión Europea, el sistema eléctrico español deberá ser 100% renovable. Por otro lado, la ley recoge como instrumentos de planificación para abordar la transición energética los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima y la Estrategia de Descarbonización a 2050 de la Economía Española.

En el Título III, la Ley aborda las medidas relacionadas con la transición energética y los combustibles, donde señala en que “no se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional”. Se refiere en particular a los hidrocarburos, pero ni una palabra del vencimiento actual de los permisos de explotación de la energía nuclear en nuestro país.

Llama la atención al estudiar los antecedentes legislativos de la nueva ley, que esta importante laguna sobre el futuro de la energía nuclear en España no existiera en la Proposición de Ley sobre Cambio Climático y Transición Energética presentada por Unidas Podemos (Congreso de los Diputados, 16 de julio de 2019), que forma parte del actual gobierno de Coalición. La redacción de la proposición de ley, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galica en Común,  era bien clara en relación al tema de las centrales nucleares, tanto en su exposición de motivos como en su texto articulado: “en la Ley también se establece el cierre de las centrales nucleares cuando se produzca el vencimiento de sus actuales permisos de explotación”; Y concreta en el artículo 20.3: “El cierre definitivo de las centrales nucleares se producirá según el siguiente calendario, determinado por la expiración de las autorizaciones de explotación vigentes: Almaraz I 2020, Almaraz II 2020, Vandellós II 2020, Ascó I 2021, Cofrentes, 2021, Asco II 2021, Trillo 2024”.

Al no explicar la actual ley qué piensa hacer con las centrales nucleares abre la puerta para dejar su futuro a merced de las grandes compañías como Endesa, Iberdrola y Naturgy (anteriormente Gas Natural Fenosa), que ya se han apresurado a solicitar al Ministerio de Transición Ecológica la prórroga de su vida útil, con la autorización del Consejo de Seguridad Nuclear, esperando que el Ministerio renueve el permiso de 7,4 años para el grupo I de Almaraz y de 8,2 años para el grupo II. De este modo, en vez de comenzar en 2020 el proceso del apagón nuclear, previsto en el Plan Integrado de Energía y Clima 2021-2030, se demorará 8 años más la vida de Almaraz, y con ello la de todas las demás, lo que implica más costos de mantenimiento y combustible.

Como han puesto de manifiesto las organizaciones de toda la península ibérica que componen el MIA, y el movimiento internacional DON´T NUKE THE CLIMATE, alargar la vida de las centrales nucleares beneficia el negocio de las grandes empresas del sector a costa de poner en riesgo la salud de las personas y del medio ambiente, de contaminar nuestros ríos y nuestra agua, y de hipotecar la vida de las generaciones futuras. La apuesta por proteger el clima es incompatible con la energía nuclear porque su generación desplaza a las renovables al desviar la demanda y capital para sí misma, con nuevos subsidios públicos donde las energías renovables no pueden competir. La estabilización del clima es urgente y la energía nuclear es lenta, peligrosa, cara, contamina e ignora los derechos humanos y de la Naturaleza.

En la COP25 celebrada en Madrid, las mujeres por la Justicia Climática denunciamos que las emisiones radioactivas son el doble de dañinas para mujeres y niñas, y que la energía nuclear trae problemas de racismo medioambiental: La minería de uranio y el almacenamiento de basura nuclear buscan sobre todo utilizar países en desarrollo, naciones indígenas y comunidades con falta de ingresos.

La política nuclear es silenciada, no hay debate público, ni información, ni transparencia, ni participación en la toma de decisiones, principios que la propia Ley de Cambio Climático recoge como fundamentales.