Además de las afirmaciones del presidente brasileño sobre la interferencia en la Policía Federal, las palabras de los ministros muestran abuso de autoridad, discurso de odio y un proyecto de un Brasil para los grandes empresarios.
Por Ana Laura Dagorret para Notas/Periodismo Popular
Este viernes 22 de mayo se conoció el video apuntado por el ex juez Sergio Moro como prueba de interferencia política de Jair Bolsonaro en la Policía Federal (PF). El material, que fue filmado en una reunión de gabinete el día 22 de abril, no sólo confirma las acusaciones de Moro sino que además contiene declaraciones explosivas de otros ministros del Ejecutivo.
En las casi dos horas que dura la grabación abundan los insultos, amenazas de prisión para opositores, ataques a los otros dos poderes, llamado a la guerra civil, menciones a una agencia de inteligencia paralela y varias confesiones del presidente sobre su voluntad de interferir en la Policía Federal: “No voy a esperar que quieran joder a alguien de mi familia o amigos míos para cambiar a alguien de dentro de la estructura. Voy a cambiarlo. Y si no puedo cambiar a ese, cambio al jefe. Si no puedo cambiar al jefe, cambio al ministro. Y punto final” declaró, a los gritos.
Mientras que en otro tramo destaca: “Es una vergüenza que yo no sea informado. Tengo a la PF que no me da información, la inteligencia del Ejército que no tiene informaciones. No se puede trabajar así”.
Estas palabras resultan fundamentales para la investigación que corre en el Supremo Tribunal Federal (STF) contra el mandatario, ya que confirman las acusaciones de interferencia así como también lo hacen los hechos luego de la denuncia del ex ministro Moro. Días después de dicha reunión, Bolsonaro cumplió con su palabra: despidió al director general de la Policía Federal Marcelo Valeixo, lo cual generó la ruptura y posterior denuncia de Sergio Moro sobre la interferencia en el organismo. Tras la salida de Valeixo, el jefe de Estado nombró a un aliado como director general de la PF quien como primera medida decidió cambiar al responsable de la fuerza en Río de Janeiro, estado donde los Bolsonaro comenzaron su carrera política y donde corren las investigaciones contra los tres hijos del clan.
Sin embargo, en relación a las acusaciones de Moro sobre interferencia del presidente en la PF, las palabras más contundentes no fueron pronunciadas durante la reunión de gabinete sino un mes después, ante las preguntas de la prensa y luego de que se conociera el contenido de la grabación: “Estamos todo el tiempo sobre presión. Hay posibilidad de que haya búsqueda y aprehensión en las casas de mis hijos donde serían plantadas pruebas. Gracias a Dios tengo policías civiles y militares amigos en Río de Janeiro que me avisaron”, aseguró Bolsonaro y luego agregó que cobró al ex ministro Sergio Moro que su función era protegerlo: “Le dije a Moro, yo no quiero que me blindes, pero tenés la misión de no dejar que me chantajeen”.
Uno de los tramos más fuertes de la grabación es cuando el presidente habló de las medidas dirigidas a facilitar la portación de armas. En esa parte Bolsonaro sostuvo que el aislamiento en los estados se cumple porque las personas no están armadas: “Yo les pido a nuestros ministros de Justicia y de Defensa que firmen esos decretos (para facilitar el porte de armas) para mandarle un mensaje a esos bosta (gobernadores y alcaldes). ¿Por qué estoy armando al pueblo? Porque no quiero una dictadura. Y ya no da para aguantar” afirmó el presidente en referencia a las medidas de aislamiento decretadas por autoridades estaduales y municipales.
Los ministros y otros escándalos
Uno de los ministros que habló fue Paulo Guedes, titular de la cartera de Economía, quien trató a los empleados públicos como enemigos y además celebró el congelamiento de los salarios por dos años: “Ya pusimos la granada en el bolso del enemigo, dos años sin aumento”. A su vez, en referencia a la retomada de la economía, Guedes habló del tamaño del estado y de inversiones: “Vamos a ganar dinero usando recursos públicos para salvar grandes empresas y vamos a perder dinero salvando empresas pequeñas”, al tiempo que reclamó por la venta del banco brasilero: “Hay que vender esa mierda del Banco de Brasil”.
Otro de los discursos que llamó la atención fue el del ministro de Educación, Abraham Weintraub, quien sugirió prisión para jueces del Supremo Tribunal: “Yo por mi metía a todos esos vagabundos presos, comenzando por el STF”. Al mismo tiempo, declaró que “estamos dialogando con quienes deberíamos estar luchando. Odio el término pueblos indígenas. Sólo hay un pueblo acá y es el pueblo brasilero”.
Quien se destacó también fue la ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, Damares Alves, quien luego de hablar de los valores y llamar de “pacto con el diablo” la propuesta de Paulo Guedes de legalizar los casinos, denunció que se comenten violaciones a derechos humanos en los estados donde se implementó el aislamiento por causa de la pandemia: “Éste momento va a pasar pero gobernadores y alcaldes deberán responder procesos, inclusive vamos a pedir prisión de gobernadores y alcaldes, nunca vimos lo que está pasando ahora”.
Por su parte, el ministros de Medio Ambiente, Ricardo Salles, pronunció un breve discurso en defensa de la flexibilización de controles en reservas ambientales para facilitar el avance del agronegocio y la minería: “Tenemos la posibilidad en éste momento en que casi toda la atención está volcada al asunto del Covid, la prensa nos está dando un poco de alivio en ciertos temas y tenemos que aprovechar para pasar reformas de desregularización y simplificación de normas (…) Es muy difícil trabajar porque todo lo que hacemos al otro día es un problema en la justicia, entonces hay que aprovechar en cuanto estamos en éste momento de tranquilidad”, precisó.
Repercusiones
El video de la reunión de gabinete forma parte de una investigación en curso que comprueba interferencia indebida, pero además muestra al desnudo el proyecto de poder: flexibilización de leyes ambientales, armamento de la población, achicamiento del Estado y manipulación ideológica en educación y cultura. Todo eso avalado por un presidente convencido de que la Policía Federal debe proteger a sus amigos y familiares y de que el gabinete gubernamental tiene como función defender a su jefe del alcance de la ley. Si bien la divulgación del material generó muchas críticas, lo cierto es que polarizó aún más un escenario que ya estaba dividido.
Quien defendió las banderas de familia, valores, liberalismo y achicamiento del Estado continuará defendiendo al presidente. Lo que se vio refuerza el discurso de libertad, valores, armas y libre mercado de la campaña de 2018 utilizado como argumento de apoyo de la base bolsonarista. Quien rechaza ese discurso, tanto por su contenido como por su forma, continuará sumando motivos para exigir al Congreso un impeachment que fuerce su salida ante un panorama de caos sanitario y económico producto de la pandemia. Si bien es cierto que el principal factor de desestabilización dentro de gobierno es el propio jefe de Estado, la falta de consenso dentro de la clase política así como la falta de movilización popular hacen que su salida se vea difícil. Quien deberá decidir si denuncia formalmente a Bolsonaro una vez finalizada la investigación será el Procurador Augusto Aras, aliado del presidente y con pretensiones de Ministro del STF, cargo que quedará vacante en noviembre y para el cual debe ser indicado por el presidente.
Brasil vive uno de los momentos más graves de su historia reciente. La pandemia de coronavirus profundizó la crisis económica y generó una crisis política que dejó en el camino a dos ministros de Salud en menos de un mes. Mientras todo eso ocurre y miles de personas mueren todos los días, la reunión de gabinete mostró que la principal preocupación de Bolsonaro es que los ministros y las instituciones lo blinden a él y su familia de cualquier investigación. El video en cuestión no muestra más que lo que se ve cada semana por televisión, un Brasil desgobernado por un déspota en el peor momento posible.
