La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador-CONAIE reunida en Consejo Político el día martes 21 de abril de 2020, haciendo uso de las plataformas digitales, ante la emergencia sanitaria por COVID19 que atraviesa el país y el mundo, tras un mes y medio de esta pandemia en Ecuador, en el que el movimiento indígena realiza aportes concretos para la prevención y solución a esta crisis como:
1) Control de los territorios de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades para evitar la propagación de la pandemia en los territorios indígenas mediante el establecimiento de las guardias comunitarias que regulan la circulación y cumplir con las restricciones establecidas a nivel nacional; 2) conformación de COE comunitarios en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades para coordinar todas la acciones en territorio desde el movimiento indígena; 3) realización de la campaña de información y prevención en lenguas originarias y su difusión en medios de comunicación comunitario, público y privado; 4) Generación del protocolo con medidas e indicaciones para el manejo de la pandemia en territorios de los pueblos indígenas que cuenta con la revisión técnica de la Organización Panamericana de la Salud – OPS y Organización Mundial de la Salud – OMS de Ecuador; 5) fortalecimiento de los canales de comercialización del campo a la ciudad con mecanismos de comercio justo, para enfrentar la especulación de los precios en manos de los intermediarios. Para lo cual en base a la realidad de los productores se debe establecer los precios para los consumidores, en donde los agricultores subsidian entre el 25% al 40% dependiendo los productos; y 6) campaña de solidaridad campo-ciudad para abastecer con productos agrícola a nuestros hermanos del país.
Con la participación de los dirigentes del Consejo de Gobierno de la CONAIE, junto a las tres regionales: ECUARUNARI, CONFENIAE, CONAICE y dirigentes – autoridades comunitarias invitados, luego de un profundo debate y análisis sobre la situación actual se resuelve lo siguiente:
1. Rechazar las propuestas de leyes enviadas por el Gobierno a la Asamblea Nacional: Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID 19 y la Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas; porque nuevamente las y los trabajadores del campo y la ciudad serán quienes paguen la crisis (64% del fondo total) y no las élites empresariales que más riqueza han acumulado, además, que estas leyes no garantizan el derecho al trabajo ni prohíben los despidos intempestivos, así como no hay un apoyo real al subempleo, trabajadores informales y a los productores indígenas, campesinos. Además, que la cuenta de asistencia humanitaria creada con fondos públicos y que será administrada por el sector privado es ilegal.
2. Exigir al Gobierno Nacional, que, frente a la caída histórica del precio de petróleo, que pare la producción del crudo, suspenda la venta anticipada de petróleo a China y Tailandia, renegocie los contratos que permita una mayor rentabilidad para el país. Ante ello, reiteramos que se acoja de inmediato el Programa Económico Alternativo entregado por el Parlamento de los pueblos, organizaciones y colectivos sociales del Ecuador en el mes de octubre del año anterior.
3. Exigir al Gobierno a que se abstenga a seguir tomando medidas económicas que ponga en riesgo el bienestar social sobre todo la eliminación de subsidios a los combustibles, e incluso el gas. Desde ya, responsabilizamos al Gobierno por esas decisiones ante cualquier reacción que el pueblo ecuatoriano tome en defensa de sus derechos.
4. Responsabilizar al Gobierno de Lenin Moreno que existan miles de fallecidos, la gran mayoría de la clase trabajadora, perteneciente a los barrios populares sobre todo de Guayaquil. Además, insistimos en la necesidad de desagregar la información, por lo que, exigimos saber cuántos compañeros indígenas, afro ecuatorianos, montubios, etc. se encuentran dentro de las estadísticas.
5. Rechazar la legitimación por parte del Gobierno sobre despidos intempestivos afirmando que para la terminación de un contrato tiene que llegar a un acuerdo entre el empleador y el empleado, dejando desamparados a miles de obreros del campo y la ciudad violentando la Constitución que garantiza los derechos a los trabajadores, el pleno respeto a su dignidad, remuneración y redistribuciones justas, además, denunciamos la falta de pago de salarios de los últimos meses al sector público y privado.
6. Reiterar al Gobierno el pedido de la nacionalización de la salud privada mientras superamos la emergencia sanitaria y que se destine los recursos necesarios para obtener los test de pruebas del COVID19 y realizarlas de forma masiva y equitativa para toda la población y así evitar la proliferación del contagio. Además, pedimos que se transparente el destino de las donaciones internacionales.
7. Insistir en la exigencia de implementación de insumos, medicamentos, instrumentos hospitalarios e indumentaria de bioseguridad completa para entregar a los TAPs, personal médico y administrativo de los Centros y Subcentros de Salud que se encuentran en las parroquias rurales y comunidades además del equipamiento de bioseguridad a nuestros Yachak para evitar el contagio y la propagación del COVID-19 en los pueblos y nacionalidades indígenas. Para ello, hacemos un llamado a los GAD´s provinciales, cantonales, parroquiales que reformulen sus presupuestos para atender esta demanda. Además, en la región amazónica donde se han transferido recursos de la CTEA disponer testeos masivos en zonas con sospechas.
8. Exhortar a que el Gobierno dé por terminado el año electivo del régimen Sierra y Amazonía ya que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) no han tenido una cobertura total en el sector rural, lo que pone en riesgo la salud de nuestras comunidades puesto que los estudiantes deben salir a las ciudades en búsqueda de internet para cumplir con sus tareas escolares.
9. Fortalecer las ferias comunitarias en cada territorio de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades con el estricto cumplimiento de los protocolos de prevención, en donde se privilegia el trueque como principio de solidaridad, incluyendo a otras regiones del país como una necesidad urgente para paliar la crisis económica.
10. Exigir la reparación socio-ambientales, así como la compensación inmediata a las más de 150 comunidades indígenas, campesinas y 118.000 personas afectadas por el derrame de petróleo y se atienda las necesidades de agua potable a las ciudades de Coca y Tiputini, frente al derrame petrolero sobre el Río Coca, mismo que llegó al río Napo y a la frontera con el Perú, ocasionado el pasado 8 de abril tras el hundimiento del Sistema de Oleoductos Transecuatoriano SOTE.
11. Rechazar la intromisión de las empresas mineras en el territorio ecuatoriano aprovechando de la crisis sanitaria y la pretensión de negociar el proyecto minero Llurimagua a favor de CODELCO, transnacional chilena, con la intermediación de Juan Sebastián Roldán y su tío Francisco Roldán Cobo, evidenciando un claro el tráfico de influencias, entre otros actos de corrupción.
12. Realizar una estrategia en coordinación con otros sectores populares, del campo y la ciudad en cada una de las provincias para realizar acciones concretas por motivo de 1 de mayo en el cual se demande la no vulneración los derechos de los trabajadores y en contra de las medidas económicas adoptadas por el gobierno y su incapacidad de manejar la crisis sanitaria y económica.
13. Rechazar la persecución política a nuestros dirigentes, Jaime Vargas y Leonidas Iza, que han sido notificados por la fiscalía para rendir versión en plena emergencia Sanitaria por COVID19 notificación que sale luego del anuncio de las medidas económicas por el Lenin Moreno.
Firmas de la resolución
