La semana pasada, con motivo de la pandemia, hice mención a la importancia de no andar a las carreras, dejándonos llevar por las ambiciones y la tentación del consumismo, así como la de vivir más en armonía con la naturaleza, sin buscar su sobreexplotación. Terminaba haciendo alusión a la necesidad de repensar nuestra forma de vida, nuestros modelos productivos, nuestra mirada respecto de la propiedad y la gestión de los medios de producción. Ahora abordaré el tema del valor de lo público y la próxima semana la relevancia de asegurar una renta o ingreso mínimo garantizado.
Una vez más, cada vez que ocurre un desastre -terremotos, aluviones, guerras, en este caso una pandemia- quienes sufren las consecuencias sean trabajadores o empresarios, buscan refugio y apoyo en el Estado. En tiempos “normales” sumidos en el exitismo, en la lógica neoliberal dominante se denuesta a ese mismo Estado, buscando reducirlo a una mínima expresión, a un rol meramente subsidiario, de privilegiar los derechos de propiedad y de monopolizar la posesión de la fuerza para resguardar la seguridad nacional interna y externa.
Lo que estamos viviendo ilustra el valor de lo público, lo que debiera expresarse en disponer de un Estado “en forma” para enfrentar una emergencia como la actual. Las emergencias han llegado para quedarse, hoy es una pandemia, así como en el pasado han sido terremotos, aluviones, contaminaciones u otros. A pesar de los progresos registrados en todos los campos, persisten serios y cada vez más complejos problemas en la sociedad contemporánea: creciente contaminación, crisis hídrica, desigualdad. Su envergadura no es para que sean abordados en base a gestos y actuaciones de buena voluntad por parte del sector privado. En vez de menos y peor Estado, necesitamos, con urgencia, como lo prueba la realidad actual, más y mejor Estado.
Yo mismo arisco la nariz al afirmar esto, dudando de la posibilidad de ello. Sin embargo, no tenemos alternativa, y para ello nosotros mismos tenemos una gran responsabilidad: ser exigentes en nuestra condición de ciudadanos para que se nos provea un servicio público de calidad, en el campo de la salud, la educación o cualquier otro.
A la hora de la verdad, las dificultades se multiplican cuando estamos ante un Estado incapaz de responder con eficacia y eficiencia, así como de coordinarse apropiadamente con el sector privado, ante una contingencia como la que vivimos.
No obstante los heroicos esfuerzos en que está empeñado el personal médico y paramédico para encarar el COVID-19, las tribulaciones que está viviendo el área de salud pública no son menores. Gran parte de ellas se explica por la postergación a la que ha sido sometida desde hace décadas, la que debiera ser revisada bajo el prisma del valor de la salud pública y contar con una población sana, lo que trasciende en mucho el ámbito privado.
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