La crisis sanitaria ha supuesto un parón para las medidas comprometidas por el Gobierno para los primeros 100 días en la declaración de emergencia climática

Greenpeace insta al Gobierno a que las medidas para paliar la crisis generada por la COVID-19 tengan en cuenta la emergencia climática y ambiental y ayuden a superarlas

Se cuplen los 100 primeros días de legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez han quedado profundamente marcados por la crisis provocada por el coronavirus, algo que probablemente se extenderá al resto de la legislatura. Si bien en estos momentos la prioridad absoluta es superar la emergencia sanitaria, Greenpeace cree que es fundamental hacer balance de estos primeros meses del Gobierno y sentar las bases para evitar los errores del pasado y para que la reconstrucción económica y social del país sea verde y socialmente justa.

”El Gobierno comenzó con la declaración de emergencia climática y ha acabado los primeros 100 días con el país paralizado e inmerso en una emergencia sanitaria sin precedentes.Cuando se haya controlado la crisis sanitaria, la recuperación ha de ser verde y socialmente justa y una buena forma de hacerlo es dirigiendo los paquetes de estímulo económico a actividades alineadas con el Convenio de París, que protejan la biodiversidad, sean socialmente justas e incorporen la perspectiva de género. No se pueden repetir los errores de la anterior crisis. Ni los más vulnerables, ni el medio ambiente deben ser los damnificados”, ha declarado Mario Rodríguez, director de Greenpeace.

 

Aspectos positivos de los primeros 100 días de legislatura (sobre los que sentar algunas bases para afrontar la crisis)

– Se declaró la Emergencia Climática y Ambiental y se creó una Vicepresidencia para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

– Ha habido avances en las medidas relacionadas con la transición ecológica justa en especial con los convenios de transición justa por el carbón en diferentes comunidades.

– Son positivas la posición española en las negociaciones europeas para aumentar la ambición climática y la reciente petición a la Comisión para que utilice el Pacto Verde como salida a la crisis económica causada por la COVID-19.

– Ha sido una buena noticia el apoyo al Tratado Global de los Océanos para proteger al menos el 30% de los océanos para 2030.

– Se ha avanzado en fiscalidad verde para crear impuestos al uso del transporte aéreo y a los envases de plástico de un solo uso.

– Se ha abandonado la idea de construcción del Almacén para Residuos Nucleares (ATC) proyectado en Villar de Cañas (Cuenca),

– Se ha anunciado la actualización de la Ley de Costas ante los impactos del cambio climático.

– Una de las medidas aprobadas en el estado de alarma ha sido proteger a los colectivos vulnerables para que no se queden sin suministros básicos como agua y luz.

– La inclusión del Reto Demográfico en el Ministerio de Transición Ecológica es una oportunidad para proteger a los sectores agroalimentario y forestal locales y sostenibles.

 

Retos pendientes para el tiempo tras la emergencia sanitaria (que el Gobierno debería convertir en oportunidades)

– Sigue pendiente la presentación en el Parlamento de la propuesta de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Los objetivos de reducción de emisiones del borrador presentado en febrero eran insuficientes para cumplir el Acuerdo de París y no incluye la reducción en sectores clave como: agricultura, forestal, residuos, industria o turismo.

– Falta por abordar la Estrategia de Descarbonización a largo plazo, la Asamblea Ciudadana del Cambio Climático y el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.

– Además del carbón y la nucleares, hay que abordar otros sectores como el del transporte en la transición ecológica justa.

– No fue buena idea presentar deprisa y corriendo a la Comisión Europea el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) en pleno estado de alarma sin respetar los procesos de participación pública.

– Es necesario acometer medidas de protección para el sector agroalimentario local y sostenible que protejan el mundo rural y su desarrollo

– Es fundamental mejorar la gestión del agua, con moratorias a nuevas infraestructuras hidráulicas y nuevos regadíos, así como mejorar el control del uso ilegal del agua y la protección de los acuíferos de la contaminación principalmente por la agricultura y ganadería industrial.

– Se debe apostar por una ley de plásticos, lo suficientemente ambiciosa que reduzca la producción y comercialización de envases y productos desechables

– Es necesaria una ley de diligencia debida que obligue a las grandes empresas a practicar el deber de vigilancia, analizar, evaluar, mitigar y reparar el impacto sobre el medio ambiente y los derechos humanos de toda su actividad.

–No se puede olvidar la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana en cuanto sea posible.

-Es necesario dar ejemplo y que la venta de armas a terceros países se haga de forma legal y con transparencia por lo que hay que derogar la Ley de Secretos Oficiales de 1968.

“España necesita un renovado modelo productivo. Serán necesarias grandes inversiones que respeten los principios ecológicos, redistribuir la la riqueza desde los límites biofísicos del planeta. Es urgente abordar la transición desde las soluciones que plantea la economía descarbonizada, protegiendo la biodiversidad y apostando por la transformación del sector agroalimentario, energético, de los cuidados y transporte entre otros. Se trata de generar nuevos empleos, progreso y asegurar la calidad de vida de la ciudadanía”, ha finalizado Cecilia Carballo directora de Programas de Greenpeace.