El pasado 7 de abril se produjo un deslizamiento de tierra que provocó la ruptura de un sector de la infraestructura de transporte de petróleo en la Amazonía ecuatoriana. El derrame de petróleo se configura como el mayor en los últimos quince años. Organizaciones indígenas y de derechos humanos convocaron ayer, 29 de abril, una rueda de prensa informar y denunciar las consecuencias del derrame.
De acuerdo con la información presentada, una población aproximada de 120 mil personas, ubicadas en 22 territorios de las cuencas de los ríos Coca y Napo, tiene algún tipo de impacto. De esa cifra, 35 mil tienen afectaciones directas y de estas, 17 mil personas son indígenas, pertenecientes a 105 comunidades de las provincias de Sucumbíos y Orellana. Los representantes de las organizaciones denuncian que ni empresas ni autoridades informar oportunamente del derrame y que, en realidad, fueron las propias comunidades las que informaron sobre la existencia de crudo en el cauce de los ríos. Aquella mañana, niños, niñas, familias que fueron al río a pescar y lavar, regresaron con manchas de petróleo en la piel. La Amazonía ecuatoriana está enfrentando una triple emergencia: la pandemia, inundaciones en Pastaza y este derrame de petróleo en Sucumbíos y Orellana. La situación es, por tanto, de altísima vulnerabilidad: no están logrando abastecerse de productos de primera necesidad y ni siquiera de agua, pues el acceso a las fuentes, no está garantizado.
Lina María Espinoza, defensora de los derechos humanos y parte del equipo jurídico que junto a varias organizaciones ha tomado la decisión de presentar una acción de protección y medidas cautelares que buscan que de manera inmediata el estado, OCP y Petroecuador asuman la responsabilidad que tienen por los hechos ocurridos el pasado 7 de abril, menciona que tanto el Estado como las empresas petroleras podrían haber tomado medidas tempranas y suficientes para evitar o minimizar estos hechos y no lo hicieron. Ni siquiera informaron a las propias comunidades sobre la potencial ruptura de las tuberías. A lo anterior se suman las vulneraciones del derecho al agua, la alimentación, la salud e incluso en derecho a la consulta previa, libre e informada, dado que las medidas que se están tomando no han sido concertadas con las comunidades.
A las acciones de demanda se han sumado con su respaldo los cuatro obispos amazónicos que además, denuncian la ausencia de condiciones mínimas en las comunidades para enfrentar la pandemia y la absoluta ausencia de atención por parte de las instancias gubernamentales. Denunció que hay ya niños con erupciones en la piel, que falta el agua y los alimentos. El obispo de Orellana concluyó su intervención afirmando que “no estamos en contra de la extracción de petróleo, estamos en contra de las formas en las cuales se lo hace”.
Por su parte Carlos Jipa, dirigente de la Fecunae, afirmó «estamos enfrentando esta situación y no vamos a dar un paso atrás, estamos todos unidos para luchar hasta lograr una victoria, para que el gobierno y las empresas petroleras nos respeten”.
