El gobierno del Ecuador acaba de cometer una infamia. No puede calificarse de otra forma la decisión de pagar 324 millones de dólares de deuda externa en una situación de catástrofe nacional. La justificación de que ese cumplimiento abre las puertas a nuevos créditos resulta indecente frente a la emergencia. En realidad, hay que sospechar que se está beneficiando a tenedores privados de los papeles de la deuda, porque no hay argumentos válidos para impedir que el Ecuador negocie una moratoria. Así, al menos, lo confirman las cifras.

1. Un grave problema estructural: a enero de 2020 el Ecuador registró una deuda pública externa de 41.769 millones de dólares: 6.057 millones corresponden al saldo de deuda con China; 11.980 millones a la deuda mantenida con organismos internacionales (BID, CAF, Banco Mundial, FMI y otros); 18.857 millones a la deuda en bonos cuyo vencimiento fluctúa entre 2020 y 2035; y 4.875 millones a deudas con bancos y otros acreedores menores. A esto cabe agregar 16.790 millones de deuda interna, concentrada principalmente en bonos vendidos al BIESS. En total, la deuda pública asciende a 58.559 millones de dólares.

Estos saldos muestran un grave problema estructural develado desde fines de 2014: por más deuda que se adquiera, la economía ecuatoriana (y sobre todo el empleo) no ha sido capaz de superar un estancamiento de más de cinco años (2015-2020).

2. Inminencia del pago de la deuda: aún más urgente es la “obligación” inmediata de esa deuda: para marzo de 2020 el país debía pagar 1.230 millones de dólares por servicio de deuda pública (capital e intereses): 944,4 millones para deuda externa y 285,8 millones para deuda interna.

Los 944,4 millones son las obligaciones por deuda externa, de los cuales 615,3 millones corresponden al pago del capital y 329,1 millones al pago de intereses. Del capital, 290,3 millones corresponden al vencimiento de la deuda con organismos multilaterales y con bancos internacionales, 325 millones por los Bonos Global 2020 contratados en 2015 por el gobierno de Correa.

3. Poderosos intereses ocultos: el gobierno ha pagado el capital: 324 millones correspondientes al saldo de los Bonos Global 2020. Hasta ayer por la mañana, algunas empresas calificadoras de riesgo, como Bloomberg, esperaban el no pago. ¿Cuáles son los poderosos intereses que impidieron esta impugnación y dieron luz verde al pago?

En resumen, se pagó 324 millones al 100% del valor nominal de la deuda cuando en el mercado internacional los bonos ecuatorianos se cotizan a valores inferiores Si alguien compró esos papeles, por ejemplo, al 35% del valor nominal habría una diferencia de 185 millones a favor de tenedores privados. ¿Quiénes se embolsicaron esa fortuna?

4. Estamos en default técnico: el gobierno también postergó por unos días el pago de los intereses de esa deuda. Esta diferenciación en el trato –a unos les paga el capital y a otros les difiere el pago de los intereses– es considerada casi como un default técnico.

El ministro de Finanzas dice que el país usará el periodo de gracia de 30 días para retrasar el pago de intereses, que vencían el 24 de marzo, para conseguir nuevos créditos que supuestamente serán destinados a la emergencia sanitaria. En realidad, lo que buscan es dinero para seguir pagando la deuda externa. Seguramente, el gobierno ya no tiene recursos y ofrece el ORO (estarán negociando regalías anticipadas) y el PETRÓLEO (por ejemplo, entregando el campo maduro Sacha a alguna transnacional, que podría ser la Chevron, la igual que hizo Correa con el campo Auca) para conseguir dinero urgentemente.

Frente a la insensibilidad evidenciada por las autoridades al llamado realizado desde los más diversos sectores políticos y sociales para suspender los pagos de la deuda externa y negociar una moratoria hasta al menos hasta finales del 2021, las organizaciones abajo firmantes exigimos el CAMBIO DE RUMBO EN EL MANEJO ECONÓMICO, lo que empieza por la INMEDIATA REMOCIÓN del ministro Richard Martínez. Los sectores más vulnerables de nuestra sociedad no pueden asumir los costos de una errática política económica que, inclusive en medio de la tragedia sanitaria, sigue favoreciendo a los grandes grupos económicos del país.

Hoy es el momento de juntar esfuerzos desde los sectores que proponemos alternativas democráticas y equitativas para resolver los problemas que aquejan al país. Hacemos un llamado a las distintas organizaciones políticas, sociales y gremiales, preocupadas por la difícil situación que atravesamos, a promover un GRAN ACUERDO alrededor de los siguientes puntos:

  1. Acogiéndose a razones humanitarias claramente entendibles, el Ecuador debe suspender ya el servicio de la deuda externa. Es indispensable canalizar esos recursos a atender las urgencias sanitarias, de alimentación y de protección a los sectores más vulnerables.
  2. Proponer una alternativa al modelo económico aplicado durante los últimos años y que únicamente nos ha conducido a una situación de impasse no solo frente a la pandemia, sino a la crisis global del capitalismo.
  3. Elaborar y poner en marcha una agenda para la recuperación económica mientras superamos la crisis sanitaria. Esta agenda tendrá que contar con la participación de los principales agentes productivos del país: trabajadores, indígenas, campesinos, pequeños y medianos empresarios, mujeres.
  4. Asegurar que la aplicación de medidas restrictivas para controlar la pandemia no derive en políticas autoritarias que vulneren derechos fundamentales.
  5. Exigir un calendario electoral que no afecte el proceso ya establecido por el CNE y que, de ser alterado, constituiría un descarado atentado a la democracia.

Comisión de Vivencia Fe y Política. COVIFEP. / Responsables: Pablo Ospina y Xavier Guachamin.

Comuna. / Responsable: Natalia Sierra.

Movimiento Revolucionario de los Trabajadores. MRT . / Responsable: Fernando López Romero.

Montecristi Vive. / Responsable: Juan Cuvi.