En América Latina, las mujeres siempre han hecho parte de las luchas históricas por la defensa del territorio y el ambiente. A través de acciones de movilización y desde prácticas cotidianas, han resistido a los extractivismos y a todas formas de violencia en su contra. Además de estar al frente, literalmente “poniendo sus cuerpos” para impedir la destrucción de sus territorios, han propuesto miradas críticas sobre el carácter patriarcal y racista del extractivismo. Desde la afirmación feminista de que “lo personal es político” han cuestionado prácticas sexistas al interior de los movimientos sociales, trasgredido estereotipos y roles de género, y creado espacios autónomos basados en la solidaridad y el cuidado colectivo. A continuación compartiremos algunas reflexiones en torno a sus luchas, haciendo un breve recorrido por el contexto actual del modelo extractivista en la región y sus impactos específicos en la vida de las mujeres.
El extractivismo es un modelo económico y político basado en la mercantilización y explotación desenfrenada de la naturaleza. En América Latina se ha profundizado a partir de la década de los noventas. Este modelo produce daños irreversibles, contaminado el aire, los suelos, las fuentes hídricas y provocando grandes pérdidas de biodiversidad. Así mismo, viola los derechos humanos y colectivos de las comunidades afectadas, destruye sus formas de vida y economías tradicionales, convirtiéndolas en dependientes de mercados externos. El extractivismo, en sus diversas modalidades, opera mediante el saqueo y la usurpación. Se asienta en el racismo estructural que se manifiesta en el despojo de territorios ancestrales, la negación de prácticas culturales y formas de cuidado de la naturaleza de los pueblos originarios, afrodescendientes y raizales.
¿Cómo opera el extractivismo en América Latina?
En América Latina y el Caribe, el carácter usurpador y violento del modelo extractivista se evidencia tanto en los impactos negativos que produce, como en las distintas estrategias que emplean las empresas para imponerse en los territorios, en connivencia con los Estados donde se realizan las explotaciones, y en no pocas ocasiones, con sus Estados de origen.
La complicidad entre empresas, Estados y en muchos casos, grupos armados al margen de la ley y otros poderes en la sombras, se expresa en distintos niveles y etapas de los conflictos socioambientales: a) la legislación y políticas favorables a la entrada de inversiones y empresas a los países; b) la violación del derecho a la consulta previa, libre e informada y en general a la participación ciudadana que permite la instalación de los proyectos a pesar de haber oposición; c) el blindaje de las instalaciones de las empresas a través de la militarización de los territorios y la acción articulada con grupos armados y del crimen organizado y d) la actuación de jueces y fiscales que niegan la responsabilidad de las empresas permitiendo que impere la impunidad.
Actualmente, América Latina continúa siendo la región más peligrosa para defender el territorio: el 60% de los asesinatos de personas defensoras de la tierra y el ambiente en el mundo ha ocurrido en esa región. Los países con cifras más altas son Brasil, Colombia, Honduras, Guatemala, Perú y Nicaragua, según documenta el informe más reciente de la organización Global Witness. (2)
La criminalización constituye una de las principales estrategias implementadas por empresas y Estados para frenar las resistencias contra los megaproyectos extractivos. Esta ocurre mediante la estigmatización de la disidencia, la difamación a través de medios de comunicación o mediante discursos de funcionarios públicos, la represión de la protesta social y la judicialización o persecución penal de las defensoras y defensores. Esto confirma la doble cara de la justicia: mientras las empresas gozan de seguridad jurídica y el blindaje para imponerse en los territorios, quienes luchan por defender los territorios son perseguidxs y deben enfrentar altas penas.
Foto Mídia Ninja
¿Cómo afecta de manera particular la vida de las mujeres?
El extractivismo se basa en y exacerba la cultura patriarcal, por lo cual afecta de manera particular la vida de las mujeres. Como han afirmado algunas teóricas feministas y defensoras de la tierra, existen paralelos culturales, históricos y simbólicos entre la explotación y el control sobre los cuerpos de las mujeres y la naturaleza. En contextos de explotación minera y petrolera y de instalación de hidroeléctricas, por ejemplo, existe una ‘masculinización’ de los territorios (3) en la que se reconfiguran los espacios comunitarios y la vida cotidiana alrededor de los deseos y valores de una masculinidad hegemónica.
Las defensoras de la tierra y los derechos de las mujeres denuncian que las prácticas de despojo y la contaminación de los territorios se expresan de manera simultánea al recrudecimiento de la violencia patriarcal contra mujeres y niñas y la exacerbación de las desigualdades de género. Lo anterior ocurre en todos los ámbitos de sus vidas y se expresa en: a) el aumento de cargas de trabajo de cuidado para las mujeres; b) la pérdida de autonomía económica y de la soberanía alimentaria; c) incremento de violencia psicológica, física, económica, patrimonial y sexual en los contextos familiares y comunitarios ; d) afectaciones a salud física, emocional y reproductiva por el contacto con aire, suelo y agua contaminada; e) discriminación basada en género y vulneración del derecho a la participación ciudadana y en procesos de consulta previa, libre e informada (4); f) el incremento de la explotación sexual de los cuerpos de mujeres y niñas y; g) Pérdida de identidad cultural y debilitamiento de los roles comunitarios y ancestrales de las mujeres.
Violencias contra las defensoras del territorio
La vulnerabilidad específica y los múltiples ataques que sufren las defensoras de territorios se suman a las violencias vividas de manera histórica por las mujeres, en el marco de una sociedad configurada por injusticas de género, raza y clase. A diferencia de sus compañeros hombres, las defensoras están expuestas a un mayor rango de violencias, particularmente la violencia sexual. Además de enfrentar ataques por parte de agentes empresariales y estatales, las defensoras sufren múltiples violencias de manera cotidiana por parte de sus familias y comunidades, y en muchas ocasiones, al interior de sus organizaciones y movimientos sociales mixtos.
Además de la persecución penal, uno de los ataques más comunes que enfrentan las defensoras es la difamación, los señalamientos y campañas de desprestigio, tanto en contextos comunitarios como a través de redes sociales. Allí son llamadas “malas madres”, “malas esposas”, “traidoras” y se les señala por el hecho de manifestarse, afirmando que lo hacen “para buscar hombres”. (5) La criminalización que enfrentan las mujeres se expresa con mucha más fuerza contra defensoras indígenas, afrodescendientes y raizales, especialmente en países como Guatemala, Chile, Argentina, Honduras, Perú y Ecuador.
Si bien las cifras de mujeres asesinadas son menores a las de sus compañeros hombres, es clave resaltar que los casos de asesinatos o “feminicidios territoriales”, como lo llaman algunas defensoras feministas de Guatemala, (6) son visibilizados e investigados de manera distinta. La ausencia de reconocimiento de la labor de las defensoras y la parcialidad de los operadores de justicia que aplican prejuicios misóginos y racistas, conducen a que estos casos sean entendidos como “crímenes pasionales”, fuera del contexto de la resistencia que ellas lideraban, o incluso pretendan ser presentados como suicidios, lo cual reproduce la impunidad como regla. (7)
Por ello, la violencia no finaliza con la eliminación de la existencia física de las defensoras: la manera en que se conducen las investigaciones -o la ausencia de las mismas- las re-victimiza, las culpabiliza e impide que exista justicia y reparación para ellas y sus familias.
Las violencias diferenciadas producen asimismo impactos diferenciados en las vidas de las defensoras. Afectaciones en su salud física, emocional y espiritual, que van desde trastornos del sueño, pérdida de peso, sensación permanente de miedo, depresión, hasta graves enfermedades como el cáncer. Al ser criminalizadas y estigmatizadas, se precarizan sus condiciones económicas y en muchas ocasiones son aisladas en sus propias comunidades y familias. A nivel colectivo, estas agresiones debilitan sus organizaciones, generalizan el miedo en sus compañeras y en ocasiones derivan en la desarticulación o estancamiento de sus luchas.
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Propuestas desde las mujeres latinoamericanas para la defensa del territorio y la eliminación de las violencias en su contra
En el marco de su labor de cuidado y defensa del ambiente y la naturaleza las mujeres desarrollan diversas acciones que han permitido el posicionamiento de sus demandas y perspectivas particulares y en no pocas ocasiones han logrado frenar o paralizar temporalmente emprendimientos extractivos que amenazan sus territorios. A su vez, han generado transformaciones significativas en lo personal y lo colectivo, construyendo nuevas prácticas encaminadas hacia formas de protección y seguridad integral.
Algunos de sus repertorios de acción son: a) la creación de espacios de articulación e intercambio de experiencias de defensa a escala nacional y regional y la construcción de redes regionales para contribuir a la visibilización, el acompañamiento y fortalecimiento de los nodos de resistencia locales; b) movilización y acciones de hecho para impedir el avance de las actividades extractivas, y para recuperar tierras: plantones, marchas, campamentos permanentes para bloquear las instalaciones de las empresas; c) acciones de exigibilidad para activar mecanismos de protección en el marco nacional e internacional y procesos de incidencia ante autoridades locales y nacionales, y organismos internacionales de derechos humanos; d) documentación y denuncia de agresiones y criminalización a las defensoras y construcción de estrategias comunicativas para visibilizar sus luchas; e) impulso de consultas populares y autónomas para que las comunidades expresen su voluntad frente a las decisiones y actividades que afectan su entorno, y exigencia de la realización de consultas previas de acuerdo a estándares internacionales; f) prácticas cotidianas de resistencia relativas a la soberanía alimentaria -preservación de las semillas nativas y sus usos tradicionales, prácticas agroecológicas- y la economía popular, feminista y solidaria y g) prácticas y reflexión en torno al cuidado propio y cuidado mutuo, incluyendo la sanación personal y colectiva.
Uno de los principales aportes de las luchas de las mujeres y feministas por la defensa de la tierra y los bienes comunes ha sido insistir en la conexión entre los cuerpos y los territorios. Las feministas comunitarias guatemaltecas han propuesta la categoría territorio cuerpo- tierra para resaltar que la lucha por la defensa de la tierra frente al extractivismo debe ser simultánea e inseparable de la lucha por que en los territorios las mujeres puedan vivir una vida libre de violencias y de explotación de sus cuerpos.
Desde sus experiencias de defensa del territorio, las mujeres han creado apuestas de transformación que toman como base el cuidado de la vida en sus múltiples manifestaciones y cada vez, con mayor fuerza, integran al cuidado de la tierra, el cuidado propio y colectivo como elementos indispensables en su activismo. Esta visión integral del cuidado se refleja a su vez en la manera en que algunas organizaciones de mujeres y de pueblos originarios conciben la protección: la protección de las defensoras de derechos humanos y de la naturaleza está entretejida necesariamente con la protección de los territorios. En este sentido las organizaciones proponen medidas y prácticas de protección que recogen la espiritualidad indígena, afrodescendiente y raizal. Allí, la sanación va cobrando cada vez mayor relevancia: desde el diálogo de saberes entre pueblos, contextos y generaciones, desde la reivindicación de la memoria de las ancestras, las defensoras sanan no sólo los efectos de los ataques que han sufrido por su activismo, sino también heridas profundas de las violencias estructurales contra las mujeres.
Por Laura María Carvajal Echeverry,
Coordinadora del Programa Mujeres y Territorios del Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe (8)
