Algunas medidas son paralizar desahucios, ayudas a los alquileres, fortalecer los servicios comunitarios, recursos habitacionales para personas sin hogar, refuerzo de las plantillas sanitarias en prisión y acabar con la reclusión de personas migrantes en los CIE. La organización ha presentado escritos con sus peticiones ante la Secretaría de Instituciones Penitenciarias, el Ministerio del Interior y  la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.

 

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha reclamado esta mañana en una valoración sobre el estado de alarma, medidas específicas para afrontar las necesidades de los colectivos más vulnerables, que son los más afectados por la crisis del coronavirus.

Para la organización, “este plan de medidas excepcionales son claramente insuficientes para los sectores más precarizados de la población”. Desde APDHA señalan con preocupación que “las implicaciones económicas del estado de alarma tendrán consecuencias severas en las familias que tras más de diez años de crisis financiera y políticas de austeridad no tienen recursos suficientes para afrontar esta situación excepcional”.  Por ello, en relación a las medidas económicas, plantean que es fundamental priorizar aquellas que protejan a los sectores más vulnerables de la sociedad de las consecuencias de la crisis y del confinamiento, “como son paralizar los procedimientos de desahucio, así como los lanzamientos, ayudar al pago de los alquileres, luz, agua y gas, así como suspender el pago de las hipotecas”.

Del mismo modo, señala la APDHA, “también es decisivo dotar de recursos suficientes tanto humanos como económicos y materiales a los servicios sociales comunitarios para atender de forma digna a personas con problemas de dependencia o discapacidad, a través de la ayuda a domicilio, así como, a las personas, niños y niñas en edad escolar acogidas al Plan de Seguridad y Garantía Alimentaria de la Junta Andalucía (SYGA) o familias que necesitan ayuda alimentaria”.

Por eso, esta mañana han remitido un escrito a la Consejería de Salud y Familias solicitando medidas específicas para las personas sin hogar, entre las que se encuentran adoptar una guía y protocolos de atención y seguimiento con carácter inmediato para garantizar el derecho a la salud de estas personas, agilizar el empadronamiento y el acceso a la tarjeta sanitaria, ampliación de los recursos existentes y, ante la insuficiencia de estos, medidas que den una respuesta habitacional, continuidad de los comedores sociales y un servicio de atención telefónica específico de Servicios Sociales. En el escrito, además, afea a la Junta de Andalucía que la única recomendación sobre las personas sin hogar en la comunidad autónoma se haya orientado a no facilitar la venta de billetes que permitan el desplazamiento de las personas sin hogar.

Por otro lado,  desde la asociación también reclaman, junto con a otras organizaciones de ámbito estatal, “acabar con la reclusión de las personas migrantes que están internadas en los CIE, ya que debe anteponerse el derecho a la salud a la finalidad del sistema deportador”. En este mismo sentido, apuntan que “una de las peores consecuencias de esta crisis es el crecimiento del racismo”. Aunque estas manifestaciones se han dirigido principalmente a la población asiática, “en estos días hemos visto cómo las personas de etnia gitana y migrantes en general son receptoras de una escalada racista que se manifiesta de forma física, verbal y a través de mensajes malintencionados en redes sociales”.

Asimismo, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha remitido, junto a varias decenas de organizaciones estatales, un escrito al Ministerio del Interior y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en el que ponen de manifiesto la crítica situación de la asistencia sanitaria dentro de prisión y de los efectos que el coronavirus puede tener dentro de prisión. En el escrito se solicita que “se refuerce de inmediato las plantillas de personal sanitario dentro de prisión» del mismo modo que exijan “la excarcelación inmediata de internos enfermos graves y de más de 70 años por constituir un grupo con doble riesgo». También demandan la “gratuidad de las llamadas telefónicas extras y el incremento de las comunicaciones orales ordinarias a través de locutorios”.

En último lugar, desde APDHA, aunque consideran que se hacen necesarias disposiciones transitorias y específicas para evitar la transmisión del coronavirus, muestran una especial preocupación “sobre el efecto que pueden tener para derechos y libertades fundamentales el establecimiento de medidas de control coercitivo y confinamiento obligatorio”. En este sentido, advierten: “no aceptaremos de ninguna manera un retroceso en los derechos fundamentales resultado de una gestión autoritaria”. Por ello, APDHA ha querido remarcar su “apuesta por estimular, promover y fortalecer los mecanismos de colaboración comunitaria”, y llama a actuar solidariamente, con sensatez y responsabilidad siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias”.

Desde la asociación quieren destacar «el admirable y entregado sobreesfuerzo de los profesionales de todo el sistema sanitario que están afrontando esta crisis». Y concluyen que  “se ha puesto en evidencia el desborde del sistema debido a los recortes presupuestarios, de material y de personal, así como las privatizaciones», al tiempo que sostienen que «es el momento de revertir este modelo y exigir que la sanidad pública recupere y aumente sus recursos para garantizar que la población sea atendida debidamente siempre».

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