En el 5º aniversario del comienzo de la guerra en Yemen, Greenpeace pide el fin de todas las exportaciones de armamento español por riesgo a ser usado en territorio Yemení.

Greenpeace ha recopilado en un mapa los lugares en Yemen donde la coalición saudí han empleado armas y munición como las enviadas por España en los cinco años de guerra

España sigue autorizando el envío de armamento a países implicados en la guerra de Yemen a pesar de la petición de la ONU de abstenerse de suministrar armas que puedan utilizarse en el conflicto

El conflicto armado ha causado más de 7.700 muertes y ha agravado la mayor crisis humanitaria de la actualidad, según la ONU

Cuando se cumplen cinco años del comienzo de la guerra civil Yemení, Greenpeace pide al Gobierno la paralización de todos los envíos de armamento destinado a los países de la coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, ya que podría ser empleado para cometer graves violaciones del derecho internacional. Naciones Unidas ha hecho este mismo llamamiento.

En este sentido, Greenpeace, con la colaboración de Datadista, ha recopilado en un mapa todos los ataques perpetrados por la coalición saudí en los cinco años que dura el conflicto de Yemen y para los que se ha empleado munición y armamento similar al exportado por España, principalmente artillería. El sistema de control de comercio de armas no permite al Gobierno de España conocer el uso final de la munición y armamento que exporta por lo que no puede asegurar que en esos ataques no se haya utilizado el armamento exportado por empresas españoles, para lo que requieren autorización gubernamental.

En septiembre de 2019, la ONU instó a los Estados a “abstenerse de suministrar armas que puedan utilizarse en el conflicto”. Sin embargo, España no ha seguido esta recomendación y ha mantenido la venta de armas y munición a países que están realizando ataques contra civiles en Yemen. Igualmente, la legislación española e internacional prohíbe las exportaciones de armas en los que existen riesgo de que sean utilizadas en violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, como está ocurriendo en Yemen.

A pesar de que las cifras pueden ser mucho mayores, en estos cinco años de guerra Naciones Unidas ha confirmado la muerte de, al menos, 7.734 civiles como consecuencia directa del conflicto, entre ellos 2.013 menores, y han resultado heridos 12.269. En la actualidad, de una población de 30,5 millones de personas, 20,1 millones sufren hambre y 14,4 millones requieren de asistencia inmediata para sobrevivir. Todos estos datos han llevado a Naciones Unidas a considerar que Yemen sufre la crisis humanitaria más grave del momento.

“Son momentos duros y dolorosos en España y en muchos países del mundo como consecuencia de la emergencia sanitaria que vivimos. Somos conscientes de que la prioridad es solucionar esta pandemia que tanto daño está causando, pero no por ello vamos a mirar para otro lado ante otras emergencias como la de Yemen, y a dejar de denunciar que el Gobierno ha autorizado, y lo continúa haciendo, la exportación de armas a países que, como Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos, que están llevando a cabo ataques a civiles en Yemen y contribuyendo al sufrimiento de su población”, ha declarado Mario Rodríguez, director de Greenpeace. “La industria armamentística española se está lucrando con el consentimiento irregular del Gobierno que cierra los ojos a las graves violaciones de derechos humanos en Yemen, este conflicto sería fácilmente evitable si se dejara de apoyar a las partes implicadas y España aquí tiene su parte una responsabilidad”, ha añadido Rodríguez.

Greenpeace lamenta que sea imposible conocer las razones para aprobar las exportaciones de armamento y que se pueda controlar si se están realizando acorde con la legislación de comercio de armas. Esto es debido a que las actas del organismo interministerial que las autoriza (la JIMDDU) son secretas gracias a un Acuerdo del Consejo de Ministros de 1987 al amparo de la ley franquista de Secretos Oficiales de 1968, lo que establece una impunidad de facto a la actuación del Gobierno en esta materia.

“Entendemos que dada la situación el Gobierno tiene otras prioridades en estos momentos, pero no podemos por ello olvidarnos del sufrimiento de la población yemení al que España contribuye con la exportación de armas, por eso pedimos que en cuanto sea posible, el Consejo de Ministros, acabe con el secretismo y asegure una aplicación estricta de la legislación de control de comercio de armas”, ha añadido Sara del Río, responsable de la campaña de Paz de Greenpeace.