Todo parece indicar que, dada la crisis institucional y la nula credibilidad de Piñera, la iniciativa sobre “infraestructura crítica” parece más bien una pantalla del gobierno para apuntar a otro objetivo: obtener el apoyo de los militares para contrarrestar, mediante la política del miedo, la actual rebeldía ciudadana que ha debilitado la autoridad.

El presidente Piñera impulsa un peligroso proyecto de reforma constitucional, que le permite enviar a los militares a la calle, sin necesidad de declarar el Estado de Excepción. El argumento se sostiene en la necesidad de proteger la “infraestructura crítica”. Se trata de una iniciativa que debilita la democracia y que puede agravar aún más las violaciones a los derechos humanos. Por ello, resulta sorprendente que obtuviera la aprobación del Senado, incluidos gran parte de opositores, y, recientemente, el de la Comisión Constitucional de la Cámara de Diputados.

El gobierno justifica su propuesta con el argumento que, dada la convulsión social, resulta necesario cuidar puertos, aeropuertos, empresas de energía, agua, etc. Y, sostiene que ello permitirá a Carabineros no desviarse de su tarea principal: la represión a los manifestantes movilizados.

Es preocupante que no se haya precisado lo que se entiende por “infraestructura crítica”, lo que ha llevado al constitucionalista, Claudio Nash, a concluir que eventualmente las fuerzas militares podrían incluso copar el Congreso y los Tribunales de Justicia. Así las cosas, el país podría caer en la doctrina de la “seguridad nacional”, lo que convertiría nuevamente a los militares en enemigos de los civiles movilizados.

La iniciativa resulta sorprendente, toda vez que durante los cinco meses de protestas no ha sido atacada “infraestructura crítica” alguna y, en cambio, sí han sido atacadas personas, con graves violaciones a sus derechos.  Consecuentemente, los militares en la calle probablemente multiplicarán las denuncias nacionales e internacionales sobre violaciones a los derechos humanos.

Todo parece indicar que, dada la crisis institucional y la nula credibilidad de Piñera, la iniciativa sobre “infraestructura crítica” parece más bien una pantalla del gobierno para apuntar a otro objetivo: obtener el apoyo de los militares para contrarrestar, mediante la política del miedo, la actual rebeldía ciudadana que ha debilitado la autoridad.

El proyecto original contemplaba incluso una delicada disposición sobre exención de responsabilidad penal para el personal militar que participara en la defensa de la “infraestructura crítica”, lo que felizmente fue desechado por los senadores.

No es posible encontrar una razonable justificación para la presencia de efectivos militares en el resguardo de instalaciones críticas. La teoría de los “enemigos poderosos e implacables” perdió toda credibilidad, como también la injerencia extranjera con la tecnología Big Data. Además, nuestro país no vive, como en Europa, la amenaza del terrorismo. Nada justifica, entonces, que se asigne a militares el resguardo del orden interno, cualquiera sea su naturaleza.  Por ello, la aprobación en el Senado por 28 votos contra 12, del proyecto resulta inexplicable.

Si llegase a aprobarse el proyecto en el pleno de la Cámara de Diputados, Piñera quedaría investido de facultades discrecionales, en momentos que ha perdido toda legitimidad para gobernar.  En segundo lugar, se desviaría a las Fuerzas Armadas de su misión originaria, consistente en la defensa de la Nación ante una agresión externa. Tercero, politizaría aún más a los militares, poniendo en evidencia su condición de gendarmes de los intereses de los ricos del país. Finalmente, expondría a las FF.AA. al duro estrés de las violaciones a los derechos humanos.

En suma, el proyecto es una amenaza directa a nuestra democracia y, en ningún caso, ayudará en la protección de la “infraestructura crítica”. Si llegara a aprobarse será una bofetada al Chile movilizado y un portazo a sus legítimas demandas. Los militares deben permanecer en sus cuarteles.