– Al cabo de casi tres meses de implacable expansión del coronavirus por el planeta, uno de sus rasgos más característicos ha quedado en evidencia: se ensaña con los organismos más debilitados. Y eso es lo que acaba de ocurrir con la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El organismo reconoció el jueves 12 la imposibilidad, a causa del flagelo, de concretar su conferencia ministerial que debía sesionar del 8 al 11 de junio en la ciudad de Nur-Sultán, capital de Kazajistán.
No es que la OMC figure entre las venerables aunque lozanas instituciones multilaterales con sede en esta ciudad suiza, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que cumple 101 años, o la admirable Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que en mayo llegará a los 155 años de vida.
La OMC es de la generación más reciente de este tipo de entidades. Concebida por la conferencia de ministros de comercio realizada en Marrakesh, en Marruecos, el 15 de abril de 1994, dio sus primeros pasos el 1 de enero de 1995, en su actual sede a orillas del lago de Ginebra.
Pocas semanas atrás, cuando alcanzó los 25 años, las celebraciones fueron apagadas pues había poco para festejar en una historia de compromisos quebrantados.
El parto de Marrakesh fue posible porque los países industrializados obtuvieron cuanto pretendían de rebaja en aranceles sobre mercancías, de rigurosidad en propiedad intelectual, de apertura en el comercio de servicios, entre otras reformas de liberalización de los intercambios y de la economía en general, que por esos años hacían furor.
A cambio, prometieron que en 2001 iniciarían negociaciones para liberalizar también la agricultura, el rubro vital para los países en desarrollo.
Esas negociaciones de agricultura comenzaron en 2001, pero desde el inicio fue ostensible que los países industrializados no cederían en abrir sus fronteras al ingreso de productos de los países pobres, lo que se conoce como acceso a los mercados, ni tampoco en reducir las subvenciones que otorgan a sus propios agricultores ineficientes, la denominada ayuda interna.
La única materia en que aflojaron y a regañadientes, fue en la eliminación de sus subvenciones a las exportaciones agrícolas en que cometían abusos flagrantes de arbitrariedad comercial.
Para enmendar esos incumplimientos, los países ricos prometieron impulsar una agenda comercial favorable al desarrollo en la conferencia ministerial que se celebraría en Doha, Qatar, en noviembre de 2001.
Pero en septiembre de ese año sobrevinieron los ataques de las Torres Gemelas, en Nueva York, y la escena internacional se descalabró más aún con la invasión en diciembre a Afganistán, que todavía perdura, y los preparativos de la acometida contra Iraq, dos años después.
Cartel de la 12 Conferencia Ministerial de la OMC, que debía celebrarse en la capital de Kazajistán en junio. Foto: OMC
La Agenda de Doha se adoptó finalmente con algunos propósitos favorables a los países en desarrollo que tampoco se han materializado en acuerdos definitivos. Como lo más destacable que queda de Doha es la declaración que consagra a la salud por encima del comercio.
Desde entonces, la balanza de la OMC se inclinó siempre a favor de los países industrializados, con algunos avances, como la facilitación del comercio, destinada a acelerar trámites fronterizos que allanan las formas de comercialización en boga.
Las aspiraciones de los países del Sur en desarrollo tropiezan en cambio con la intransigencia de la contraparte industrializada, mientras el clima general de negociaciones se ensombrece por la incertidumbre dominante.
A este recorrido de la OMC resta agregarle dos hitos más: la incorporación en 2001 a su marco jurídico de China y el advenimiento de Donald Trump en 2017 a la presidencia de Estados Unidos.
La potencia asiática remozó el comercio con beneficios para países del Norte y del Sur, mientras que la irrupción de Trump profundizó la inseguridad en las relaciones comerciales y paralizó actividades esenciales de la OMC como el sistema de solución de diferencias, una especie de tribunal de justicia comercial internacional.
Estados Unidos nunca habían sido muy contemplativos con las aspiraciones de otros países, en particular de los del Sur, que conspirasen contra sus intereses dominantes.
Los europeos, que procuran los mismos fines, suelen usar en la OMC métodos menos tajantes.
Pero la arremetida de Trump en los últimos tres años desconcertó a todos por sus métodos. Acometió, por ejemplo, contra el Órgano de Apelación, la instancia máxima del tribunal, hasta conseguir en diciembre pasado prácticamente su desaparición, sin explicar hasta ahora que propone para reemplazar ese cuerpo, esencial en más de dos décadas para mantener una cierta armonía en el sistema comercial.
Y aplica prácticas de proteccionismo, como sus andanadas de aumentos arancelarios contra China, en particular, y sus aliados europeos y sudamericanos.
Aunque Washington no está solo en algunas de sus políticas. Con la Unión Europea y Japón han resucitado la alianza que tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) dominaba las actividades económicas.
Los une ahora el afán por recuperar el predominio industrial ante la amenaza de la consagrada China y de las ascendientes India, Rusia, Brasil y Sudáfrica.
La Unión Europea también apoya las intenciones de Estados Unidos de eliminar el tratamiento especial y diferenciado, un régimen de beneficio a los países en desarrollo heredado del antecesor (de 1947 a 1995) de la OMC, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, en inglés).
Ese trato preferencial para los países pobres fue recogido y reproducido en los textos jurídicos que conforman el basamento legal de los acuerdos multilaterales de la OMC.
La pretensión estadounidense de ignorarlo tiene apoyo de algunos países en desarrollo, como Brasil y Costa Rica. El gobierno del presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro acordó con Trump tal respaldo a cambio de la influencia de Estados Unidos para que Brasil ingrese al club de las naciones ricas: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Otra incertidumbre para la OMC proviene del fracaso de la negociación para prohibir ciertas subvenciones que contribuyen a la meta seis del 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados en el marco de las Naciones Unidas en 2015, el dedicado a la vida submarina.
La meta 14.6 pretendía “de aquí a 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen la sobrecapacidad y a la pesca excesiva, eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y abstenerse de introducir nuevas subvenciones de esa índole”.
Los ministros establecieron también que esa negociación de la OMC debe “incluir un trato especial y diferenciado, apropiado y efectivo para los países en desarrollo y los países menos adelantados”, el beneficio que Estados Unidos, la Unión Europea y otros pretenden ahora desconocer.
La negociación de las subvenciones pesqueras está trabada por posiciones diferentes entre países que defienden a millones de pescadores artesanales, como China e India, entre otros, y naciones industrializadas, en particular la Unión Europea, con planes de sostener subvenciones para las grandes flotas de pesca en ultramar. Otros países, como Estados Unidos y algunos de América del Sur, apoyan propuestas diferentes.
El problema para la OMC es que los plazos fijados por el mandato de los jefes de estados y de gobiernos al aprobar los OSD ya están todos vencidos. A la institución comercial le quedaba la alternativa de alcanzar un acuerdo en la conferencia ministerial de Nur-Sultán.
Como se ve, el orden del día para los ministros en Kazajistán era espeso y ponía en figurillas a los negociadores y a la misma secretaría de la OMC.
Pero sorpresivamente, el director general de la OMC, Roberto Azevêdo, anunció el jueves 12 que en consulta con el neozelandés David Walker, presidente del Consejo General de la OMC, el órgano de gobierno durante los recesos de la conferencia ministerial, y también con la delegación de Kazajistán en Ginebra, consideraron que “no es factible” realizar la conferencia ministerial en la fecha establecida en la capital Nur-Sultán.
Ante este cuadro, Azevêdo y Walker convinieron en que llamarán “tan pronto como sea posible” a una reunión del Consejo General para revisar los acuerdos respecto a la realización de la conferencia ministerial.
