La situación del Centro regional permanente para el retorno de migrantes (CPR, por sus siglas en italiano) de Macomer está resultando muy problemática unas semanas después de su apertura.
Es otra señal del fallo del sistema de gestión de los migrantes en espera de asilo y en espera de impatriación.
En general, la crítica más grande parece estar relacionada con la gestión privada del CPR, confiada a las autoridades de gestión, que son empresas con fines de lucro, que tienen amplios márgenes de gestión de las personas detenidas.
De hecho, una gestión que, aparte del gestor privado, crea problemas considerables, la condición de los detenidos, privados de su libertad personal, es, de hecho, inadecuada para el buen funcionamiento de la estancia de los migrantes dentro de las estructuras.
La situación de Macomer es actualmente monitoreada por el periódico La Nuova Sardegna, que ha publicado varios artículos sobre el tema,
Entrevistamos a Francesca Mazzuzi, activista de LasciateCIEntrare (Déjennosentrar) de la Cerdeña.
Buenos días, señora Mazzuzi, el 20 de enero se abrió el CPR de Macomer: la situación parece ya muy problemática, según los artículos publicados por La Nuova Sardegna. ¿Qué puede decirnos sobre la estructura del CPR?
Desde hace poco más de un mes, el Centro de Permanencia de Repatriación también está funcionando en Cerdeña y el lugar elegido es la antigua casa del distrito de Macomer, que también albergaba una sección dedicada al departamento de alta seguridad. La estructura cerrada desde 2014, aparentemente porque no cumplía con los parámetros mínimos establecidos por la ley, ha sido objeto de trabajos de adaptación para reabrirla como CPR.
Hasta la fecha, tras la finalización de la primera fase de la obra puede albergar a 50 personas, pero una vez completada llegará a 100.
No estamos seguros de cómo se estructura realmente en el interior, pero está claro que esta es otra jaula para los extranjeros en nuestros territorios.
Según los planos de las obras y los relativos planos que se pueden consultar en el sitio institucional de la Prefectura de Nuoro sabemos que el centro está compuesto por tres edificios. Uno de ellos se dedica a la actividad administrativa del centro, mientras que los otros dos constituyen la sección de detención propiamente dicha, en la que actualmente se puede mantener a 40 personas en uno y a 10 en el otro.
Todos los movimientos de los reclusos se mantienen bajo constante control mediante un sistema de videovigilancia interna y externa y los espacios han sido remodelados para crear sectores compartimentados para un máximo de 20/25 personas, divididos por puertas de hierro intransitables que no permiten el contacto visual entre las dos partes. También hay una barrera de alambre de púas en las esquinas de los edificios para impedir el acceso al techo de las estructuras, desde donde los reclusos suelen gritar su desesperación con la esperanza de que su voz pueda llegar fuera de la CPR.
Incluso sobre las personas que actualmente están internadas no se está filtrando suficiente información, sólo sabemos que hay unas cincuenta personas presentes, todos hombres -aunque en el proyecto se destinarían 10 plazas a una sección femenina-, la mayoría de ellos trasladados desde otras regiones, desde otros CPR como Turín y Trapani (ahora cerrados), desde el hotspot de Taranto y también hay algunos argelinos recién desembarcados en la costa de Cerdeña.
El Cpr de Macomer, de hecho, ha sido aclamada por los políticos sardos precisamente para disuadir los desembarcos de los harraga, los jóvenes que vienen de Argelia con sus barcos a las costas del suroeste de Cerdeña. Como si en los últimos veinte años la presencia de los centros de repatriación hubiera podido capacitar a quienes se movían por el deseo o la necesidad de buscar una nueva oportunidad de vida en Europa, pasando por Italia.
¿Quién es el organismo gestor?
La gestión del CPR está encomendada a Ors Italia s.r.l., una filial de la empresa suiza Ors que ya administra centros para migrantes en varios países europeos y que desembarcó en Italia en 2018, gracias a las nuevas normas que rigen la recepción y detención de migrantes.
Ors ya ha estado en el centro de la polémica por la mala acogida de un megacentro en Austria, mantenido en condiciones inhumanas, según una denuncia de Amnistía Internacional. La misma empresa también ha sido objeto de una investigación periodística sobre el entrelazamiento de la política suiza y las finanzas internacionales detrás del Grupo Ors.
En resumen, la entrada de estos sujetos es la consecuencia inevitable del sistema de confiar los centros de detención administrativa para extranjeros a particulares, cuyas ofertas con ofertas a la baja sólo pueden favorecer a los grandes operadores económicos y a la lógica de mercado imperante y la reducción de la calidad de los servicios prestados a expensas del respeto de los derechos de las personas restringidas.
La gestión de Ors en la CPRel de Macomer fue también el motivo de una pregunta parlamentaria, presentada por Erasmo Palazzotto (diputado europeo de Leu), que expresó dudas tanto sobre el sistema de confianza de los Centros de Migrantes, como sobre la fiabilidad de la propia empresa y su capacidad de gestión efectiva.
Se ha informado de un intento de suicidio y de casos de autolesión: ¿puede confirmarlo?
Las mismas enfermeras que trabajan en el centro han informado de las difíciles condiciones de vida en el CPR: lesiones, agresiones, episodios de autolesiones, al menos un intento de suicidio. Y estas son sólo las noticias que se están filtrando y que pueden tener eco en la prensa. Pero las voces de los presos, como las de la Prefectura de Nuoro, siguen desapareciendo.
Los habitantes de Macomer escuchan con frecuencia las intervenciones de las ambulancias del 118 que se dirigen al Centro, a menudo de noche.
Un último episodio sorprendente ocurrió hace unos días cuando un hombre se subió al techo de uno de los pabellones amenazando con saltar, en un acto de desesperación.
Lamentablemente, no se trata de acontecimientos esporádicos, sino que representan la normalidad en estructuras de este tipo, donde se detiene a personas con la única culpa de no tener permiso de residencia, sin perspectivas, donde los abusos, la violencia física y psicológica y donde en nombre de una supuesta seguridad no se protegen los derechos más básicos, ni siquiera los que normalmente se garantizan a los presos en los centros penitenciarios.
¿Qué puede decirnos sobre el manejo de la salud dentro del CPR de Macomer?
En el CPR hay un área médica con la presencia de doctores y enfermeras. Estos últimos han sido contratados por un organismo provisional en nombre de Ors.
Hace unas semanas, los trabajadores sanitarios protagonizaron una protesta, amenazando con abstenerse del trabajo o dimitir, preocupados por la tensa situación dentro del Centro y por su propia seguridad. En particular, después de un incidente en el que los agentes de seguridad intervinieron una hora y media después de la llamada de auxilio, cuando una enfermera se atrincheró en la enfermería por miedo a ser atacada.
Los médicos y enfermeros han pedido poder operar bajo la vigilancia constante de las fuerzas de seguridad, petición que también plantea la cuestión del derecho a la intimidad de la persona que no puede ser visitada con la presencia sistemática de agentes de policía.
Lo que está sucediendo sólo puede confirmar que los CPR son lugares de privación de derechos, donde el tratamiento al que son sometidos los reclusos viola la dignidad humana y causa malestar, agresión y desesperación.
El CPR no es un sistema que pueda ser reformado, sino que simplemente debe ser superado.
¿Es consciente de que el control de seguridad dentro del CPR es entre fuerzas?
También nos enteramos por la prensa de que hay un centenar de fuerzas destacadas de CPR.
La policía y la Guardia di Finanza se encargan de la seguridad interna del centro, mientras que los Carabineros y el ejército, con un batallón de la Brigada Sassari, se encargan del exterior.
Una presencia que se ha convertido en algo bastante engorroso para toda la población, frecuentemente sujeta a puntos de control y no sólo en las proximidades del CPR.
¿Sabe que los teléfonos celulares de los detenidos han sido confiscados?
La incautación del teléfono móvil una vez que ha entrado en el CPR es una medida muy difundida y es uno de los informes que hemos comunicado, junto con ASGI, la Prefectura y el Garante Nacional de los derechos de las personas privadas de sus libertades.
Esta práctica, entre otras cosas, sólo alimenta más dudas sobre lo que sucede en estos centros, además de perjudicar la libertad de comunicación con el mundo exterior que debe garantizarse a todos los detenidos.
¿Solicitó al Prefecto el acceso al CPR?
Ya a finales de enero la Campaña LasciateCIEntrare presentó una solicitud de acceso a las instalaciones, pero aún no hemos recibido ninguna respuesta de la Prefectura de Nuoro, excepto que todavía está siendo examinada por el Prefecto.
Otros componentes de la sociedad civil también han hecho una petición similar, y esto es un hecho positivo, porque es fundamental que estos centros se gestionen de forma transparente y que abran sus puertas a activistas, periodistas, abogados y a todos aquellos que puedan dar testimonio de lo que ocurre en ellos, dando voz a los que nunca la han tenido, y haciéndose portadores de las peticiones de los presos. Y es precisamente por eso que la Campaña LasciateCIEntrare nació en 2011. Pero, aunque se han hecho algunos progresos, hoy, como entonces, el CPR sigue siendo impermeable a las peticiones de apertura a la sociedad civil. Las prefecturas y el Ministerio del Interior tienden a negar el acceso. Y, la Campaña, como otros, continuará oponiéndose a tales prácticas y luchando por la abolición de la detención administrativa.
¿Cuál cree que puede ser la situación desde el punto de vista de la protección jurídica de los detenidos?
Es cierto que los abogados tienen una fuerte limitación en el número de horas que pueden reunirse con los clientes, pero sería necesario saber claramente cuáles son los procedimientos internos, si las personas reciben información adecuada sobre su situación, si tienen la posibilidad de poder nombrar a un abogado partidario, lo que puede limitarse, por ejemplo, mediante la retirada de su teléfono móvil, ya que ya no tienen sus datos de contacto con ellos.
También hay que tener en cuenta que la validación de la detención se realiza en un plazo muy breve (dentro de las 48 horas) y, por lo tanto, se recurre a defensores públicos, que no siempre son expertos en derecho de inmigración y todo ello en detrimento de quienes deben recibir una protección jurídica adecuada.
¿Qué puede decirnos sobre cómo está reaccionando la gente de Macomer a la apertura del nuevo CPR en su territorio?
Seguramente ha habido una falta de información adecuada. Durante mucho tiempo no se entendió que sería un centro de detención y no un centro de recepción y, de hecho, la población se preocupó inicialmente por la presencia de extranjeros en el territorio. Ya en 2017, cuando la Región, la administración municipal de Macomer y el Ministerio del Interior eligieron Macomer como sede del Centro, se formó un Comité de No CPR, expresión política de la entonces oposición del gobierno regional y municipal de Macomer, que veía la estructura como un peligro para la seguridad de la comunidad.
La apertura del CPR fue presentada por la administración municipal como una oportunidad para el desarrollo. Estaba convencida de que los servicios activados para las personas internadas en el centro estimularían el empleo y que la presencia de las fuerzas policiales contribuiría a producir un efecto económico positivo para la zona.
Pero cuando el Centro abrió, inmediatamente quedó claro que no sería así. Desde el punto de vista económico, las repercusiones podrían afectar como mucho a un par de hoteles completos y a unos pocos restaurantes afiliados, mientras que los costos sociales son mucho más elevados y una parte de la comunidad macaronésica se organizó espontáneamente para oponerse al CPR como lugar de segregación, discriminación y violación de derechos, creando la «Asamblea de la no CPR (ni en Macomer ni en ningún otro lugar)» que une a Macomer y a otros centros de Cerdeña en un movimiento de solidaridad en la lucha contra los centros de detención para la repatriación.
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Traducido del italiano por Estefany Zaldumbide
