Organizaciones sociales y comunidades indígenas denuncian que la construcción de una represa en Mendoza puede dejar sin agua a La Pampa. Temen que se repita la historia del río Atuel, apropiado indebidamente por Mendoza hace más de medio siglo.
Publicitada como “la obra del siglo”, la construcción de la represa Portezuelo del Viento (en Mendoza) acumula denuncias de amplios sectores de la sociedad pampeana por la afectación que hará del río Colorado (compartido por cinco provincias). Temen que se repita la historia del río Atuel, represado por Mendoza y que condenó a la sequía, desarraigo y pobreza al oeste pampeano. Alertan de un posible desastre social, económico y ambiental. Un fallo de la Corte Suprema, de 2017, continua sin cumplirse.
El julio de 2019 el presidente Mauricio Macri firmó el decreto 519/2019, por el cual el el gobierno nacional se hace íntegramente cargo de los 1023 millones de dólares de la construcción de la represa Portezuelo del Viento, sobre el río Grande, en el departamento de Malargüe. Fue en acuerdo con el entonces gobernador Alfredo Cornejo, que la definió como “la obra del siglo”.
Se trata de una obra faraónica, con una pared de hormigón de 180 metros, miles de hectáreas bajo agua (se inundará toda la localidad de Villa Las Loicas) y se deberá cambiar el trazado de las rutas nacional 145 y de la provincial 226. Será necesario la reubicación de Villa Las Loicas y todos los parajes dispersos que serán sepultados por el embalse. El discurso oficial es que se proveerá energía a 130 mil usuarios. Otras voces alertan que también puede ser energía para multinacionales mineras (con una decena de proyectos en Mendoza).
El río Grande, sobre el cual se implantará la obra, es el principal afluente del río Colorado, que también recorre las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires. Por ser interprovincial está bajo la administración del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), integrado por las cinco provincias.
En La Pampa el rechazo es mayoritario. Temen que se repita la historia del río Atuel, que proveniente de Mendoza ingresaba a La Pampa. En 1917 comenzaron a cambiar el caudal natural del río, se perdió el brazo principal del Atuel. En la década del 30 comenzó el corte del brazo Butaló y, en la década del 40, el gobierno nacional construyo el dique El Nihuil en Mendoza, que embalsó el río e interrumpió el escurrimiento del arroyo de La Barda, que era el último que llegaba a La Pampa. El próspero oeste provincial fue condenado: las localidades de Santa Isabel, Victorica, Algarrobo del Aguila, La Humada, Limay Mahuida, Puelches, Gobernador Duval y 25 de Mayo dan testimonio del despojo. Fueron afectadas más de de 300 mil hectáreas. Todos los pampeanos saben del “robo del río”, como se resume la situación del Atuel.
Mendoza negó durante décadas la interprovincialidad del Atuel. En diciembre de 2017 la Corte Suprema ordenó que se llegue a un acuerdo entre las provincias y Nación. A más de dos años de ese fallo del máximo tribunal, La Pampa continúa sin el caudal de agua solicitado.
Héctor Gómez, presidente de la Fundación Chadileuvú (Fuchad), aclaró que no se opone a la construcción de Portezuelo, pero no de la forma que se está realizando, sin enfoque de regulación compartida del río. Cuestionó que Mendoza tenga como principal objetivo trasvasar agua del río Grande al Atuel. “Va a producir un gravísimo daño”, afirmó Gómez. Explicó que el río Colorado cuenta con la mitad de caudal que décadas atrás, lo que ya produce problemas de escasez y aumento de la salinidad. “En un río en crisis no tendría que considerarse construir una represa. Es el peor momento para la obra. Va a gravar muchísimo la crisis hídrica del río”, afirmó el presidente de la Fundación Chadileuvú, que desde hace más de 35 años lucha por los cursos de agua de la provincia. También saben que, de no contar con el río Colorado, será un desastre social, económico y ambiental. El 7 y 8 de febrero próximo harán un encuentro en Santa Rosa para coordinar acciones con organizaciones de Río Negro, Neuquén, San Juan, Mendoza, Neuquén y Buenos Aires.
El fin de semana del 18 y 19 de enero se realizó en la localidad de Catriel (Río Negro) el “Primer Encuentro Intercultural en Defensa del Agua”, con decenas de organizaciones sociales, ONG y comunidades mapuches y ranqueles. Emitieron el comunicado conjunto titulado “por la defensa de los ríos pampeanos”. “Los sucesivos gobiernos de Mendoza, obedientes a los sectores más ricos, dueños de viñedos y la tierra, hacen un manejo patoteril de las aguas que pasan por su territorio. Desconocen o reniegan de la autoridad de los comités de cuenca y rechazan los dictámenes de la Justicia”, denuncian las organizaciones y comunidades indígenas.
Firmado por las comunidades ranqueles de La Pampa Nahuel Auca, Pangüitruz Gner, Yanquetruz, Willy Antü, Rali-Có, Ñancufil Calderón, Ñuke Mapu, Baigorrita y Ñancu Antü. Por Mendoza suscribieron las comunidades indígenas Kuyen Paine, Epü Gner Calli, Santos Morales, Ñancuñan y Talquesca. Las peticiones son cuatro: no contaminación de los ríos, no a Portezuelo manejado por Mendoza, no a la apropiación de los ríos, sí a los ríos Atuel y Salado para todos.
La posición indígena quedó plasmada en junio de 2017, cuando llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia en reclamo por el río Atuel. Carlos Campú, LonkoChe (cacique gobernador Rankülche): “Teníamos agua y fue desapareciendo. ¿Por qué tienen que cortar el río? Muchos hermanos se tuvieron que ir, no tenían agua ni para veinte chivas. En vez de río con agua lo transformaron en basurero”.
En las movilizaciones mendocinas de diciembre pasado, que logró la derogación de la ley minera del gobernador Rodolfo Suárez, también estuvo presente la apropiación de los ríos. En el comunicado del 30 de diciembre pasado, las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (Ampap) fueron claras: «Respecto de las cuencas hidrográficas, también reclamamos la restitución de caudales del río Mendoza para las lagunas de Huanacache, y que se llegue a concretar acuerdos justos con los hermanos de La Pampa».
Represas y consecuencias
Las represas suelen tener buena imagen. Suelen publicitarse como “energías limpias” y hasta forman parte de atractivos turísticos (tanto sus murallas de concreto como los espejos de agua que producen), pero acumulan denuncias en todo el mundo por ser parte del modelo extractivo, con desalojo de poblaciones, violación de derechos y consecuencias sociales, ambientales y sanitarias. En Argentina los mayores antecedentes de resistencias se encuentran en Entre Ríos y Misiones (que frenaron hidroeléctricas en la década del 90). Misiones aún rechaza el proyecto Garabí (entre Brasil y Argentina) y en Santa Cruz se acumulan denuncias contra las represas Condor Cliff y La Barrancosa, por violar derechos indígenas y ambientales.
