Por Osvaldo Bocero¹

Los audios difundidos recientemente en los que el presidente del Tribunal Superior de Justicia jujeña –Pablo Baca–, reconoce que Milagro Sala está detenida por decisión del gobernador Gerardo Morales, han desatado un escándalo entre los distintos poderes de la provincia.

Estas pruebas son la base de un proyecto de juicio político contra Baca que impulsa el bloque de diputados del peronismo jujeño con acuerdo de un sector del oficialismo. El caso ha cobrado resonancia en la provincia y ha desatado una serie de declaraciones cruzadas en donde queda cuestionada la independencia del Poder Judicial respecto del Ejecutivo.

Desde el bloque también se intenta  avanzar sobre el Fiscal Sergio Lello Sanchez, titular del Ministerio Público de la Acusación. A partir de los audios entre Baca y su amiga, Lello Sanchez es involucrado en el rol de extorsionador de jueces y fiscales. Además, junto al hijo del gobernador, es redactor de una ley a medida del Poder Ejecutivo.

Ante la difusión de los audios, Pablo Baca admitió que la que se escuchaba era su voz, pero dijo que los audios habían sido manipulados, editados y malinterpretados. El Cohete a la luna –medio que hizo públicas las grabaciones–, respondió que solo fue editada la voz de la interlocutora, para proteger su identidad.

El lunes pasado, ante el escándalo provocado por sus declaraciones, Baca pidió licencia en sus funciones pero afirmó que no renunciará porque eso sería admitir su culpabilidad, insistiendo en su floja defensa que se trató de una emboscada.

Un repaso

Gerardo Morales asumió como gobernador el 10 de diciembre de 2015. En la primera semana de su gestión modificó la estructura del Poder Judicial. A solo 5 dias de asumir envió un proyecto para ampliar de 5 a 9 miembros el Superior Tribunal de Justicia. Esa votación que resultó favorable al proyecto, determinó que dos diputados radicales –que votaron a favor–, al otro día fueran nombrados jueces del Tribunal. Uno de ellos es Pablo Baca. Los otros dos nuevos jueces eran ex diputados radicales. De esta manera se garantizó la mayoría automática de cinco votos con la entonces presidenta Clara Langhe de Falcone, también de afiliación radical y ex abogada de Morales. A esta última se la reconoce por explicar públicamente que la prisión de Milagro Sala obedece a que la gente la quiere presa.

Dos días después de la ampliación del Tribunal, la Legislatura aprobó la creación del Ministerio Público de la Acusación quien quedó a cargo de Lello Sanchez, amigo del hijo del gobernador, quien según revela Baca en los audios, fue quién diseño un esquema de Ministerio del apriete.

Debemos recordar que el 14 de diciembre de ese año Milagro Sala junto a su organización Tupac Amaru, comenzaba un acampe en la Plaza Belgrano frente a la gobernación para reclamar  emprendimientos productivos para las cooperativas, ante la manifiesta decisión de Morales de no incluir en esos proyectos a la organización.

Un mes después Milagro Sala fue detenida en el contexto de esa protesta social, acusada de perturbar el orden público, un hecho que no puede llevar mas de 48 horas de detención al tratarse de una contravención. Ese tiempo fue el que tanto Morales como el aparato judicial a sus órdenes se tomaron para presentar denuncias y armar causas en contra de la referente social. Ya han pasado más de 4 años y Milagro sigue detenida (hoy en prisión domiciliaria) así como otros miembros de la Tupac, en lo que constituye el caso mas inmoral de persecución política en democracia.

Como dato aleatorio, esta semana asumió en Jujuy la titularidad de la Oficina Anticorrupción la radical Josefa Herrera, quien fuera asesora de Gerardo Morales en el Senado. Cuestionada por su cercanía con el Gobernador, Herrera hizo una declaración que quedará en la memoria de estos tiempos jujeños: «Voy a tener independencia porque son las instrucciones del señor gobernador”.

¹ Integrante del Comité por la Libertad de Milagro Sala