Las severas medidas migratorias violentan derechos y ponen vidas en peligro
Human Rights Watch (el Observatorio de Derechos Humanos) dijo que el gobierno italiano de la coalición del Partido Demócrata y el Movimiento 5 Estrellas debería revocar las medidas sobre refugio y rescate tomadas por el gobierno anterior. Se espera que el gobierno proponga las modificaciones pertinentes a los dos decretos de seguridad que fueron impulsados por el gobierno de coalición anterior del Movimiento 5 Estrellas y La Liga.
“Esta es una oportunidad para que en Italia se restablezcan políticas más humanas y dignas para gentes que necesiten nuestra ayuda. Por ejemplo: permisos de permanencia que sean más humanitarios, un sistema de recepción ejemplar y el compromiso de salvar vidas en el mar para asegurar el desembarco en puerto seguro”, dijo Judith Sunderland, directora del Observatorio de Derechos Humanos de Europa y de la división de Asia Central, “Es una oportunidad que el gobierno debe tomar para restaurar el liderazgo global y la integridad moral de Italia”.
Matteo Salvini, el ministro del Interior y jefe de La Liga durante los años de 2018 y 2019, aprobó dos decretos gubernamentales, que fueron convertidos en leyes por el Parlamento. Esos decretos y leyes destriparon los procedimientos de asilo y el sistema de recepción en Italia, y formalizaron la política de “puerto cerrado” de Salvini, que bloqueó los barcos que buscaban desembarcar gente rescatada en el Mar Mediterráneo.
En septiembre del 2019, el gobierno de coalición entrante –sin La Liga- manifestó su intención de modificar los decretos. Pero Luciana Lamorgese, la ministra del Interior actual, sugirió algunos retoques en lugar de una reforma profunda. El Observatorio de Derechos Humanos dice que los decretos son tan problemáticos que deberían ser completamente revocados. El gobierno debería actuar rápidamente para lograr restaurar las protecciones que fueron abolidas o debilitadas por los decretos.
Se debe considerar principalmente:
- La abolición de multas a los barcos de rescate. El decreto de junio del 2019, “Medidas urgentes respecto a la seguridad y el orden público”, se convirtió en ley en agosto, dándole la autoridad al ministro del Interior para negar el permiso para ingresar o permanecer en aguas italianas a cualquier barco sospechoso de violar las leyes italianas de inmigración. Imponía multas entre 150 mil y 1 millón de euros a los capitanes, y la incautación inmediata del barco por ingresar en aguas italianas sin ninguna autorización, o por no seguir instrucciones. Estas disposiciones buscaban legalizar las prácticas de retrasar o rechazar el desembarco de la gente rescatada en el mar. Las disposiciones violan las normas internacionales de derechos humanos y la ley del mar, desalentando a los capitanes de los buques de cumplir con su obligación legal y moral de dar respuesta a buques en peligro en el mar. Citando la ley del mar y normas de derechos humanos, seis expertos de Naciones Unidas dictaminaron que: “Las operaciones de búsqueda y rescate que estén destinadas a salvar vidas en el mar, no representan una violación de la legislación nacional sobre el control de fronteras o migración irregular”. Italia tiene la obligación de facilitar la acción humanitaria, así como la tiene de no participar en ninguna clase de actos que pongan en peligro el derecho a la vida.
- Restablecimiento de los permisos de residencia por razones humanitarias. El decreto de octubre de 2018, “Medidas urgentes sobre protección internacional, inmigración y seguridad pública, convertido en ley en diciembre de 2018, abolió este tercer nivel complementario de protección. Esta medida había permitido que muchas personas permanecieran en Italia debido a los problemas que surgieron en sus lugares de origen y en sus jornadas migratorias. Estos permisos renovables otorgados por dos años y renovables, autorizaban a trabajar y podían convertirse en otros tipos permisos de residencia. Antes las autoridades de asilo podían otorgar protección humanitaria en una gran variedad de situaciones, pero el decreto de 2018 restringe la protección temporal a una lista de casos existentes y nuevos, incluyendo tratamiento médico, calamidades naturales en el país de origen y actos de particular virtud cívica. Estos permisos varían en cuanto a la duración y las oportunidades de que se conviertan en una residencia a largo plazo, y niegan en gran medida a los beneficiarios el acceso a refugios especializados y el apoyo para la integración. La abolición del permiso de protección humanitaria en los pedidos de asilo contribuyó al incremento de las decisiones denegatorias, del 67% en 2018 al 80% en los primeros diez meses del 2019. Un estudio del Instituto Italiano de Estudios Políticos Internacionales estimó que por estos cambios habrá un aumento en el número de inmigrantes indocumentados en Italia para fines de 2020, aproximadamente de 70,000 más que los calculados si el permiso humanitario no hubiese cambiado.
- Restaurar el sistema de recepción en Italia. La red SPRAR (Sistema de Protección para Refugiados y Buscadores de Asilo) de refugios con personal capacitado, otorgó alojamiento, atención y servicios a las personas en situación vulnerable que pedían asilo, al igual que a refugiados reconocidos. El decreto de 2018 excluyó efectivamente a todos los solicitantes de asilo de los centros de recepción al crear el SIPROIMI (Sistema de Protección para beneficiarios de protección internacional y para Menores Extranjeros No Acompañados), reservado sólo para refugiados reconocidos y niños no acompañados. Esto condenó hasta a los más vulnerables solicitantes de asilo a permanecer en los centros de recepción de primera línea, donde frecuentemente la atención era inadecuada y las condiciones se deterioraban conforme las autoridades recortaban los presupuestos. Recientemente, el GREVIO (Grupo de Expertos en Acción contra Violencia contra las Mujeres y Violencia Doméstica, del Concejo Europeo, expresó su preocupación de que “parecieran deteriorarse” las condiciones de recepción y el acceso a servicios básicos para las mujeres que son víctimas de violencia de género.
- Limitando la detención pendiente de deportación. El decreto del 2018 duplicó el plazo de detención de las personas en espera de ser deportadas, de 90 a 180 días. También permitió que las autoridades detengan a las personas hasta por 30 días de su llegada en los puntos críticos con el fin de identificación y registración. Aunque la ley de la Unión Europea permite la detención en casos migratorios hasta 18 meses, exige que la detención dure el plazo más corto posible y mientras las autoridades demuestran diligencia para repatriar efectivamente a una persona, y también permite a los Estados miembros adoptar disposiciones más favorables. El Pacto Mundial sobre Migración, que acordado en diciembre de 2018 representa el consenso internacional, compromete a los países a que la detención sea usada como último recurso y a buscar otras alternativas. Italia se encuentra dentro del puñado de naciones que no adhirieron al pacto.
En adición a estas medidas, el decreto de 2018 también extendió los casos en que se puede negar y revocar la protección internacional, y denegó solicitantes de asilo el derecho a registrarse con las autoridades locales, con el efecto de negarles el acceso a ciertos servicios. En ese tiempo, 13 expertos en derechos humanos de Naciones Unidas expresaron su “grave preocupación” porque las medidas del decreto “fundamentalmente socavan los principios de los derechos humanos, y ciertamente conducirán a violaciones del derecho internacional de los derechos humanos”.
Mientras la coalición del Partido Demócrata y el Movimiento Cinco Estrellas dijo que modificaría los decretos en septiembre de 2019, poco después de que Salvini y La Liga abandonaron el gobierno, pospuso hacerlo para después de las elecciones regionales de enero del 2020.
Traducción del inglés por Alanissis Flores
