Es noticia que el Senado de México avanzó en la creación, por primera vez en este país, de un órgano independiente del gobierno, encargado de investigar los numerosos casos de pederastia clerical a fin de garantizar la reparación de las víctimas directas o indirectas. El nuevo órgano gozará de autonomía, estará integrado no sólo por legisladores, sino también por representantes de la sociedad civil, del poder ejecutivo pero sobre todo por las víctimas. La entidad tendrá «atribuciones legales suficientes» como para hacer justicia a quienes han sufrido de los abusos de poder de parte de sacerdotes.

Desde agosto de 2018 que esta Red de Sobrevivientes viene reclamándole al Estado de Chile, específicamente al Poder Ejecutivo, la creación de una Comisión de Verdad Justicia y Reparación que establezca una verdad histórica y sea la instancia para acoger a las miles de víctimas que permanecen silenciadas por el lobby de la Iglesia Católica en Chile. Cientos de voces de especialistas, académicos y organizaciones de Derechos Humanos se han sumado a nuestro reclamo para seguir el ejemplo de otros países como Australia, Irlanda y ahora México.

¿Cuál es la idea del Estado de Chile? ¿Esperar la muerte de los sobrevivientes que actualmente tenemos figuración pública a ver si con eso se termina el problema? Mario Montenegro falleció hace menos de un mes sin recibir el mínimo de justicia y reparación por los abusos vividos en su infancia en un colegio católico en Chile.

Avisamos que esto no se termina con nuestras muertes, tenemos una expectativa de vida seis años menos que el promedio nacional por el delito que sufrimos. Padecemos todos los días las secuelas de los abusos cometidos por quienes debían cuidarnos. Ahora siendo adultos damos esta lucha por nosotres pero también por todos esos niños y niñas que hoy están en peligro, que están siendo abusados en hogares del Sename y en colegios de Vitacura, esta pandemia es transversal y así lo graficamos en el Mapa del Abuso con más de 320 casos que son sólo los conocidos públicamente. Lamentablemente estamos muy lejos de extinguirnos.

Si el Estado chileno sigue mirando de costado los abusos por parte de la iglesia chilena, sabiendo que estos delitos no son cuestiones del pasado, sabiendo que han sido una acción sistemática en la historia de nuestro país, como sistemático ha sido el encubrimiento de estos delincuentes, si el Estado chileno no actúa con firmeza; confirmará nuestra sospecha de que es cómplice de violaciones de los derechos humanos y entonces no nos quedará otro escenario que recurrir a las cortes internacionales.

El Estado de Chile tiene obligaciones que nacen de los tratados que voluntariamente ha suscrito:

1.- Derecho a la Verdad, establecido en el fallo de la Corte Interamericana del Caso «Bámaca versus Guatemala».

2.- Derecho a la Reparación que nace de múltiples fallos de la Corte Interamericana y de lo establecido en la Convención Americana.

3.- Principio del Interés Superior del Niño, Niña o Adolescente, que nace de la Convención de Derechos del Niño.

4.- Deber de diligencia debida y prohibición del periculum in mora para dar justicia en forma diligente.

Nos avalan la Convención de los derechos del Niño; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer – «Convención de Belém do Pará», la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Americana de DDHH y la Convención Interamericana contra la Corrupción; entre otros documentos suscritos y/o ratificados por el Estado de Chile.

Por Mario Montenegro, Jorge Aros y por todas y todos los que han partido. Por las niñas, niños y adolescentes que en este minuto están siendo abusadas y abusados. Es urgente la respuesta del Estado de Chile, es una cuestión de salud pública, de vida o muerte. Es ahora cuando debemos parar esta pandemia.