Ante el contundente estallido social que vive el país, la derecha no ha tenido más remedio que aceptar la realización en abril próximo de un plebiscito en que a los chilenos se les consultará si quieren una nueva constitución o le dan continuidad a la Carta Magna legada por Pinochet y sacralizada por el gobierno de Ricardo Lagos. Con muy pocas defecciones, los partidos ligados al oficialismo ya han iniciado una campaña electoral destinada a obtener en las urnas un apoyo para la preservación de la actual institucionalidad, oponiéndose a la posibilidad de que sea una asamblea constituyente la que se encargue de redactar un texto constitucional nuevo, o a partir de cero.
Lo más previsible es que los ciudadanos apoyen muy ampliamente la idea de derogar la actual Constitución, pero la derecha espera que con un tercio de los votantes y de los asambleístas que se elijan en septiembre próximo pueda exigir que las normas obtengan al menos dos tercios de apoyo para que puedan ser promulgadas. Una extraña facultad que se le ha concedido a la minoría con los votos de los propios legisladores derechistas , demócrata cristianos, socialistas, del PPD, radicales y hasta algunos miembros del Frente Amplio mareados todos por el protagonismo mediático. Todo lo cual avizora las tensiones que seguirá viviendo nuestro proceso constitucional, con el pueblo francamente enardecido en las calles y radicalizando día a día sus acciones.
La millonaria publicidad que ya implementa la derecha busca que no se aprueba la idea de una nueva Constitución en la promesa de que al texto vigente se le pueden hacer las reformas demandadas por el pueblo sin más dilaciones. Como si ya el país no hubiera esperado por más de treinta años que éstas hubieran sido acogidas durante la larga posdictadura, como si en todos estos años la clase política no le hubiese dado un portazo a las demandas por un nuevo sistema previsional, una auténtica reforma sanitaria y a esa cantidad de aspiraciones que constituyen la agenda social del pueblo. Población que exhibe los más extremos índices de desigualdad en el mundo y al que se le han continuado coartando y reprimiendo sus derechos sindicales, de reunión y asociación, tal como lo hacía la Dictadura Militar.
Lo más probable es que la represión policial que cobra a diario nuevas víctimas en el país tenga la intención de amedrentar a los chilenos en la idea de que se conformen con algunas reformas a la Constitución actual antes de abrirse a la idea de un texto nuevo con toda la incertidumbre que ello implica.
La constatación de las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos acreditadas por varias y prestigiosas entidades internacionales parece no inquietar a La Moneda y a su más que cuestionado gobernante. Las autoridades confían en que el caos callejero y la acción incluso de los vándalos que salen a saquear supermercados y otros (sin que poco nada tengan que ver con la protesta pacífica y masiva) pueda darle el sufragio de los ciudadanos más ignorantes, de los que prefieren siempre cobijarse bajo el orden establecido aunque éste vulnere constantemente sus derechos.
Sin embargo, parece que por primera vez en nuestra historia el pueblo ha tomado conciencia de su situación y de la necesidad de movilizarse. Las protestas ya se han extendido por tres meses y todo dice que desde marzo, después del período estival, las marchas, barricadas, tomas, huelgas y otras acciones van a multiplicarse en todo el país. Al menos así lo prometen las federaciones estudiantiles y las organizaciones vivas de la sociedad civil.
Pese a la criminal represión policial, el país sigue dando un gran ejemplo de coraje y unidad, así haya que lamentar la acción de algunos desquiciados que en realidad se infiltran o son infiltrados en las movilizaciones para obtener imagen para los noticiarios y victimizar a Carabineros. Institución que se ha desmoronado en su prestigio y muchos de sus efectivos ya se encuentran fatigados y desmoralizados.
Además de la falsa promesa de conceder cambios dentro de la actual Carta Magna, las figuras más visibles del oficialismo y de los gremios patronales están impulsando campañas para romper la precaria unidad de los partidos opositores. En la prensa y las redes sociales se apela al histórico carácter democrático de la Democracia Cristiana y de otros partidos para inducirlos a romper con las agrupaciones de izquierda o violentistas, según las motejan. Se los insta a creer en la buena voluntad del gobierno y sus legisladores para emprender reformas económico sociales que hasta hace algunos meses se hacían imposibles, olvidándose que en el pasado la Derecha se opuso a la Reforma Agraria, a la recuperación de nuestras riquezas básicas y a tantas otras iniciativas impulsadas por los gobiernos de Frei Moltalva y del propio Salvador Allende, a cuyos seguidores hoy apelan.
Está fresca en la memoria, felizmente, como después los derechistas terminaron conspirando para asesinar a nuestra democracia, incendiar La Moneda, justificar y sostener una sanguinaria dictadura. Así como después de Pinochet lo que han hecho es alentar las privatizaciones, concentrar la riqueza, hacer más dependiente a nuestra economía y desatender las justas aspiraciones de nuestros pueblos autóctonos. En el goce, por supuesto, de su impunidad.
Tendrían que ser demasiado ingenuos los dirigentes demócrata cristianos y de otras colectividades políticas para atender los “cantos de sirena” de quienes hoy están a punto de ser derrotados y se afirman a un gobierno que no cuenta con más de un 10 por ciento de apoyo popular. Pero ya sabemos que hoy no existen partidos ideológicamente monolíticos y que la corrupción hace presa fácil del conjunto de los políticos que también quieren seguir aferrados al poder, como a sus prebendas.
Un Piñera completamente desacreditado, una casta política y empresarial que teme por sus lucrativos negocios, no apuesta todavía a iniciar una nueva conspiración que los lleve a conservar el poder y sus privilegios de manos de los militares. De alguna manera, se sabe que las Fuerzas Armadas no están en la misma actitud de 1973, después de pagar los costos por sus crímenes y comprender que sus efectivos son parte del mismo pueblo que sufre tantas carencias. Es difícil que surja un líder castrense después de los bochornosos episodios de corrupción que han envuelto a los altos mandos de todas sus instituciones, pero no hay que desatender esta posibilidad a la que tantas veces han recurrido los golpes y conatos de rebelión militar en nuestra historia.
Sin embargo, de lo que sí estamos seguros es del intento de algunos dirigentes de derecha por estrechar relaciones con el gobierno de Donald Trump y otros referentes mundiales que pudieran alentar, como lo hacen en otras naciones hermanas, movimientos subversivos y de protección de sus enormes inversiones en todo nuestro continente. Porque ya sabemos que no es la democracia lo que le interesa a la Casa Blanca y a sus incursiones militares en toda la Tierra, cuando siempre después de éstas instalan a los más tenebrosos gobernantes.
