A pesar de las recientes pérdidas de conquistas históricas de la clase obrera (con las reformas de legislación laboral y de seguridad social), ésta no ha esbozado en los últimos tiempos una reacción proporcional al ataque desplegado por el gobierno tras el golpe de 2016.

El movimiento de huelga de los petroleros, uno de los sindicatos más fuertes y organizados del país, comenzó el primero de este mes. La motivación fue el incumplimiento de las cláusulas del Convenio Colectivo firmado por los empleadores y los sindicatos a finales del año pasado.

En una de las cláusulas se acordó que la empresa no podía llevar a cabo despidos colectivos o múltiples sin previa discusión con los sindicatos.  Este año se anunció el cierre de una planta de fertilizantes, ANSA S.A., en el estado de Paraná, un activo que pertenece a Petrobras.  El motivo alegado por la empresa es el daño que la planta ha registrado, porque una de las materias primas utilizadas para fabricar amoníaco y urea vale ahora más en el mercado internacional que el producto final de la planta. El gobierno actual ofrece un incentivo a un gigante ruso del negocio de los fertilizantes, “Acron”, para que instale fábricas en el territorio nacional.  Petrobras ya había trazado su estrategia para reducir su cartera y está centrando su negocio en la exploración de petróleo. La cuestión no es que Petrobras no pueda vender activos que están fuera de su estrategia comercial, como lo permite la legislación, sino que se acordó que no habría despidos colectivos sin discutirlo con los sindicatos.

Así que para los sindicatos es crucial cumplir con el convenio colectivo.  La pasividad ante el incumplimiento puede sentar precedentes que pueden perjudicar a toda el gremio.

Hasta ahora hemos totalizado 113 unidades en huelga, en 13 estados del país, con más de 20 000 petroleros movilizados.

Hay 53 plataformas, 23 terminales, 11 refinerías y otras 23 unidades operacionales y 3 bases administrativas en huelga, en todo el Sistema Petrobras, según la Federación Única de los Petroleros (FUP).

Todas las unidades siguen operando con equipos de contingencia solamente. Y hasta ahora no hay impactos en la producción.

Un equipo de sindicalistas ocupa desde el primer día de febrero la Sala de Negociaciones de la sede de Petrobras en el centro de Río de Janeiro.  La empresa aún no ha establecido un diálogo con los sindicatos, y está tratando directamente con la justicia del trabajo, que la declaró como «huelga ilegal».

El día 17 será el juicio.  Con el actual gobierno, la tendencia es que se decrete la ilegalidad, lo que impondrá una multa millonaria a los sindicatos, que de hecho ya tiene su cuenta bloqueada por los tribunales.

En el mismo contexto, otras empresas estatales están en huelga por la inminente privatización y los despidos colectivos: la “Casa de la Moneda” (la empresa estatal más antigua de Brasil, responsable de hacer dinero, pasaportes, diplomas, etc.), “Dataprev” y “Serpro”, responsable de la base de datos completa de la vida de todos los brasileños. Estos últimos pudieron revertir momentáneamente las renuncias colectivas.

La situación es crítica, no hay perspectivas de victoria de conquistas laborales, sin embargo, el deber histórico de la clase obrera, si se levanta contra la opresión, es más fuerte y no depende de sus posibilidades de éxito.

Todavía hay mucha agua para correr bajo el puente.

Traducción del portugués por Erika Rodriguez