Una de las primeras medidas tomadas por el nuevo Gobierno español ha sido la declaración de Emergencia Climática y Ambiental en el país, por tres razones: «justicia climática, futuro y responsabilidad» y han prometido ponerla en marcha en los primeros 100 días de gobierno. Algo que ha alegrado a los activistas ambientalistas pero sobre la que han querido llamar la atención colectivos como Ecologistas en Acción.

 

  • El Consejo de Ministras y Ministros de España aprueba la declaración de Emergencia Climática. Anuncia una serie de medidas para los próximos 100 días, muchas de ellas pendientes desde la legislatura anterior. 
  • Para Ecologistas en Acción reconocer la crisis climática supone un paso adelante, pero es necesario alcanzar medidas suficientemente ambiciosas para pasar de las palabras a los hechos e intentar mantener el incremento de la temperatura global en 1,5 ºC.
  • Seguir manteniendo el actual compromiso de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) en 2030, frente a la reducción del 55 % de GEI respecto a los niveles de 1990 propuesta en el Parlamento Europeo, supone una posición insuficiente a nivel científico, más aún en un territorio como el del Estado español, especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático. 

El nuevo gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos aprueba en el Consejo de Ministras y Ministros una declaración de emergencia climática, en la línea de lo sucedido en otras instituciones como el Parlamento y la Comisión Europea o en numerosos municipios y comunidades del Estado español. Una declaración por ahora más simbólica que real, pero que viene a reconocer el momento de emergencia social y ambiental actual, el escaso tiempo de actuación restante y las enormes consecuencias que tendrán que afrontarse como consecuencia de la continua quema de combustibles fósiles.

Estas consecuencias ya se están sufriendo, tal y como manifestó la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que cifra los efectos del cambio climático en la prolongación de cinco semanas del periodo de verano, la duplicación de las noches tropicales y la reducción de los recursos hídricos disponibles. La constatación de una metereología cada vez más extrema está suponiendo numerosos problemas y pérdidas para una gran cantidad de municipios.

El Consejo de Ministras y Ministros anuncia en esta declaración institucional la adopción de una serie de medidas durante los 100 primeros días de gobierno. Muchas de ellas, que deberían tener efectos positivos en la lucha climática, no corresponden a trabajos nuevos sino a la finalización de importantes piezas legislativas que quedaron pendientes de aprobación en la pasada legislatura. Entre ellas, la estrategia a largo plazo, el marco para la transición justa, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética o la finalización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) eran compromisos adquiridos ante Unión Europea o Naciones Unidas. Unos compromisos a los que se llega tarde. El propio reglamento de gobernanza europeo obligaba a los países a presentar no más tarde de 31 de diciembre de 2019 el texto definitivo. Tampoco se ha realizado aún la evaluación ambiental estratégica de esta importante pieza climática.

El anuncio de la creación de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático, emulando el modelo desarrollado en Francia, puede ser una de las vías de articulación de esta participación, aunque aún no se dispone de información concreta de las competencias de esta asamblea, ni se conoce si sus decisiones serán vinculantes.

La ministra Teresa Ribera señala la necesidad de abordar esta emergencia climática por tres razones que Ecologistas en Acción comparte: justicia climática, futuro y responsabilidad. Sin embargo persiste una enorme brecha entre lo que se debe hacer según la ciencia y los compromisos propuestos, como Ecologistas en Acción puso de manifiesto ante el primer borrador del PNIEC. Una realidad global resultado de que en territorios como el español las propuestas políticas presentadas hasta el momento se quedan lejos de las reducciones necesarias y repiten varios errores que impedirán limitar el aumento de la temperatura global muy por debajo de 2 ºC.

Por otro lado, la declaración de emergencia choca en ocasiones con la falta de medidas a nivel nacional, que deja a las entidades regionales y locales la responsabilidad de la reducción de las emisiones. Esto es problemático ya que, como se ha comprobado en ayuntamientos como el de Madrid, muchas veces se camina en la dirección opuesta. Asimismo apuestas como la continua masificación del turismo, en la que la ausencia de regulación de los cruceros y los pisos turísticos o el incremento de las infraestructuras altamente impactantes son motor de un crecimiento insostenible con graves consecuencias, una reflexión necesaria en las fechas en las que se está celebrando FITUR.

El reconocimiento de la crisis ecológica es un paso de concienciación y de responsabilidad importante, y Ecologistas en Acción le da la bienvenida. Pero tiene que cristalizar en cambios en el sistema productivo para frenar suficientemente el cambio climático. En este sentido, la organización ecologista remarca que una transformación del sistema no es una reformulación del mismo esquema productivista que ha llevado hasta la ruptura de los límites planetarios. La reducción del consumo es una realidad física ineludible. Cuanto más se tarde en dar una respuesta viable, mayores serán los problemas a afrontar durante los próximos años.