Brasil de Fato

Daniel Pascual es acusado de difamación, calumnia e injuria por Ricardo Méndez Ruiz, representante de la derecha guatemalteca

El proceso judicial contra Daniel Pascual, líder indígena guatemalteco y defensor de los derechos humanos, comenzó el martes 14 de enero. Reconocido internacionalmente por su trabajo en el Comité de Unidad Campesina (CUC), es acusado de difamación, calumnia e injuria por Ricardo Rafael Méndez Ruiz, hijo del general retirado Ricardo Méndez Ruiz Rohrmoser, ministro del dictador Efraín Ríos Montt, considerado uno de los soldados más sanguinarios de América Latina y que gobernó el país entre 1982 y 1983.

Los movimientos sociales y las organizaciones populares de Guatemala afirman que el proceso está lleno de irregularidades y se materializa en un caso evidente de persecución política y racismo. En respuesta al inicio del juicio, activistas de varias regiones del país protestaron frente al Juzgado Duodécimo de Sentencia Penal de Guatemala, mientras que la audiencia del caso ocurrió a puerta cerrada.

Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, presentó una queja formal contra Pascual en junio de 2013. Las acusaciones están vinculadas a declaraciones realizadas por el líder indígena en una conferencia de prensa después de haber sido blanco de un intento de asesinato en San Juan Sacatepéquez, en medio de los conflictos por la construcción de una fábrica de cemento en el municipio.

En esa ocasión, Pascual detalló el ataque que sufrió así como las amenazas de muerte frecuentemente recibidas, tendencia que se repite contra otros líderes indígenas que también se resisten a los proyectos de extractivismo en varias zonas del país.

Durante la rueda de prensa, también declaró que la campaña de persecución en su contra incluyó ataques de los medios, como la participación de columnistas y organizaciones dudosas como la Fundación Contra el Terrorismo. Según Pascual, la institución de Ruiz, a la que describe como «pseudoclandestina», comparte información falsa sobre él y otros defensores de los derechos humanos.

En respuesta, el representante de la derecha guatemalteca presentó una demanda penal basada principalmente en un video editado que descontextualiza completamente las declaraciones del líder indígena.

La justicia, por su parte, no comparó la grabación modificada con las grabaciones originales, configurando la primera ilegalidad del caso, según lo que alega la defensa de Pascual.

Para los abogados y miembros del Comité de Unidad Campesina, al aceptar el caso, el juez a cargo del mismo violó la Ley Constitucional de libertad de expresión.

La norma destaca que, en caso de denuncia, el caso puede ser juzgado en el Tribunal de Imprenta y no en el Tribunal Penal, argumento rechazado por la justicia para anular el proceso.

En 2016, el equipo de defensa de Pascual presentó un recurso de casación ante el Tribunal Constitucional y, el 7 de junio, el organismo suspendió temporalmente el proceso penal, reactivándose en 2019.

El caso ha ganado notoriedad en toda la prensa alternativa latinoamericana. Es posible seguir el resultado de la primera audiencia, que debería tener lugar al final de este martes 14 de enero, vía twitter de Alba TV.

*Basado en la información de People’s Dispatch.


Traducción del portugués por Erika Rodríguez

El artículo original se puede leer aquí