Por Antonio Martins / Traducción de Pressenza
Comienza en Estados Unidos un juicio capaz de arrojar nuevas luces sobre la ola de ataques a los derechos civiles que se extiende por el mundo.
Brasil, Filipinas, India, Italia, Turquía. En los últimos años, se extendieron por todo el mundo los gobernantes que abogan abiertamente por limitar las libertades democráticas, y tolerar o estimular los abusos de los derechos civiles. ¿Por qué tantos, al mismo tiempo? ¿Hay algo común en esa tendencia? ¿Es posible encontrar la raíz en que surge la epidemia de regímenes, gobernantes y políticos de ultraderecha?
Un juicio que comienza hoy (22/1) en el tribunal militar de la base norteamericana de Guantánamo, puede ayudar a encontrar uno de los hilos de la madeja. El psicólogo James Mitchell, que ayudó a concebir en 2003 los métodos de tortura empleados por los Estados Unidos bajo el pretexto de la «guerra contra el terrorismo», podría convertirse en el primer agente norteamericano en testificar sobre esos actos. Dará testimonio convocado por los abogados de una de sus víctimas: Khalid Shaik Mohammed, a quien ahogó 183 veces en una prisión secreta mantenida por la CIA en algún lugar del mundo aún desconocido. La historia se relata, en tonos muy suavizados, en artículo de la periodista Carol Rosemberg, que el New York Times publicó ayer.
La defensa de Mohammed quiere anular su «confesión» y la de algunos coacusados, que afirmaron ser parte de las conexiones de la red de Al-Qaeda. Recuerda que testificaron –comprobadamente–después de haber sido sometidos, además de al ahogamiento, a violencias como privación del sueño, manipulación de la dieta y el «abuso rectal». Pero el programa desarrollado por Mitchell, dice el New York Times, iba mucho más allá. Incluía confinamiento en aislamiento, con los prisioneros desnudos, a veces comprimidos en cajas que sólo les permitían permanecer en posición fetal, o colgados de los puños en una situación de intenso dolor. Ante estos hechos, los abogados de los torturados demandan la anulación de sus testimonios.
Sin embargo, contrariamente a lo que se podría esperar, los hombres que desarrollaron el programa de tortura norteamericano no están siendo juzgados. Su testimonio sólo servirá para que el tribunal militar de Guantánamo decida sobre la posible condena a muerte de Mohammed y sus coacusados. Los torturadores permanecen libres, protegidos y… enriquecidos. Entre 2003 y 2007, Mitchell y un colega suyo, John Bruce Jessen, actuaron en Guantánamo como «consultores» de interrogatorio. Pero ya en 2005, actuaron por sí. Experimentados y bien conectados, crearon una empresa a la que la CIA encargó el entrenamiento de todos los guardias y el 80% de los «interrogadores» que actuaban en sus centros de detención clandestinos en todo el mundo.
Esta ola institucionalizada de ataques a las libertades civiles fue desencadenada por la Patriot Act, firmada por el entonces presidente George Bush unas semanas después del 11 de septiembre (el 26/10/2001). La idea de restringir la democracia en nombre de la «seguridad» se extendió por todo el mundo. Y todavía persiste. Los procesos, informa el New York Times, se ocultan a la sociedad norteamericana y global con métodos que sólo pueden llamarse kafkianos. Aún no se sabe qué parte del juicio que comienza mañana se hará público. La CIA todavía no ha revelado lo que pasó en su red de prisiones secretas, ni siquiera dónde están ubicadas. Los fiscales a cargo de estos y otros casos similares invocan la legislación posterior al 11 de septiembre, para evitar que tanto el público como los propios abogados defensores tengan acceso a gran parte de la información registrada. E incluso los jueces se ven impedidos por esas mismas leyes de conocer algunas de las circunstancias que involucran a los acusados.
Hay oposición en los Estados Unidos a este procedimiento. El Dr. Ladin, abogado de la Unión Norteamericana por las Libertades Civiles (ACLU) comparó con una farsa, el testimonio que preparó el torturador Mitchell. “Sobrevivientes de la tortura» –dijo–, «serán testigos de los hombres que los torturaron, en un juicio que decidirá si los acusados serán condenados a muerte, en parte por el testimonio de las mismas personas que los torturaron».
Pero si los torturadores no han sido molestados, si las leyes que los protegen siguen en vigor, y si el aparato que sostuvo la tortura permanece intacto, resulta un poco más fácil comprender el ambiente de degradación de la democracia que da lugar a los Bolsonaro, los Duterte, los Salvini …y los Trump.
