Por Claudia Aranda

“No se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos”.

(De las últimas palabras del Presidente Constitucional de Chile, Salvador Allende, Palacio de la Moneda, 11 de septiembre de 1973)

Lo primero que hay que decir es que el equipo completo de Pressenza, Redacción Chile, apoya irrestrictamente a los estudiantes secundarios que hoy son objeto de persecución política y víctimas de la criminalización por parte del gobierno de Chile, que no sólo intenta castigarlos por ser voceros de una organización estudiantil nacional movilizada, negándoles el derecho a acceder a la educación superior, sino que además les promete las penas del infierno anunciando querellas en su contra en base a la Ley de Seguridad de Estado, cuerpo legal excepcional de la cual Augusto Pinochet hizo uso y abuso en la persecución de la resistencia a la dictadura, y que en “democracia” tuvo algunos ajustes sin ser derogada, bajo la excusa de que supuestamente en la generalidad era necesaria frente a eventuales amenazas a seguridad integral de la Nación, externas o internas, como bien lo pudiese ser una guerra con algún país vecino, o actos de terrorismo propiamente tal, o un nuevo levantamiento de las fuerzas armadas en contra del Estado de derecho.

Así es, y no es la primera vez que el gobierno de Sebastián Piñera intenta aplicar esta normativa de excepción, que contiene penas altísimas de cárcel efectiva de máxima seguridad y contempla procesos judiciales acelerados, a niños y jóvenes que llevan por largo tiempo luchando por cambios estructurales que garanticen el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad en el marco de generar un nuevo sistema educacional que termine con las profundas desigualdades y precariedades de lo que para ellos es un principio y pilar de la Nación, y para el Poder no ha sido otra cosa que un negocio y una fábrica de obreros, técnicos y consumidores funcionales, mansos, obedientes y no deliberantes en la estructura de un país neoliberal a ultranza, en donde para la ley, como de facto, más valor posee la propiedad privada que la vida humana.

Así es, nos sumamos al enorme apoyo que la ciudadanía les ha expresado durante las últimas horas luego del anuncio de sanciones y amenazas de persecución penal, en la lógica de la criminalización de la protesta y de la movilización ciudadana tras el estallido social agudizado en el país desde el 18 de octubre pasado y cuyos acontecimientos han dado la vuelta al mundo, teniendo hoy un gobierno contra la pared dando palos de ciego y tratando por todos los medios de tergiversar y manipular la naturaleza de los hechos.

Ese 18 de octubre la gota rebalsó el vaso, explotó una olla a presión, o como se dice acá, “nos sacaron los choros del canasto”, y Chile terminó de despertar y está muy lejos de volver a dormirse. Ese 18 de octubre los estudiantes secundarios llevaban varios días saltando los torniquetes del metro de Santiago, evadiendo el pago en protesta por el alza del pasaje, la enésima alza de tarifas de servicios básicos para la vida cotidiana en un país en el que el grueso de la población está utilizando las tarjetas de crédito, ya sea de bancos o casas comerciales y supermercados, para comprar zanahorias para comer, tal como precisó la escritora Isabel Allende.

Porque en Chile el endeudamiento familiar es de tal magnitud, que la gente vive y trabaja sobre endeudada para pagar cuotas de créditos y préstamos, y si a la clase media le quitas las tarjetas, casi todo el país es pobre. Realmente pobre. Y cuando digo pobre, me refiero a que el sueldo de casi nadie alcanza para costear todos los gastos normales y necesidades básicas de la vida diaria. El “oasis” del cual presumía Piñera poco antes del estallido social siempre fue un bluf y la realidad insostenible obviamente iba a terminar alterando el orden público en el momento en que el pueblo en su conjunto dijera basta. Ni hablar de que esos estudiantes algún jubilado tienen en la familia y saben de primera mano que no hay jubilado en Chile capaz de cubrir por sí solo con la sola pensión, todas las necesidades básicas que requiere un ser humano de la tercera edad.

Entonces, saltaron los torniquetes y justo luego de que un gerente del Metro menospreciaba por la televisión abierta el movimiento “Evadir, no pagar, otra forma de luchar”, diciendo que “esto no prendió” para conminarlos a deponer la iniciativa, y mientras del gobierno volvían a tildarlos de “delincuentes”, ese viernes se les unió una increíble masa heterogénea de santiaguinos que frente al cierre de las estaciones del Metro, se sumaron a los estudiantes y tumbaron todos juntos las puertas de los recintos, comenzando la revuelta social más grande que se recuerde desde el fin de la dictadura y que ha seguido la lógica de un proceso revolucionario clásico.

Y, como siempre, la derecha en el Poder se enfocó en el orden público y no en el proceso social y sus demandas.

En este proceso, azotado por violaciones sistemáticas a los derechos humanos que bien pueden encuadrarse en el marco de terrorismo de Estado, en la movilización social en la que confluyeron más de un centenar de cuanta organización social existe y que en su amplia mayoría se han agrupado en el conglomerado Unidad Social, los estudiantes secundarios por su parte agrupados en la ACES (Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios), decidieron movilizarse para una vez más protestar en contra de la PSU (Prueba de Selección Universitaria), que deben rendir cada año los alumnos de último grado para postular a la educación superior.

Han sido generaciones de estudiantes secundarios que por años han protestado en contra de este sistema de selección, el cual parte desde la base seleccionando alumnos que provienen de una profunda desigualdad educativa, toda vez que desde las reformas de la dictadura de Pinochet se desmanteló la educación pública escolar dependiente del Estado y pasó a depender de municipios y corporaciones, es decir, si el grueso de los municipios en Chile poseen escasos recursos, su estándar educativo es precario, mientras que los pocos municipios pudientes poseen mejores posibilidades. Ni hablar de la educación pagada particular, que por lejos privilegia a los hijos de la elite, salvo honrosas excepciones en uno y otro caso respectivamente.

Algunos avances se han hecho gracias a años de movilizaciones estudiantiles y a organismos privados e instancias de discusión académica al respecto, pero son claramente insuficientes a niveles tan brutales que nadie, con un mínimo de conocimiento de causa y capacidad de análisis, podría no entender que este factor, la educación pública que en rigor no es del todo pública, es uno de los factores que sustentan las profundas desigualdades que padece el país y que por sus consecuencias, tienen al pueblo movilizado en las calles hace más de 80 días.

Y los chicos y chicas se movilizaron. Era ahora o ahora. Y era ahora con toda la fuerza posible. Del torniquete del metro cuando partió la revolución de octubre, a las calles, y de las calles, esta vez directo a sabotear la rendición de la PSU. Se tomaron liceos (colegios y universidades en donde se rendirían las pruebas), cortaron calles, irrumpieron en los establecimientos, quemaron facsímiles bajo el lema No+PSU. Por generaciones, ya habían realizado años de años de marchas pacíficas multicolores con todo y batucadas y nada. Nada de nada. Todo seguía igual y sintieron que ahora era cuando. Ahora, en plena revolución social que ellos mismos detonaron, haciendo poesía del rol histórico que en estas lides han ejercido los estudiantes del mundo.

Se tuvieron que suspender pruebas en varias regiones del país y en diversos establecimientos de otras zonas y en particular en Santiago, la capital. Como filtraron la prueba de Historia, esta se suspendió por completo y no se rendirá este año. La autoridad ha anunciado la posibilidad de recalendarizar las rendiciones del examen para quienes por la protesta quedaron sin hacerlo, en recintos militares.

La movilización enfrentó a quienes querían darla con quienes vieron más allá, un fin último más crucial y valedero que postergar un año de vida sin estudios en beneficio de la educación pública chilena, evaluando que el contexto del estallido social del cual como estudiantes fueron la chispa que detonó todo, daba para ganar el punto y generar un quiebre tan profundo que esta vez sí serían escuchados y por tanto sería un golpe definitivo para hacer caer la torre de naipes que es la educación en Chile, obligando por fin a replantearse no sólo el sistema de ingreso a la educación superior, sino el sistema educacional en sí mismo y la educación como principio y pilar fundamental de la Nación, especialmente cuando los aires predicen que el país más temprano que tarde se sacudirá de encima la Constitución heredada de la dictadura y tendrá una nueva carta magna.

Era de esperar que un gobierno que los ha criminalizado durante dos años completos haciendo oídos sordos a las demandas, y que ha menospreciado y reprimido a cuanto movimiento social ha protestado en Chile en el marco del estallido social, y que tiene hoy repletas las cárceles con prisioneros políticos, en su mayoría simples ciudadanos que salieron a las calles a gritar por fin por dignidad, hoy busque las sanciones penales más duras que la ley contempla para ahogar y castigar a los jóvenes dirigentes y sus demandas.

Uno de estos dirigentes es Víctor Chanfreau, nieto de un detenido desaparecido de la dictadura y de su esposa torturada brutalente, con 18 años recién cumplidos y quien frente a las sanciones y amenazas ha declarado que “este Gobierno violento no quiere escuchar al pueblo», y que “no les tenemos miedo y vamos a seguir organizándonos”, cuestionando, junto a la otra dirigente perseguida y amenazada, la estudiante Ayelén Salgado, la forma de actuar del gobierno, asegurando que “esto responde a la persecución política histórica hacia los secundarios”.

Y si bien frente al sabotaje de la PSU la opinión pública tuvo opiniones divididas respecto de la pertinencia y oportunidad del acto, nada más anunciadas las persecuciones y amenazas por parte de la autoridad política, la respuesta en contra de estas y de la criminalización de los estudiantes no se hizo esperar. De todos los sectores de oposición se ha considerado una aberración el actuar del gobierno y no paran de sumarse firmas a una carta que está corriendo por toda la ciudadanía y en la que se destaca un apoyo variopinto, desde la intelectualidad chilena, gremios, colegio de profesores, periodistas, artistas, políticos, jubilados, madres y padres, etc. Una misiva transversal que apela al sentido común y el criterio y que deja de manifiesto el estupor que como sociedad hemos sentido frente a la brutalidad y el matonaje indescriptible del gobierno.

La declaración reza así:

CARTA DE SOLIDARIDAD Y APOYO A DIRIGENTES DE SECUNDARIOS

Los abajo firmantes declaramos:

Luego del boicot a la Prueba de Selección Universitaria (PSU) liderado por un conjunto de secundarios, entre ellos, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) y los efectos que tuvo esta movilización estudiantil sobre este proceso de ingreso a las universidades chilenas, el gobierno a través del Presidente Sebastián Piñera anunció la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado contra los voceros de las ACES, Ayelén Salgado y Víctor Chanfreau, acusándolos de instigadores de la campaña contra la PSU. Una medida judicial que lejos de apuntar hacia soluciones de fondo para cambiar el sistema de acceso a la educación superior, lo que hace es criminalizar por decreto la protesta social, perseguir a los liderazgos sociales y alentar desde el Estado castigos a quienes se alcen contra el modelo imperante en el país.

La actual movilización de los secundarios contra la PSU, al igual que en octubre de 2019 con el llamado a la evasión en el Metro, apuntó a terminar con uno de los pilares que sostiene la desigualdad en Chile, como lo es la educación en todas sus etapas y en especial en la superior. La PSU es el instrumento que mejor refleja que el poder del dinero garantiza acceso a las mejores universidades a los más ricos y a la elite, mientras posterga a la gran mayoría de los jóvenes que no recibió una educación de calidad en su etapa de formación a estudiar donde el sistema y puntaje se los permita a costa incluso de un alto endeudamiento familiar. No se trata entonces, como lo han querido instalar algunos, de una disputa que pone a estudiantes contra estudiantes, sino, de una lucha contra un sistema de acceso educativo funcional al modelo económico, que perpetúa la desigualdad incluso en los futuros profesionales.

La movilización secundaria es parte del estallido social que vive el país. No es una expresión ajena a las demandas de la sociedad chilena ni en su fondo ni en la forma que se ha levantado con masivas manifestaciones, huelgas y paros para exigir cambios profundos en las pensiones, en la salud, en las luchas feministas y por la igualdad de género, en la vivienda, en el medioambiente y en la educación. Los estudiantes exigen cambios profundos al sistema de acceso a la educación superior, pero también han sido opositores a la educación de mercado que concibe como un negocio el derecho a educarse. A la vez, los secundarios han sido la primera línea en la defensa de la educación pública que hoy yace moribunda y que es la expresión más nítida del fracaso rotundo de las políticas educacionales de los últimos 30 años.

Los secundarios conocen como nadie las políticas represivas, entre ellas, Aula Segura y no se sorprenderán ante las acciones que ahora emprenda el Estado contra los voceros de las ACES y otros estudiantes. Ellos iniciaron el estallido social que cambió el escenario político y han pagado con muertos, torturados, heridos y mutilados el derecho a rebelarse contra un país injusto y desigual. Es el momento que exista una solidaridad activa de la sociedad para frenar todo tipo de represión contra los jóvenes movilizados y a su vez, impida una “pasada de cuentas” a los dirigentes estudiantiles desde quienes se aferran a un modelo que los chilenos queremos cambiar en todas sus expresiones. Chile Despertó.

Todos somos Ayelén Salgado. Todos somos Víctor Chanfreau.

Todos somos secundarios. Nunca los dejaremos solos.

No a la criminalización de la protesta social

Santiago, 8 de enero de 2020

Criminalización: Los acaban de tratar como “el brote de cáncer de la sociedad”.

“Son un cáncer”. Así les han dicho. Los odian. No sólo llevan años cuestionando el sistema educativo completo, sino que el sistema neoliberal que sustenta a la educación chilena como un negocio. Y como broche de oro, pusieron en jaque al gobierno y a la clase política en su conjunto y a los ejes del Poder, siendo la chispa que terminó por detonar el estallido social que hoy tiene a Chile en un proceso revolucionario clásico, estadio, tras estadio, a modo de la revolución francesa. Y esto va para largo.

El Poder los odia. Odian a los estudiantes. Y cuando digo los odian, es porque ese es exactamente el sentir que los he visto expresar hacia ellos de parte de los encargados del orden público de Santiago. Y ese odio, extendido hacia los niños y jóvenes movilizados en todo Chile es fácilmente palpable en las palabras, el tono, el rostro y en las decisiones que ha tomado la actual Ministra de Educación del gobierno de Sebastián Piñera, Marcela Cubillos, antaño férrea defensora del dictador Augusto Pinochet, como también su predecesor, Gerardo Varela, quien entre sus declaraciones más recordadas calificó como «poco atractiva» a una marcha estudiantil para desvirtuarla, y en otra llamó a hacer «bingos» en los colegios para mejorar la infraestructura.

Por su parte Cubillos, de las 15 sesiones celebradas por el Consejo de Rectores de las Universidades de Chile desde su llegada al Ministerio de Educación, la secretaria de Estado se excusó de asistir a 14 y en la primera sólo estuvo 10 minutos, donde comprometió su apoyo a la instancia y nunca más volvió a ir, incluyendo el encuentro de noviembre pasado donde se abordó el tema de la PSU.

Los estudiantes secundarios llevan movilizados prácticamente el gobierno completo de Piñera y a la par de la nula recepción a sus demandas e inquietudes, fueron creciendo y agudizándose las formas de lucha. Para cada marcha iban pidiendo autorización en las intendencias respectivas, dependientes del ministerio del Interior, y tras cada marcha, se hacía evidente el menosprecio al movimiento y se agudizaba de igual forma la represión a las movilizaciones. “¡Son delincuentes! (…) Digamos que son delincuentes (…) Cabros de mierda (…) Querellas, hay que presentar querellas (…) ¡Los quiero presos!”. Observé ese odio brutal muy de cerca en la Intendencia metropolitana. Eso, además de una falta absoluta de entendimiento y comprensión de lo que significa una masiva movilización social de estudiantes secundarios en su gran mayoría jóvenes menores de edad e incluso niños.

En realidad, la precariedad formativa e intelectual de quienes detentan el poder en dicha instancia, sumada a una débil noción de moralidad, redundó en el descriterio de tildar de “delincuente” a todo estudiante movilizado en Chile cuando en el marco de las presiones estudiantiles, los menores de edad infringen alguna normativa, como tomarse los colegios y liceos y cortar calles para hacer presión, lo que redundó con el tiempo mayor represión aún y en la consecuente organización de autodefensa para resguardar lo más posible la integridad de ellos mismos, excusa perfecta que la autoridad enarboló para tratar como criminales a niños y jóvenes aún en formación. En suma, el menosprecio y la nula confianza hacia la autoridad fue cosecha de la misma autoridad represiva.

En Chile, como en tantas partes del mundo, pasar un disco “pare” de tránsito infringe una ley, pero no por ello se estigmatiza a una persona adulta como delincuente, asimilándolo a un narcotraficante o a un terrorista. Tampoco la autoridad comprende que una barricada, una fogata levantada en una vía pública por un grupo de estudiantes, ya sea para lograr visualizar la protesta y llamar la atención de la autoridad que no los escucha, la prensa que los invisibiliza, y la opinión pública desinformada, o bien a modo de autodefensa para evitar ser alcanzados por la fuerza pública militarizada de Chile, la policía, que no discrimina entre disparar o golpear brutalmente a un niño o a un asaltante de bancos, no es lo mismo que un grupo terrorista tratando de tumbar el poder por las armas.

Descriterio, porque no se tiene la estatura moral suficiente ni la capacidad de comprender un proceso social con un mínimo aceptable de altura de miras, porque no hay evaluación ni de contexto ni de proporcionalidad. Descriterio, porque en el marco de un sistema neoliberal brutal que hoy está en jaque, las personas (no importa si son adultos o niños o jóvenes o ancianos), son números, son consumidores, son clientes, son eventuales votantes, son “stock”, como dijo alguna vez una alta personera de gobierno respecto de niños altamente vulnerables al “amparo” de una entidad pública como lo es el Servicio Nacional de Menores (SENAME), en donde los derechos de niño y su integridad física y psicológica han sido brutalmente vulnerados y el maltrato sí raya en lo criminal.

Descriterio, porque no ha habido ni la más mínima autocrítica acerca del modelo económico y social que ha llevado a los estudiantes de Chile, especialmente a los más jóvenes, en su gran mayoría menores de edad, a levantarse y levantar a todo un pueblo para detener los abusos y las injusticias, cuestionarlo todo y exigir cambios estructurales en el país más desigual del mundo en distribución de la riqueza, y en donde la “ley” siempre termina sancionando al más pobre y con mayor rigor defiende la propiedad privada que las garantías y dignidad de la vida humana.

Descriterio y una profunda ignorancia, porque eso es lo que abunda: esta gente que hoy detenta el poder político en Chile rara vez ha abierto un libro de historia analítica. No diferencian el “descontento social” de un claro proceso de “cambio social”, ni menos son capaces de identificar y comprender un punto de inflexión profundo tantas veces ocurrido en cuanta historia existe, que apunta a un cambio de paradigmas siempre en el contexto de una crisis, y que normalmente tiene en los más jóvenes los más agudos cuestionamientos y sin duda el fresco motor de lucha, cándido e idealista que naturalmente lo empuja.

La derecha chilena no es capaz de reparar en que un proceso social es eso, un proceso, que parte estallando por unos cuantos y que va sumando almas progresivamente y que en la participación masiva nunca están todos en la calle, entonces argumentan que los unos obligan a los otros a someterse a las consecuencias que arroja la protesta en todas sus aristas.

El movimiento estudiantil de Eslovenia terminó derrocando a un gobierno que osó tan sólo plantear que la excelente y gratuita educación superior pública de ese país debía comenzar a ser costeada por los estudiantes en alguna medida. La agrupación que lideró el movimiento no tenía más de 50 miembros y el grueso del pueblo los apoyó en las encuestas sin necesidad de que todos salieran a las calles junto a los estudiantes.

Seguramente hubo, como en todo, disidencia gremial, pero ningún gobernante competente en su sano juicio habría cuestionado la movilización por esos pocos, o esos muchos. Nadie los contó. Lo central fue que había un masivo movimiento estudiantil que plantó cara al Poder con argumentos que exigían ser evaluados y que dichos argumentos cuestionaban de llano y de fondo los pilares de la Nación, porque en un país consciente, la educación es el pilar fundamental de una Nación, o debiera serlo. Esto es lo que no son capaces de observar ni menos evaluar quienes detentan hoy el Poder en Chile, en donde el factor cuantitativo, bastante cuestionable por lo demás, es lo único que sopesan: cuántos, jamás quiénes, ni qué, y ni por lejos el por qué.

Estudiantes: visión de Estado. Gobierno: un asunto de mercado.

Educación libre, gratuita y de calidad. Los estudiantes de Chile llevan años torciendo la mano a sucesivos gobiernos para poner en agenda estos principios y que se traduzcan no sólo en políticas públicas, sino en un replanteamiento completo del sistema educativo heredado de la dictadura de Augusto Pinochet, en donde la educación sea un derecho y ostente un pilar fundamental del Estado y de su preocupación.

“La educación es un bien de consumo”, dijo Sebastián Piñera en su primer mandato, y precisó que se requiere “mayor interconexión entre el mundo de la educación y el mundo de la empresa, porque la educación cumple un doble propósito”, es decir, el de hacer negocios. Ese mismo año, el 2011, los estudiantes de Chile colmaron las calles del país por meses, levantando la pancarta de “no al lucro” en la educación superior. Tan sólo cinco años antes, la llamada “revolución pingüina” (estudiantes secundarios), ya planteaba las demandas por una educación de calidad y verdaderamente gratuita, dependiente directamente del Estado y no de los municipios en donde la desigualdad entre los recursos económicos de un barrio pobre y un barrio pudiente es tan brutal que a fin de cuentas sentencia de por vida las posibilidades de una niña o niño chileno.

Bolitas de dulce, challa, pirotecnia, mesas de trabajo, invitaciones a deponer las movilizaciones y sentarse a conversar. Bla, bla, bla. De todo hizo la autoridad para frenar el alzamiento y recuperar el “orden público” que tanto obsesiona al poder político, pues aquello molesta y altera directamente al poder económico, en otras palabras, a la elite chilena, el Poder por sobre el Poder.

Fueron traicionados. Medidas del todo insuficientes llevaron con los años a comprender que las cientos de marchas con “permiso” de la Intendencia (la autoridad), bonitas, creativas, coloridas, con batucadas y carros alegóricos, sumadas a promesas con letra chica, soluciones de parche, maquilladas, jamás iban a ser suficiente. Quienes fueron estudiantes en aquellos años hoy ya son adultos, algunos de sus dirigentes hoy son parlamentarios y a medias en Chile se logró una parcial cobertura gratuita para estudiar en una universidad pública, sin embargo el grueso de los estudiantes de varias generaciones, tuvieron que estudiar con el gran invento de la clase política que ha gobernado: el financiamiento a través del CAE, una fórmula crediticia que los deja endeudados en esclavitud con la banca por al menos 20 años, limitándoles la posibilidad de despegar en la vida.

Los jóvenes de hoy lo saben. Lo comprendieron rápidamente y ya no precisan medidas más, medidas menos o que les garanticen estudiar en un colegio que no se llueva en invierno, o como en el sur austral de Chile, en donde sin calefacción apenas resisten el frío, o en donde deben ver cómo entran entre 45 y 50 alumnos en una estrecha sala de clases.

Los jóvenes de hoy están conscientes de la precariedad laboral de sus profesores. A los jóvenes de hoy les recortaron las clases de filosofía, de educación cívica, el deporte e incluso de historia. ¡Esas clases no son un buen entrenamiento para producir mano de obra obediente! Ese es el paradigma al que se vieron enfrentados. Herramientas más, herramientas menos, los jóvenes de hoy están claros que el problema es la estructura, es de fondo y luego de forma, es el modelo, y han tomado su rol en la historia y como han replicado a los cuatro vientos, ellos no tienen miedo.

“Gracias valiente juventud”, dice el cartel que un anciano levanta cada tarde en la refundada Plaza de la Dignidad, epicentro de la protesta en Chile en el medio de Santiago.

Y los odian. El Poder los odia. Coyunturalmente se dio que confluyeron en el equipo metropolitano encargado de la “seguridad pública” o de asesorarla, un grupo de psicópatas ignorantes, y en el Ministerio de Educación también, enmarcados en la lógica de un equipo de gobierno ad hoc que mantiene la misma línea (o viceversa), ya que hoy, desde el Presidente de la República hacia abajo, han violado sistemáticamente los derechos humanos, ya sea por responsabilidad política en los hechos, como de forma directa por parte del aparato represivo policial, criminalizando la enorme, transversal e inédita movilización social del pueblo de Chile y en donde los estudiantes, jóvenes y niños han sido el mayor blanco de las agresiones estatales. Cinco organismos de Derechos Humanos internacionales han emitido informes que consolidan el hecho de que el gobierno ha cometido delitos de lesa humanidad y atropellos a los más variados derechos humanos, aunque en el discurso público intenten maquillar la realidad y garantizar el respeto a estos.

Las violaciones a los derechos humanos en Chile se siguen cometiendo a diestra y siniestra cada día, se han cometido por años en contra el pueblo Mapuche en el sur, y de forma masiva y sistemática contra la población chilena restante, manifestantes, periodistas, observadores de derechos humanos, bomberos, personal de salud voluntario, etc., en las diarias y variadas protestas que no han cesado desde el 18 de octubre del año recién pasado.

El derecho a levantarse en contra de un gobierno ilegítimo.

Marcando alrededor de un 5% de apoyo a su mandato en las encuestas serias no adscritas al oficialismo, Sebastián Piñera evidentemente ha perdido el apoyo incluso de su propio sector político. Se trata de un porcentaje que normalmente entra en la variable de “margen de error” de cualquier factor evaluado en un estudio estadístico. Plantea por lo tanto un problema grave de gobernabilidad y, junto con eso y más grave aún, de legitimidad.

Así también, estudios competentes de opinión pública arrojan que un 70% de los chilenos sigue optimista con las movilizaciones y más de un 80% apoya el estallido social y las demandas, pese a que el gobierno se las ha ingeniado para presionar a los medios de comunicación masiva tradicionales para dejar de cubrir manifestaciones, creando la idea en extranjero de que la crisis ya fue superada, y ha implementado un costoso y amplio plan comunicacional interno y externo que de cuenta de una suerte de “normalización virtual” del país, aumentando drásticamente los niveles de represión y violencia en contra de los ciudadanos que se congreguen en las calles a protestar en todo Chile.

A los estudiantes perseguidos, voceros de la ACES, y a los jóvenes en general, se les ha conminado a respetar a la autoridad y a la “institucionalidad vigente”, intentando establecer que no cumplir estas premisas son motivo de persecución penal y forzando que la desobediencia civil se encuadre como un atentado en contra de la “seguridad del Estado”. Es decir, para el gobierno, niños y jóvenes estudiantes son un peligro para seguridad de la Nación.

Lo cierto es que esta brutalidad descuadrada que el gobierno intenta establecer, y que de paso viola los derechos de la niñez y adolescencia, viola el derecho a manifestarse, viola la libertad de expresión y hasta el derecho a rebelión y que hoy suma una amarga lista de denuncias por violaciones a los derechos humanos que, entre otras, cuentan a su haber con torturas, detenciones ilegales, miles de heridos, mutilados, violaciones y abusos sexuales, etc., por parte de Carabineros (policía chilena), ha sido enfrentada por los jóvenes con claridad y extrema valentía.

“El llamado es claro, que no les tenemos miedo y que vamos a seguir organizándonos, que se entienda que si el modo es las querellas, se van a tener que querellar contra el pueblo en su conjunto, contra todos los territorios que han salido a las calles. El llamado es claro: es a la solidaridad, a la autodefensa y a continuar en las calles movilizándonos, organizando y no caer en su juego del miedo y su show mediático para reprimir a los estudiantes secundarios”, dijo Víctor Chanfreau.

Y si bien la credibilidad del gobierno y su legitimidad ya no es sustentable, y si bien ya la oportunidad de sentarse a conversar en una mesa no es viable porque de eso ya los estudiantes tuvieron por años sopa sin sal y palabras escritas a mano para luego ser borradas con el codo, y si bien el grueso del país está esperando que algo pase para que Piñera renuncie porque la crisis no da para más y cualquier camino imaginable de solución no puede ser conducido por él, justamente en el país que lo que se promete se cumple a medias y con letra chica o derechamente no se cumple, donde la alegría jamás llegó y en donde quienes más portazos en la cara han recibido han sido los estudiantes, Chile menos aún puede exigirle a Víctor Chanfreau que “respete la institucionalidad”.

¿Saben quién es Víctor Chanfreau? Cito a Pedro Matta Lemoine:

«¿Por qué Víctor Chanfreau debería sentir respeto por «la institucionalidad»? Víctor, a quien no tengo el agrado de conocer pero que cuenta con mi completo apoyo y solidaridad, ha sido elegido como blanco por el gobierno de Piñera, por su Ministra de Educación, por el Intendente de Santiago, y por parte importante de la casta política gobernante. Su culpa es haber llamado al boicot de la PSU y, contra todos los cálculos del gobierno, haber tenido un rotundo éxito.

Víctor es nieto de Alfonso Chanfreau, dirigente estudiantil universitario que desapareció en Colonia Dignidad en 1974, después de haber pasado por los centros de tortura de Londres 38 y de Villa Grimaldi. Uno de sus principales asesinos y torturadores fue Ricardo Lawrence Mires, coronel de Carabineros en retiro. Lawrence ha sido condenado por los tribunales de Justicia, con sentencia ejecutoriada, no sólo en el caso de Alfonso Chanfreau, sino que en el de decenas de otras víctimas de torturas, asesinatos, y desapariciones forzadas. Lawrence tiene a sus espaldas un largo y tenebroso recorrido por distintos centros de tortura de esa época: Rocas de Santo Domingo y Tejas Verdes, Rinconada de Maipú, Londres 38, Venda Sexy (jefe de cuartel), Villa Grimaldi, y la casa de exterminio de Simón Bolívar 8630 en la Comuna de La Reina.

Lawrence no solo torturó y asesinó a su abuelo, sino que no contento con eso también torturó y abusó de su abuela quien felizmente pudo sobrevivir.

Ricardo Lawrence Mires hace cinco años que se encuentra prófugo. «La institucionalidad» no ha sido capaz o no ha querido capturarlo. Es el agente de la DINA prófugo con el mayor prontuario e historial. Es más, Lawrence tiene el grado de coronel en retiro del Cuerpo de Carabineros, la misma institución que durante los últimos tres meses ha torturado, muerto, y mutilado a cientos de jóvenes como Víctor. Una institución que, en base a su historia y su registro, es perfectamente dable pensar que ha estado tras el apoyo logístico para que un ex alto oficial y miembro de ella siga evadiendo la justicia. Lawrence es la personificación de la impunidad, impunidad proporcionada por ESTA institucionalidad.

En este contexto, ¿Es posible esperar que Víctor Chanfreau sienta respeto y apego por ESTA institucionalidad? Yo creo que no, y me hago partícipe de su sentimiento.»

Los derechos humanos aplastados por una ley fascista.

Ya se presentaron 16 querellas contra 34 personas “con nombre y apellido”, según expresó el gobierno, por delitos de desórdenes, agresión a carabineros, barricadas, porte y lanzamiento de bombas molotov en el contexto de las dos jornadas de rendición de la PSU, además de “una denuncia por ley de seguridad interior del Estado” por incitación y promoción de la interrupción o afectación de un servicio de utilidad pública, en las últimas jornadas de movilización nacional estudiantil que dejó 320 detenidos según las cifras oficiales.

El gobierno de Sebastián Piñera y sus adherentes de derecha, así como funcionarios de las instituciones uniformadas bajo su mando, en el marco de los 80 días de revuelta social y su infinitud de acontecimientos, dramáticamente cruzados por las brutales violaciones a los derechos humanos, ha dejado salir a la luz cómo, luego de años de intentar limpiar su imagen y distanciarse de la lógica pinochetista para vestirse de demócratas luego de haber apoyado y haber usufructuado del régimen dictatorial, hoy manipulan la legislación vigente y los estamentos heredados de la dictadura para frenar la movilización social, perseguir a sus caras visibles y relativizar la violencia ejercida en la represión de tal forma de jugar la carta a la impunidad, pese a la robusta presión de organismos internacionales de derechos humanos por poner un alto a los atropellos hacia la ciudadanía y a las garantías universales.

Esta vez, la ley con la cual se quiere penalizar a los voceros de la ACES es una de estas herramientas que torcidas a fuerza intenta enmarcar las acciones que son propias del legítimo derecho a manifestarse, incluso del legítimo derecho a rebelión, como si se tratase de acciones que atentan contra la seguridad del Estado en la proporcionalidad de una guerra interna. Aún así, la misma cuestionada ley es tan opuesta a las garantías básicas universales, que dejan en jaque y cuestionan profundamente la supuesta naturaleza democrática del país y a los gobernantes que se atreven a utilizarla. Piñera funciona con la lógica de una dictadura de facto, amén de haber sido escogido para administrar una democracia.

Nadie con un mínimo de criterio podría enmarcar como un atentado punible equivalente a un acto terrorista que vulnere la seguridad de un país, el hecho de que un grupo de manifestantes corten una vía pública para tocar cacerolas y levantar una fogata. No ha pasado ni en Francia con la revuelta de los chalecos amarillos. Nadie con un mínimo de criterio gobernando un país, enviaría a 1.200 efectivos policiales a disparar balines con un 80% de plomo al cuerpo y en especial a la cara y pecho de un grupo de manifestantes que se toman una plaza pública. Hasta la ley en Chile estipula que no hay que pedir permiso para manifestarse, si bien cortar una calle no es legal, más bien es esperable en cualquier movilización social, especialmente masiva.

Pues bien, la Ley de Seguridad del Estado está redactada de tal forma que nada más leerla, quienes odian a los estudiantes y han sido encargados de la “seguridad pública” y el “orden público” en este gobierno han querido aplicarla innumerables veces porque “ahí dice que”, al pie de la letra. A esto me refiero cuando digo que los estudiantes y hoy todo el pueblo está a merced de una banda gobernante de descriteriados, porque evidentemente el cuerpo legal está sujeto o debiera estar sujeto al criterio de lo que dicta el título de la canción: ley de Seguridad Interior, ¿De qué?, pues del Estado. Es el Estado en su integridad global el que tiene que estar en peligro sustancial para ser aplicada la normativa, desde ya cuestionable en virtud de la normativa internacional y los derechos fundamentales, pero el Estado al fin y al cabo.

¿Acaso cortar una calle puede ser susceptible de considerarse un atentado a la seguridad nacional? No resiste análisis y todos lo sabemos. Pero a la autoridad le pican las manos por echar encima esta normativa al primero que ponga un pie bajo los marcos de la acera. Y de hecho ya lo ha hecho querellándose con esta ley contra decenas de presos políticos de la revuelta. Ahora va por los niños.

Escuchar a los personeros de gobierno perder la cabeza en su obsesión por el orden público no ha hecho otra cosa que recordarnos los negros tiempos de la dictadura militar, y para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos escuchar los descargos de los enviados de gobierno alegando por torniquetes rotos, incendios y barricadas y la interrupción del tráfico y transporte público casi sacó de las casillas a uno de los integrantes de la Comisión, quien les espetó que cómo podían centrarse el discursos de una lista de cosas materiales cuando lo que los convocaba el relato espeluznante de una lista y entidades competentes que daban cuenta de graves violaciones a los derechos humanos con muertos incluidos y adolescentes violadas, entre tantos otros horrores.

Comparto el contenido de la Ley de Seguridad Interior (LSE):

En su primer título, la LSE señala como delitos contra la soberanía nacional y la seguridad exterior del Estado la ofensa grave al sentimiento patrio o el de independencia política de la Nación, la propiciación oral o escrita de la incorporación de todo o parte del territorio nacional a un Estado extranjero, la ayuda a una potencia extranjera con el fin de desconocer el principio de autodeterminación del pueblo chileno y el relacionarse o recibir auxilios materiales de gobiernos, entidades u organizaciones extranjeras con el fin de ejecutar hechos penados como delitos. Consecuentemente, indica que cometen este tipo de delito quienes para cualquiera de los fines delictuosos señalados en las letras precedentes se colocaren en Chile al servicio de una potencia extranjera o se asocien en partidos políticos, movimientos o agrupaciones. Estos delitos serán castigados con presidio, relegación o extrañamiento menores en sus grados medio a máximo, imponiendo la sentencia condenatoria, además, la inhabilitación para cargos y oficios públicos y derechos políticos.

Seguidamente, en su título segundo, la Ley indica que cometen delito contra la seguridad interior del Estado quienes se alcen contra el Gobierno constituido o provocaren la guerra civil, y especialmente aquellos que inciten a la subversión del orden público o a la revuelta, resistencia o derrocamiento del gobierno constituido, incluyendo a quienes se reúnan con tales propósitos o a fin de conspirar contra la estabilidad del gobierno; los que inciten a las Fuerzas Armadas y/o de Orden y Seguridad, o a individuos pertenecientes a ellas, a la indisciplina, o al desobedecimiento de las órdenes del Gobierno constituido o de sus superiores jerárquicos; los que inciten, induzcan, financien o ayuden a la organización de milicias privadas, grupos de combate u otras organizaciones semejantes y a los que formen parte de ellas, con el fin de sustituir a la fuerza pública, atacarla o interferir en su desempeño, o con el objeto de alzarse contra los poderes del Estado o atentar contra las autoridades; los militares o policías que no cumplieren las órdenes superiores del Gobierno constituido, o retardaren su cumplimiento o procedieren con negligencia culpable; quienes propaguen o fomenten doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia el orden social o la forma republicana y democrática de gobierno; y quienes den noticias o informaciones tendenciosas o falsas destinadas a destruir el régimen republicano y democrático de Gobierno, o a perturbar el orden constitucional, la seguridad del país, el régimen económico o monetario, la normalidad de los precios, la estabilidad de los valores y efectos públicos y el abastecimiento de las poblaciones. Este último delito incluye a los chilenos que, encontrándose fuera del país, divulguen en el exterior tales tipos de noticias.

Luego, en su tercer título, la LSE señala que cometen delito contra el orden público quienes provocaren desórdenes o cualquier otro acto de violencia destinado a alterar la tranquilidad pública; quienes ultrajaren públicamente los emblemas nacionales de Chile (su bandera, escudo, el nombre de la patria o su himno nacional); los que inciten o de hecho destruyan, inutilicen, paralicen, interrumpan o dañen las instalaciones, medios o elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos o de actividades económicas, y los que impidan o dificulten el libre acceso a ellos; quienes inciten o de hecho destruyan, inutilicen o impidan el libre acceso a vías de uso público (como puentes, calles y caminos); quienes inciten o de hecho, envenenen alimentos, aguas o fluidos destinados. al uso o consumo públicos; quienes hagan apología o propaganda de doctrinas, sistemas o métodos que propugnen el crimen o la violencia como medios para lograr cambios políticos, económicos o sociales; quienes introduzcan al país, fabriquen, almacenen, transporten, distribuyan, vendan, faciliten o entreguen a cualquier título, o sin previa autorización escrita de la autoridad competente, armas de cualquier tipo para cometer alguno de los delitos penados en la LSE; y quienes soliciten, reciban o acepten recibir dinero o ayuda de cualquiera naturaleza, con el fin de llevar a cabo o facilitar la comisión de delitos penados en la LSE.

En su título cuarto, se indica que toda suspensión colectiva o huelga de los servicios públicos o en las actividades productivas, del transporte o del comercio producidos sin sujeción a las leyes y que produzcan alteraciones del orden público o perturbaciones en los servicios de utilidad pública o de funcionamiento legal obligatorio o daño a cualquiera de las industrias vitales, constituye delito y será castigado con presidio o relegación menores.

Finalmente, en el título que señala las facultades presidenciales respecto a la seguridad del Estado y al orden público, la LSE señala que en caso de conmoción interior podrá el Presidente de la República proponer de inmediato al Congreso la declaración de estado de sitio en uno o varios puntos del territorio nacional. También indica que en caso de paralización ilegal que cause grave daño en industrias vitales para la economía nacional, para la defensa nacional o para el abastecimiento de la población o servicios públicos, el Presidente de la República podrá decretar la reanudación de las faenas con la intervención de autoridades civiles o militares.

¿Democracia?

Esto es lo que está quedando a “criterio” de una derecha que se ha vuelto a develar como Pinochetista, en el discurso o en los actos. A este “criterio” estamos expuestos, y con este peligro, día a día, el pueblo chileno se está enfrentando en su grito al unísono por ¡Dignidad!

Sebastián Piñera le declaró públicamente la guerra al pueblo de Chile. Llenó las calles del país con tanques y militares. En su gobierno, en su mandato, se han cometido crímenes de lesa humanidad y hoy busca encarcelar estudiantes secundarios con las penas más altas que una ley profundamente cuestionada dispone, porque se opone a garantías humanas universales. Ha llenado las cárceles de presos y ha regresado a las calles el horror que ingenuamente creímos y cantamos “nunca más” por casi 30 años. No supera dos dígitos de apoyo y cosecha más de un 80% de rechazo y Chile se llenó de millones de ciudadanos gritando a todo pulmón “renuncia Piñera”, clarito, para el país y el mundo entero, a todo color y en HD.

El pueblo quiere un cambio profundo, estructural y quiere todo lo demás sin este gobierno y gobernante como líder. Piñera cruzó la línea de lo que es aceptable, tolerable, resistible. Y el pueblo no ha conseguido otra cosa que la más brutal y constante y cruel y cobarde represión de la cual tenga memoria desde los días más oscuros de la dictadura de Augusto Pinochet, de la cual aún no sabemos el destino de miles de detenidos desaparecidos, entre ellos el abuelo de Víctor Chafreau.

El derecho de rebelión, derecho de revolución o derecho de resistencia a la opresión es un derecho reconocido a los pueblos frente a gobernantes de origen ilegítimo o que teniendo origen legítimo han devenido en ilegítimos durante su ejercicio, que autoriza la desobediencia civil y el uso de la fuerza con el fin de derrocarlos y reemplazarlos por gobiernos que posean legitimidad.

Y el fascismo en Chile, está gobernando. Todos sabemos que de este viaje no hay regreso y La Bastilla va terminar cayendo. Pero con nuestros niños no. Eso sí que no. Nunca más.