La semana pasada se registraron intensos enfrentamientos en las calles de Guinea. La violenta represión del gobierno dejó al menos tres muertos y las elecciones legislativas que tendrán lugar el próximo 16 de febrero se ven con incertidumbre.

Ante el proyecto de reforma constitucional promovido por el presidente Alpha Condé, el lunes 13 de enero comenzaron una serie de movilizaciones ilimitadas convocadas por el Frente Nacional por la Defensa de la Constitución (FNDC), que está conformada por partidos políticos, sindicatos y miembros de la sociedad civil.

Si bien el gobierno niega las acusaciones, Human Rights Watch asegura que se está vulnerando la libertad de expresión y de reunión, y también alertan sobre el nivel de violencia ejercido por las fuerzas estatales.

En julio pasado la Asamblea Nacional le otorgó a la gendarmería una mayor capacidad represiva. Para HRW los crímenes cometidos en las movilizaciones no son investigados de la manera correcta y el gobierno no inspira confianza en su interés por frenar los estallidos de violencia.

Para Damantang Albert Camara, ministro guineano de la Seguridad y la Protección Civil, para quien el informe de HRW carece de seriedad y cita, a modo de ejemplo, que las manifestaciones no están prohibidas en su país, como expone el paper. Y asegura que en el últimos ocho años hubieron 530 movilizaciones en el país. De todas maneras declaró estar preocupado por los hechos ocurridos la semana pasada y que buscarán a los autores de las muertes.

Este martes por la mañana, Guinea debió comparecer frente al resto de países miembros de Naciones Unidas para revisar la situación de los derechos humanos en su territorio. Países como los Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, Canadá, Países Bajos o Bélgica se mostraron inquietos por los crímenes de la semana pasada y pidieron que se lleven adelante investigaciones imparciales. Eslovaquia, por su parte, advirtió sobre el peligro de la utilización de armas letales para controlar las manifestaciones opositoras.

El ministro de Justicia guineano, Mamadou Lamine Fofana, aseguró que los policías armados no pueden intervenir en las manifestaciones y deben mantener “una distancia razonable”, pero asumió que en vista de los hechos ocurridos se deberán extremar las medidas de seguridad.