Ya se están dando los primeros pasos del proceso constituyente, cuyo primer hito será el plebiscito en el próximo mes de abril. Los distintos actores están posicionándose y mostrando sus cartas. De momento no se observan grandes sorpresas.

El acuerdo alcanzado en noviembre último entre las distintas fuerzas políticas, tanto de derecha como de izquierda, se logró al amparo del estallido social desencadenado el 18 de octubre. Su momento álgido fue la marcha de más de un millón de personas convocada por una diversidad de organizaciones sociales, vía redes sociales, sin liderazgos convencionales ni padrinos políticos, y abrazando una larga serie de demandas de todo orden, expresivas de un malestar y enojo acumulados. De alguna manera, el acuerdo político posibilitó descomprimir la energía almacenada para su encauce institucional. Mientras se inicia el proceso constituyente, los poderes ejecutivo y legislativo intentan abordar las demandas sociales más potentes centradas en atender los agudos problemas existentes en educación, salud y pensiones.

La importancia del plebiscito se explica porque es primera vez que la ciudadanía tiene la oportunidad para pronunciarse electoralmente en torno a la constitución actual, que no obstante las múltiples reformas que ha acumulado hasta la fecha, tiene su génesis en 1980.

Mal que mal, la constitución vigente fue fraguada en plena dictadura, entre cuatro paredes, y validada mediante un proceso electoral sin garantía alguna para los sectores opositores. De hecho no existían siquiera registros electorales ni posibilidad alguna de fiscalización. Desde entonces, la constitución original ha experimentado diversos cambios, pero manteniendo incólume su estructura básica.

Han transcurrido ya casi 40 años desde entonces, por lo que parece razonable tener la oportunidad de pronunciarnos directamente si queremos o no una nueva constitución. Sería la primera vez que podríamos expresarnos colectivamente, de dilucidar un tema recurrente, zanjándolo definitivamente. Saludable para todos, tanto para quienes están más cerca de la derecha como de la izquierda, porque pone término a los cuestionamientos que ha tenido en estas casi cuatro décadas.

Si gana la opción rechazo, significa que se rechaza la elaboración de una nueva constitución, y por lo mismo, se opta por la continuidad de la constitución que nos rige. En consecuencia, legitima la constitución que tenemos, lo que no deja de tener un sentido positivo para sus adherentes. Así lo han entendido no pocos de ellos.

Si gana la opción apruebo, significa que se pone término a la actual constitución para iniciar un proceso conducente a disponer de una nueva, donde la ciudadanía pueda participar tanto en la elección de quienes tengan la responsabilidad de elaborar la nueva carta fundamental, como en el levantamiento de propuestas en el ánimo de que la nueva constitución sea un reflejo del país que queremos, de la forma en que nos organizamos, de los derechos que aspiramos consagrar. Su relevancia descansa en que se está tratando de la construcción de la constitución, llamada también la ley de leyes, esto es, la ley que enmarca las leyes que emergen del poder ejecutivo y legislativo.