Los vínculos del presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, con el Departamento de Estado y con la USAID, así como la participación como veedora de la OEA, cubren con un manto de sospechas las elecciones convocadas para el 3 de mayo. El proceso electoral puede ser usado para lavarle la cara a los sectores del poder que dieron el golpe de Estado. Opina: Stella Calloni.
por Héctor Bernardo para Contexto
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia anunció que el 3 de mayo de 2020 se realizarán las nuevas elecciones presidenciales. En las actuales condiciones, las elecciones parecen solo tener la intención de disfrazar de democrático el gobierno de facto que tiene como cara visible a la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez, al líder neofascista Luis Fernando Camacho, al exmandatario Carlos Mesa y al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro. Detrás de los alfiles locales, en una evidente estrategia de recolonización, el golpe tiene el claro sello del gobierno de los Estados Unidos.
Según señaló el diario argentino La Nación: «el canciller Felipe Solá y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, recibieron ayer en la Casa Rosada a una delegación del gobierno de Estados Unidos, que transmitió su malestar por la agenda pública que está desarrollando en la Argentina el expresidente de Bolivia Evo Morales».
En una clara muestra de su interés por sostener el gobierno de facto en Bolivia, y con enorme descaro, los enviados de la Embajada norteamericana declararon al derechista y conservador diario argentino: «Llamamos a la administración de Alberto Fernández a trabajar para garantizar que Morales no abuse de su estatus en la Argentina».
El rol que los golpistas pretenden atribuirle al TSE de Bolivia y las elecciones convocadas para el 3 de mayo parece ser solo el de lavarle la cara al gobierno de facto.
Tras el golpe de Estado del 10 de noviembre dado contra Evo Morales, el gobierno de facto destituyó y encarceló a los miembros del TSE. Luego se nombraron nuevas autoridades para el órgano. Autoridades que fueron presentadas por la prensa de derecha como garantía de transparencia, pero, como suele suceder en esos casos la propaganda oficial de las dictaduras, los dichos distan mucho de la realidad.
Un claro ejemplo de ello es el caso de Salvador Romero, designado como presidente del TSE por el gobierno de Áñez, quien aparece en varios cables revelados por WikiLeaks en los que queda expuesto su estrecho vínculo con el Departamento de Estado norteamericano y con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (conocida por sus siglas en inglés como USAID).
Es conocido el rol de la USAID (al igual que el de la Fundación Nacional para la Democracia – NED) como un organismo a través del cual los servicios de inteligencia norteamericanos (especialmente la Agencia Central de Inteligencia – CIA) canalizan fondos o ejecutan operaciones para desestabilizar los procesos populares o apoyar a sus títeres en el extranjero.
Los cables expuestos por WikiLeaks muestran cómo –al menos desde 2008– Salvador Romero tenía un estrecho vínculo con funcionarios de la Embajada norteamericana, cómo era promocionado en charlas contra el gobierno de Evo Morales auspiciadas por la USAID, y cómo había iniciado una campaña contra el Movimiento al Socialismo (MAS) para tratar de influir en los siguientes referendums y en las elecciones presidenciales.
Romero fue caracterizado como un ferviente militante contra la nueva Constitución de Bolivia que impulsó Evo Morales y fue el propio presidente boliviano quien por aquella época señaló que la entonces Corte Nacional Electoral (CNE) era un órgano subordinado a la Embajada de Estados Unidos –Romero había sido nombrado al frente de ese organismo en 2003 por el entonces presidente Carlos Mesa, otra de las figuras responsables del golpe del 10 de noviembre de 2019–.
En diálogo con Contexto, Stella Calloni, autora de libro Evo en la mira – CIA y DEA en Bolivia, sostuvo: «El gobierno de facto está depurando los padrones electorales de Bolivia. Esos padrones ya habían sido depurados. Todo indica que esta es una estrategia para sacar de los padrones a miles de indígenas que recientemente habían obtenido su documento de identidad y que se sabe apoyan al MAS. Además, se ha hecho circular muchísimo dinero para cooptar dirigentes y dividir al MAS».
«Se ha puesto en marcha la típica estrategia de Estados Unidos para destruir los procesos populares y fraguar elecciones. Una estrategia que intenta dar un maquillaje democrático a un gobierno títere», sostuvo.
Calloni remarcó que «esto ya pasó en Honduras, donde, después del golpe de Estado contra Manuel Zelaya, se dio un fraude tras otro fraude, todos comandados por Estados Unidos y avalados por el secretario general de la OEA, Luis Almagro». «También hubo una estrategia similar en Brasil. Allí, luego del golpe de Estado contra Dilma Rousseff, el presidente de facto Michel Temer convocó a elecciones en las que no solo se proscribió al principal candidato que era Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, sino que al estar todo el proceso electoral en manos de gobierno golpista no hubo ninguna garantía de transparencia y pudieron imponer al candidato que representa la continuidad del golpe, Jair Bolsonaro», aseguró.
La especialista sostuvo que «ahora el gobierno de facto de Bolivia convoca a elecciones, pero hay cables que muestran que la gente que Áñez impuso en el Tribunal Supremo Electoral responde directamente a la Embajada de Estados Unidos y sus organismos como la CIA y la USAID».
«Han preparado un típico escenario para el fraude a favor de los sectores que responden a Washington, por eso luego del golpe se repuso toda la estructura norteamericana en Bolivia, estructura que, en un acto de soberanía, había sido expulsada por el presidente Evo Morales», concluyó Calloni.
