El 3 de diciembre, un tribunal de Honduras condenó a los asesinos de la activista ambientalista Berta Cáceres a 50 años de prisión. Berta fue asesinada a sangre fría en 2016 por liderar la campaña contra la devastadora central hidroeléctrica Agua Zarca, que habría inundado el territorio del pueblo lenca a través de una gran represa.
Cuatro acusados identificados como autores físicos del asesinato de Berta han sido condenados a 34 años de prisión. Además, se pasaron 16 años y cuatro meses en el intento de asesinato de Gustavo Castro, un ambientalista mexicano que estaba en la casa de Berta y que sobrevivió a la emboscada.
Otros dos acusados, asociados con el constructor de la presa de Desa y un ex militar hondureño, fueron condenados a 30 años de prisión.
Berta Cáceres había fundado el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y denunciado la amenaza de la tala ilegal y las concesiones a empresas mineras en territorios indígenas.
Por supuesto, esto no es suficiente. Después de tres años, los nombres de las personas que ordenaron el asesinato de Berta siguen desaparecidos, pero al menos se ha roto el muro de la impunidad.
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Traducción del alemán por Sofía Guevara
